Suárez Rosero - Ecuador - Corte Interamericana de Derechos Humanos

Considerandos jurídicos de la resolución:
- Que mediante Resolución de 10 de julio de 2007 (supra Visto 6) la Corte decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los siguientes puntos pendientes de acatamiento: a) el pago de la indemnización correspondiente a Micaela Suárez Ramadán (punto resolutivo segundo de la Sentencia de reparaciones), y b) la investigación y sanción de las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos declaradas por la Corte (punto resolutivo sexto de la Sentencia de fondo).
- Que en cuanto al pago de la indemnización a Micaela Suárez Ramadán, el Estado informó que la Procuraduría General de Estado (en adelante la “PGE”) depositaría el dinero pendiente en un certificado de depósito en el Banco de Guayaquil e indicó que, tras haber mantenido contacto con los representantes de la víctima, quedaba a la espera de la información que le proporcionara el representante “a fin de coordinar cuestiones operativas, como el plazo de dicho certificado o quien representará a la menor para su apertura”.
- Que se estima que es necesario conocer información más detallada para evaluar el cumplimiento de la obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos del señor Suárez Rosero. En particular, considera necesario que las partes presenten información sobre los actos procesales adelantados para evaluar la responsabilidad de los funcionarios que participaron en el “Operativo Ciclón”, de las posibilidades que brinda el derecho interno para reabrir la investigación penal o disciplinaria tanto de los mencionados funcionarios como de los funcionarios judiciales respectivos, en el evento de que se acredite manifiesta negligencia en el impulso de las investigaciones. Asimismo, observa que es necesario contar con información sobre el derecho interno que permita analizar los alcances de la prescripción en el presente caso. Finalmente, estima necesario que el Estado responda a los interrogantes que le fueron planteados mediante nota de la Secretaría de 8 de diciembre de 2008 (supra Visto 10).
Puntos resolutivos:
- Convocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al representante de la víctima y sus familiares y al Estado del Ecuador a una audiencia privada que se celebrará en el LXXXIII periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, programado entre el 29 de junio y el 11 de julio de 2009, con el propósito de que la Corte obtenga información por parte del Estado sobre el cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento de la Sentencia de fondo y de la Sentencia de reparaciones y costas emitidas en el presente caso, y escuche las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes de la víctimas. La fecha específica y hora de dicha audiencia serán definidas oportunamente.
- Requerir a la Comisión Interamericana y al representante de la víctima y sus familiares que, a más tardar el 28 de mayo de 2009, presenten la información solicitada según el considerando 9 de la presente Resolución.

LIBERTAD RELIGIOSA E IGUALDAD


Caso "Asociación de Testigos de Jehová c/Consejo Provincial de Educación del Neuquén" (Resuelto el 26/2/02) 

En el caso "Asociación de Testigos de Jehová c/Consejo Provincial de Educación del Neuquén" la Corte Suprema rechazó el planteo formulado por esta Asociación que sostenía que una resolución provincial que obligaba a todos los maestros y alumnos, "cualquiera sea su religión", a respetar los símbolos patrios, violaba su libertad religiosa. Dicha norma tuvo como fundamento expreso la negativa de los testigos de Jehová a honrar estos símbolos y ya se había sancionado a algunos alumnos y maestros por no cumplirla. Incluso se había presentado una denuncia ante el INADI.

Sin embargo, para los jueces Petracchi, Maqueda, Lorenzetti y Belluscio, no podía cuestionarse que esta norma desconocía la libertad de cultos ya que este fundamento no se había incorporado al texto expreso de la misma. Esto implica que el planteo era abstracto -es decir, que no había una “verdadera controversia” para resolver- y que, por ende, no debía ser resuelto por la justicia. El juez Eugenio Zaffaroni no votó.

Sólo Highton de Nolasco votó a favor del planteo del grupo religioso. Sostuvo que la normativa en cuestión tiene un “neto corte segregacionista” ya que, al exigir un homenaje activo a los símbolos patrios, viola la libertad religiosa de los testigos de Jehová, garantizada por la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos. Además expresó que “los docentes testigos de Jehová con sus conductas de abstención pasiva respecto de los símbolos patrios, no provocan confusión en sus alumnos. Por el contrario, es el reconocimiento del pluralismo y la posibilidad de aceptar las creencias de los Testigos de Jehová [lo que] instruye a los menores sobre el respeto a las creencias de los demás”.

CASTIGO PENAL DE DICHOS DISCRIMINATORIOS

Caso “Yañez, M. s/ injurias”(Resuelto el 26/10/2004)

En el caso "Yañez" la Corte tuvo que decidir si una vecina que le había dicho a otra "se tienen que ir, vos sos una negra de mierda que no tendrías que vivir en un departamento... tienen que vivir en una tribu, que es el lugar de donde nunca deberían haber salido", podía ser juzgada por violar la ley antidiscriminatoria.

Hechos:
M. Ríos denunció penalmente a su vecina, M. Yañez acusándola de haberla injuriado. Según Ríos, los hechos que motivaron la denuncia serían los siguientes : Yañez aparentemente molesta por los ruidos originados en su vivienda, la habría increpado diciéndole “se tienen que ir, vos sos una negra de mierda que no tendrías que vivir en un departamento tienen que vivir en una tribu, que es el lugar de donde nunca deberían haber salido”. Por último, Yañez la habría amenazado con matarla a ella, sus hijos o nietos si es que no se mudaba.

Ríos consideró que estos dichos tenían base en que era chaqueña y de tez morena y que estas expresiones alentaban supuestas diferencias biológicas entre distintos grupos étnicos. Por ello, solicitó que al momento de condenar por la comisión del delito de injurias a Yañez se aplicara la agravante de pena prevista por la ley antidiscriminatoria. Esta norma en su articulo 2° establece que se eleva en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito “cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso” .

La jueza que recibió esta denuncia consideró que debía investigarla la justicia federal porque la ley antidiscriminatoria es una ley federal. Como la justicia federal entendió lo contrario, el caso llegó a la Corte Suprema para que determinara si esta ley era aplicable y si en consecuencia debía juzgar el caso la justicia federal.

Decisión de la Corte:
La Corte Suprema descartó la aplicación de la ley antidiscriminatoria respecto de los dichos de Yañez. Para la Corte, la ley no castigaba estos dichos porque éstos no tenían la capacidad para alentar o incitar a la persecución u odio contra Ríos a causa de su raza o nacionalidad. Así, concluyó que estas expresiones sólo eran un incidente aislado motivado en un problema de convivencia entre vecinos (Voto de los jueces Petracchi, Belluscio, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni y Highton).

Comentarios:
Esta decisión de la Corte Suprema puede ser criticada porque quita operatividad a la ley antidiscriminatoria. En efecto, la interpretación que la Corte efectúa del art. 2° de esta ley en el sentido de que éste sólo castiga las conductas que alientan o incitan al odio y persecución de una persona con motivo de su raza o nacionalidad implica desconocer que esta norma no sólo castiga estas conductas sino también toda aquella conducta delictiva que se realice por persecución u odio racial. Esto se comprueba con la lectura del artículo que establece dos hipótesis distintas de conductas prohibidas: cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

En el caso las expresiones referidas a Ríos, hacen referencia en forma agraviante a su raza, con lo cual, sí parecería procedente considerar que el delito de injurias aparentemente cometido en su perjuicio tienen base en odio o prejuicio hacia su origen étnico, lo que se encontraría castigado por la ley antidiscriminatoria.

La simplificación que la Corte hace de los hechos planteados por Ríos, implica desconocer el prejuicio racial contenido en las expresiones que ésta tuviera que soportar. De este modo, la decisión de la Corte, al circunscribir este agravante de pena para aquellos actos que tengan la capacidad de alentar o incitar al odio y persecución de una persona con motivo de su raza o nacional y excluyéndola para aquellos actos que teniendo origen esta discriminación no tengan la capacidad de producir ese resultado, limita de manera muy importante la protección penal contra actos discriminatorios.

CONTROL JUDICIAL DE LAS DECISIONES DEL SENADO DE LA NACION

En el caso "Moliné O'Connor" la Corte Suprema resolvió que es posible revisar judicialmente los procesos de juicio político seguidos contra los integrantes del máximo tribunal. En un fallo muy dividido, la mayoría de conjueces concluyó que Moliné O´Connor no había demostrado de forma nítida que se hubiesen violado sus garantías constitucionales. Esta sentencia adquiere especial relevancia porque es la primera ocasión en que se revisa el proceso de destitución de un juez de la Corte Suprema. En otra resolución vinculada con la misma causa, la Corte decidió que si bien el Senado de la Nación tenía facultades para suspender a Moliné O'Connor mientras durara el trámite del juicio político, no se justificaba privarlo del goce de sus haberes.

Caso “Moliné O’Connor” (Resuelto el 9/6/2004)

I . Pregunta que resolvióla Corte:

¿es posible revisar judicialmente el proceso de juicio político seguido contra los jueces de la Corte Suprema en cuanto al respeto del debido proceso?

Respuesta: SI

II. Pregunta que resolvió la Corte:

¿es posible suspender en su cargo al juez durante la sustanciación del juicio político?

Respuesta: NO

III. Pregunta que resolvió la Corte: ¿es posible suspender el goce de haberes al juez durante la sustanciación del juicio político?

Respuesta: NO

Hechos del caso:
El juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor fue destituido por el Senado de la Nación el 3 de diciembre de 2003, por la causal de mal desempeño en el ejercicio de su función. La acusación se basó en distintos cargos por su actuación en los casos “Meller”, “Magariños”, y “Macri”, que se presentan sintéticamente más adelante.

Al respecto, se aclaró que el motivo del juicio era la conducta previa al dictado de esos fallos, que habría inspirado un desvío en el ejercicio de sus atribuciones, y no el contenido de sus sentencias. Más allá de la defensa que Moliné O´Connor alegó en forma particular sobre cada cargo, en forma general negó que existiera en la Corte una “mayoría automática menemista” -que él supuestamente integraba- y enumeró las razones por las que consideraba que el juicio político era inconstitucional. Así, dijo que se estaba desconociendo la independencia de los jueces; criticó que se lo enjuiciara sólo a él por sentencias en las que había votado junto con otros magistrados; denunció prejuzgamiento por parte de quienes lo acusaban e impugnó la decisión del Senado de suspenderlo sin goce de haberes durante la sustanciación del proceso, por ser ésta una medida contraria a la Constitución.

En este sentido, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestó públicamente su preocupación por el modo en que se llevó a cabo el juicio político. La institución sostuvo que fue iniciado a pedido del Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, por lo que se había vulnerado la división de poderes. También argumentó que el hecho de que la esposa del presidente, Cristina Fernández de Kirchner, en su calidad de senadora, dirigiera el proceso contra Moliné desvirtuaba la imparcialidad que debe imperar en todo tribunal de juicio.

Los cargos contra Moliné O’Connor
En total, a Moliné O’Connor se le formularon nueve cargos, tres por cada una de las mencionadas causas -“Meller”, “Magariños” y “Macri”- en las que intervino con su firma. Finalmente, sólo fue destituido por dos cargos correspondientes a la primera sentencia.


I. Causa “Meller”
El Tribunal Arbitral de Obras Públicas había confirmado la decisión de la entonces interventora de ENTEL, María Julia Alsogaray, de abonar una importante suma de dinero a la empresa “Meller SA”, cuando estaba probado que no se le debía nada. El ente liquidador de ENTEL presentó un recurso ante la Corte Suprema, pero ésta lo rechazó.

Moliné O’Connor, junto con Nazareno, Boggiano, Vázquez y López, había decidido, aplicando una conocida jurisprudencia de la Corte, que la resolución no era revisable y que, además, no había mediado arbitrariedad en el fallo del Tribunal Arbitral de Obras Públicas. Por su parte, los jueces Petracchi, Fayt y Belluscio fallaron en sentido contrario respecto de cada una de estas cuestiones.

Los cargos contra Moliné O’Connor en relación con este caso fueron:
1. Haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento.Aprobado: 45 a favor, 19 en contra .

2. Haber renunciado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad.Aprobado: 45 votos a favor, 19 en contra.

3. Haber negado incorrectamente al Estado la revisión judicial de esta resolución que ilegítimamente perjudicaba su patrimonio, soslayando para ello el tratamiento de los planteos del recurso y la existencia de la denuncia penal formulada respecto de esta orden de pago por la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción.Rechazado: 36 a favor, 28 en contra.

En líneas generales, Moliné O’Connor se defendió de estos cargos alegando que existía jurisprudencia de la Corte Suprema que confirmaba la imposibilidad de revisar judicialmente las decisiones de los tribunales arbitrales.

II. Causa “Magariños”
Un ciudadano argentino formuló una denuncia ante la CIDH por haber sido detenido arbitrariamente. El juez Mario Magariños, en su condición de experto en derecho penal, emitió un dictamen favorable al denunciante. En razón de ello, la Corte Suprema, con el voto de los jueces Moliné O’Connor, Nazareno, López, Vázquez y Belluscio, sancionó a este magistrado.

Los cargos contra Moliné O’Connor en relación con este caso fueron:
1. Haber dictado una resolución manifiestamente inconstitucional.Rechazado: 3 votos a favor, 61 en contra.

2. Haber ejercido la atribución de sancionar a un juez sin competencia para ello y haber invadido las facultades constitucionalmente asignadas al Consejo de la Magistratura. Rechazado: 35 votos a favor y 29 en contra.

3. Haber violado la libertad de expresión y el derecho a la opinión científica y de la independencia de los jueces del Poder Judicial de la Nación. Rechazado: 35 votos a favor, 19 en contra.

En líneas generales, Moliné O’Connor se defendió alegando que una acordada establecía que la Corte tenía competencia para sancionar a los magistrados y que Magariños había actuado en forma incompatible con su calidad de funcionario juez.

III. Causa “Macri”
En este caso, donde se investigaba a la empresa Sevel por el contrabando de 1.193 automotores, se había absuelto a los imputados por aplicación del instituto de la “cosa juzgada”. Ante esa resolución, el fiscal de la Cámara Nacional de Casación Penal interpuso un recurso extraordinario, que fue rechazado por la Corte Suprema con el voto de los jueces de la llamada “mayoría automática”: Moliné O’Connor, Boggiano, Nazareno, López y Vázquez.

Los cargos contra Moliné O’Connor en relación con este caso fueron:
1. Haber obstruido la investigación penal. Rechazado: 5 votos a favor, 59 en contra.

2. Haber causado un grave perjuicio al Estado Nacional que se vio privado de percibir los debidos tributos aduaneros y/o ejecutar las multas tributarias penales y/o decomisos. Rechazado: 3 votos a favor, 62 en contra.

3. Forzar la interpretación del principio de cosa juzgada, ya que no existía entre las causas identidad en los hechos, ni en los bienes jurídicos involucrados, ni en las pretensiones punitivas, beneficiando a un grupo económico. Rechazado: 16 votos a favor, 48 en contra.

En líneas generales, Moliné O’Connor alegó en su defensa que el recurso había sido correctamente rechazado por no satisfacer los requisitos de admisibilidad -es decir, por cuestiones formales- y que no existía un perjuicio económico para el Estado ya que el titular de la firma Sevel, el empresario Macri, había abonado todo lo que adeudaba en materia de impuestos

Decisión del Senado
El 3 de diciembre de 2003, tras una deliberación secreta de tres horas y media, el Senado, en sesión pública y por voto nominal, destituyó a Moliné O’Connor por mal desempeño en el ejercicio de su función. Como se dijo, sólo prosperaron dos de los nueve cargos formulados en su contra, y ambos estaban vinculados con el caso “Meller”.

Tampoco prosperó la solicitud de inhabilitación para ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación.

Dos meses atrás, el 8 de octubre de 2003, el Senado había suspendido al juez de su cargo sin goce de haberes. Finalizado el juicio político que culminó con su destitución, Moliné O’Connor manifestó públicamente que llevaría el caso ante la Corte Suprema y ante la CIDH.

Planteo de Moliné O’Connor y discusión en el Senado
De esta forma, a fines de diciembre de 2003, su defensa técnica interpuso un recurso extraordinario contra el fallo del Senado. Para intentar probar la parcialidad del mismo, pidió a la Cámara de Diputados que informara si le había iniciado juicio político a los jueces Boggiano y Vázquez, que habían votado en forma conjunta con él en la causa “Meller”. Argumentó que el proceso en su contra era inválido, entre otras razones, por haberse violado su garantía de defensa en juicio; haberlo destituido por el contenido de sus sentencias; no haber acusado a los jueces que votaron junto con él en el caso “Meller”; y no haber fundamentado adecuadamente la destitución. Por ello, solicitó a la Corte que anulara la decisión del Senado y que también reviera la resolución por la cual ese cuerpo lo había suspendido de su cargo y del goce de sus haberes.

En su dictamen, la Comisión de Asuntos Constitucionales aconsejó al Senado que no concediera este recurso extraordinario, por considerar que la destitución ordenada por los legisladores no podía ser revisada por el Poder Judicial. La postura de la senadora Vilma Ibarra (Frente Grande, Ciudad de Buenos Aires) -compartida por otros dos miembros de la Comisión: los senadores Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) y Ernesto Sanz (UCR, Mendoza)- fue que el Senado tiene la decisión exclusiva en materia de juicio político ya que, de lo contrario, la Corte se controlaría a sí misma, perdiendo todo sentido el sistema de división de poderes y controles recíprocos. Por su parte, los senadores Adriana Negre de Alonso (PJ, San Luis), Jorge Yoma (PJ, La Rioja) y Marcelo Guinle (PJ, Chubut) también acordaron con que la resolución era irrevisable judicialmente, y agregaron que no correspondía conceder el recurso porque durante todo el proceso se había respetado el derecho de defensa en juicio de Moliné O´Connor.

En oposición, el senador Eduardo Menem (PJ, La Rioja), quien había votado en contra de la destitución de Moliné, dijo que si bien el juicio político es en principio una cuestión política, también es un proceso en el que deben respetarse las garantías pertinentes. Y que en el caso concreto de Moliné O´Connor se había vulnerado su derecho de defensa, lo que justificaba la intervención de la Corte Suprema.

El 24 de febrero de 2004, el Senado discutió y aprobó el dictamen de la Comisión, por lo que no se concedió el recurso extraordinario. Dado que la votación no fue nominal, se desconoce la posición de cada senador. Tampoco es posible averiguar si hubo coincidencias entre quienes se opusieron a la destitución de Moliné O´Connor y quienes votaron contra la concesión del recurso. En la versión taquigráfica sólo se dejó constancia de la postura del senador Menem, quien se manifestó a favor de la revisión judicial de la decisión senatorial.

Finalmente, Moliné O´Connor se presentó directamente ante la Corte Suprema, solicitándole que declarara la nulidad de su destitución por parte del Senado. También le requirió que, hasta tanto resolviera sobre el fondo del planteo, dictara una medida cautelar que impidiera al Poder Ejecutivo y al Senado nombrar un juez en su reemplazo. Y por último, le pidió que dejara sin efecto la suspensión del cargo y del goce de sus haberes.

Decisión de la Corte
Al máximo tribunal se le plantearon tres cuestiones vinculadas entre sí. La primera, si el Senado tenía la facultad de suspender al juez y, en ese caso, si la había ejercido correctamente. La segunda, si el Senado podía dejar en suspenso el cobro de sus haberes y si ello estaba justificado. La tercera -y más relevante-, si la Corte podía revisar la decisión del Senado, y de ser así, en qué aspectos y con qué alcance. Una respuesta afirmativa a esta última pregunta llevaría a responder también si en el caso concreto de Moliné O’Connor se había vulnerado su derecho de defensa y la garantía del debido proceso.

Todos los jueces de la Corte se excusaron de intervenir en la resolución del caso por haber sido colegas del magistrado destituido. Por ello, el máximo tribunal estuvo integrado por conjueces elegidos entre los miembros de las Cámaras Federales.

I. Suspensión en el cargo (Sentencia del 9 de junio)
Respecto de esta primera cuestión, Moliné O’Connor dijo en su favor que la Constitución no autorizaba al Senado a suspender al juez y menos a privarlo de su remuneración. Solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 9° del reglamento interno del Senado, que ilegítimamente le otorgaba esa facultad.

En un voto muy dividido -5 a favor y 4 en contra-, la mayoría de conjueces resolvió que el Senado tenía facultades para suspender al juez de la Corte mientras se sustanciaba el proceso del juicio político, en tanto esa medida no se prolongara indefinidamente, sino que abarcara un lapso temporal razonable. (Voto de los conjueces Gustavo Mithchel Wagner, Jorge Oscar Morales -según su voto-, Ernesto Clemente Wayar, Mirta Delia Tyden de Skanata, Javier María Leal de Ibarra. En disidencia: Román Julio Frondizi, Arturo Pérez Petit, José Alejandro Mosquera, Hugo Rodolfo Fossati)

Afirmaron que aun antes de la última modificación de la Constitución, era práctica admitida que el Senado suspendiera a los jueces sometidos a juicio político, y que aquella facultad se utilizó en varias ocasiones. Agregaron que el constituyente de 1994 no la prohibió, de lo que se desprendía que la había confirmado. A su vez, argumentaron que es facultad de cada una de las Cámaras del Congreso dictar su propio reglamento interno y que, mientras no se trate de acciones expresamente prohibidas, corresponde al Senado -sin la injerencia de los otros poderes- decidir qué atribuciones puede o debe ejercitar durante el trámite de juicio político.

Los conjueces que votaron en disidencia dijeron que el Senado no podía suspender a los jueces de la Corte durante la tramitación del juicio político, ya que la Constitución no le otorga aquella facultad en forma explícita ni implícita. A su vez, alertaron sobre el riesgo de que los senadores abusaran de ese poder en detrimento del Poder Judicial, y concluyeron que debía declararse la inconstitucionalidad del reglamento del Senado que disponía esta atribución.

II. Suspensión en el goce de haberes
Sobre la cuestión de la suspensión en el cobro de los haberes, los nueve conjueces estuvieron de acuerdo en que aquella medida era ilegítima. Dijeron que era innecesaria y excesiva por ir más allá de lo institucionalmente indispensable. Asimismo, entendieron que no guardaba relación con la decisión definitiva y que privaba a Moliné O’Connor de sus haberes con el solo fin de sancionarlo. Agregaron que se trataba de una grave sanción al imposibilitarle obtener otro ingreso, ya que , mientras dura el proceso, el juez mantiene las incompatibilidades que surgen de su cargo. También consideraron que las remuneraciones tienen carácter alimentario, y que al suspenderse el pago de todos los rubros salariales se lo estaba privando de la cuota mínima de subsistencia, tanto para él como para su familia.

III. Destitución de Moliné O’Connor
Como se dijo anteriormente, Moliné O´Connor fue destituido por la causal de mal desempeño en el ejercicio de su función, por haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento y renunciado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad. Estas dos causales estaban vinculadas con su voto en el caso “Meller”.

En su presentación ante la Corte Suprema, Moliné O’Connor se declaró agraviado tanto por supuestas irregularidades sucedidas en la Cámara de Diputados como por la actuación del Senado en su calidad de Tribunal de Enjuiciamiento. Alegó que se había desconocido su derecho de defensa, porque la Comisión de Juicio Político del Senado le había fijado un plazo arbitrario -sólo cuatro días y medio- para presentar su descargo. Recordó que cuando en 2002 estuvo sometido a ese mismo proceso, le habían otorgado quince días hábiles para hacerlo. También fundó su reclamo en que se le formularon cargos sobre la base de documentos que nunca pudo ver y que se rechazó arbitrariamente la mayoría de la prueba que él presentó. De los 55 testigos ofrecidos por Moliné, sólo se aceptaron siete.

Los nueve conjueces concordaron en que las decisiones del Senado son revisables judicialmente cuando se alega una real violación del derecho de defensa o de las garantías del debido proceso. Asimismo, afirmaron una vez más que la revisión judicial del proceso no puede implicar el reexamen de la solución de fondo, que es exclusiva facultad del cuerpo político. En este sentido, la sentencia sólo es novedosa en tanto es la primera que extiende el criterio de los mencionados casos “Nicosia” y “Brusa” a los jueces de la Corte Suprema.

En cambio, sí hubo diferencias de criterio entre los conjueces respecto de si en el caso concreto efectivamente se había violado el derecho de defensa de Moliné O´Connor y los principios del debido proceso. Cinco fallaron en contra de los planteos del juez destituido. Consideraron que si bien en el juicio político se deben respetar los mismos requisitos que en los procesos judiciales ordinarios, no se debe ser tan exigente con las formalidades procesales. Por ello, concluyeron que no se había violado su derecho de defensa, en tanto Moliné O’Connor había tenido oportunidad de ser asistido legalmente, contestar las acusaciones, ofrecer pruebas y alegar. Estimaron que, pese al escaso tiempo otorgado, el juez destituido había contestado todas las acusaciones en un escrito de 233 páginas. También afirmaron que las impugnaciones realizadas no tenían la entidad suficiente para considerar probado, en forma nítida y concluyente, que se violaron aquellas garantías. (Voto de los conjueces Wagner G. Mitchell, Jorge O. Morales, Ernesto C. Wayar. Según su voto: José A. Mosquera, Javier M. Leal de Ibarra y Mirta D. Tyden de Skanata. En disidencia: Roman J. Frondizi, Arturo Pérez Petit y Hugo R. Fossati)

Para la disidencia, la decisión del Senado debía ser dejada sin efecto. El principal argumento fue que las dos causales que sirvieron a los senadores para tener por configurado el mal desempeño de Moliné O’Connor estaban exclusivamente relacionadas con el contenido de una sentencia. Por lo tanto, la invalidez del fallo del Senado se funda en que éste no tiene facultades para destituir a un juez por ese motivo. De lo contrario, se violaría el principio de división de poderes, se afectaría la independencia del Poder Judicial y la libertad de criterios de los jueces. Por último, estos conjueces consideraron que el cuestionado voto en “Meller” se apoyaba en una clara línea de jurisprudencia de la Corte, y que en el desarrollo de la causa no se habían presentado argumentos que justificaran apartarse de ella.



POSIBILIDAD DE REVISAR JUDICIALMENTE LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Caso “Bravo, A. P.  c/ integrantes de la Cámara Nacional Electoral”(Resuelto el 17/03/2004)

En el caso "Bravo" una Corte integrada totalmente por conjueces resolvió que no podía rever la decisión del Consejo de no acusar ante el Jury a los jueces denunciados por Bravo. Dijo que aquella era una cuestión política que no podía quedar a criterio de los jueces, sino supeditada a la sana discreción del órgano constitucionalmente facultado para ello: el Consejo de la Magistratura.

Hechos:
El ex diputado A. P. Bravo denunció a los tres integrantes de la Cámara Nacional Electoral ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en el ejercicio de sus cargos. 

El motivo fue el fallo de aquel Tribunal que dio por vencedor a G. Béliz en la disputa que mantenía con él por la tercera banca de senador por la Ciudad de Buenos Aires. 

El Consejo examinó el caso y resolvió archivar las actuaciones por no encontrar mérito suficiente para acusarlos ante el Jury.

Frente a esta negativa, Bravo llevó el caso a la Corte Suprema. Adujo que la decisión representaba un ejercicio irregular de las facultades que la Constitución le otorgaba al Consejo y una invasión de las atribuciones de otro órgano: el Jury. Por ello, la resolución debía ser revisada judicialmente. Recordemos que el Consejo es el encargado de formular acusaciones en contra de los magistrados del Poder Judicial nacional, mientras que el Jury es el órgano facultado para juzgarlos.

Decisión de la Corte:
Una Corte Suprema íntegramente compuesta por conjueces entendió, sobre la base de argumentos formales, que no podía revisar la decisión del Consejo de no acusar y archivar la causa en contra de los magistrados de la Cámara Electoral. 

Para el máximo tribunal, el Consejo no tiene funciones jurisdiccionales, sino un poder relativamente discrecional para evaluar -con prudencia y responsabilidad, pero empleando valoraciones de tipo político- si existe una situación que justifique formular acusación contra un juez. 

Esta atribución le está dada por la Constitución y se encuentra exenta del control judicial. De lo contrario, afirmó la Corte, el Poder Judicial estaría invadiendo facultades propias del Consejo.

Además, los conjueces destacaron que en los casos en los que se habilitó el control judicial de un juicio político, siempre fue en favor del enjuiciado por una violación a su defensa en juicio, y no en su contra. Asimismo, esta resolución conforma el criterio jurisprudencial de que en los procesos de juicio político, la revisión judicial sólo se aplica a los jurados de enjuiciamiento o al Senado de la Nación cuando actúa en carácter de Tribunal, pero no al Consejo o la Cámara de Diputados que son, respectivamente, los encargados de acusar a los jueces.

La trascendencia de este fallo reside en que es la primera vez que la Corte resuelve sobre la improcedencia de revisar la decisión del Consejo de no acusar a un juez. Así, reafirma el margen de independencia que tiene el Consejo de la Magistratura en el diseño institucional, y el carácter político de las decisiones que adopta.

PUBLICIDAD OFICIAL COMO FORMA DE CENSURA INDIRECTA (III)

Caso “Editorial Río Negro S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción de amparo” (Resuelto el 5/09/07)

La Corte condenó a la provincia de Neuquén por el retiro de publicidad oficial del diario Río Negro y ordenó a que presente en 30 días un plan de distribución de la pauta publicitaria que no sea discriminatorio.

Hechos:
Una editorial de Río Negro publicó una información relativa a una supuesta maniobra para permitir el tratamiento de las ternas propuestas por el gobernador provincial, Jorge Sobisch, para cubrir las vacantes que existían en el Superior Tribunal de Justicia con abogados de su confianza. 

El Gobierno de esta provincia decidió reducir la publicidad oficial en ese medio de prensa. La editorial interpuso una acción de amparo para que cesara en el hecho de privarlo de las pautas de publicidad oficial contratada por la mencionada provincia y se le restituyera la distribución que normalmente se le atribuía para su publicación en el diario.


Decisión de la Corte:
La Corte consideró que el comportamiento del gobierno provincial configuraba un supuesto de presión que lejos de preservar la integridad del debate público lo había puesto en riesgo, afectando injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa. 

Sostuvo que el Gobierno debe evitar las acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que lleguen indirectamente a ese resultado. 

Para acreditar este hecho, remarcó, no es necesario que exista la asfixia económica o el quiebre del diario. 

Afirmó que, si bien no hay un derecho por parte de los medios a obtener una determinada cantidad de publicidad oficial, sí existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos. 

Si el Estado opta por no dar publicidad, debe cumplir con dos criterios constitucionales. 

En primer lugar, no puede manipular la publicidad, dándola o retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios. 

En segundo lugar, el Estado no puede valerse de la pauta como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión. Finalmente, consideró que el gobierno neuquino había incurrido en un ejercicio irrazonable de facultades discrecionales al no haber acreditado una causa justificada para la interrupción de la publicidad. 

Afirmó que en casos como éste, donde está en juego la afectación de derechos fundamentales, es el Estado quien tiene la carga de probar la existencia de motivos suficientes que justifiquen su decisión de negarla.

Por estos motivos, resolvió condenar a la provincia de Neuquén por el retiro de publicidad oficial del diario Río Negro y ordenar a que presente en 30 días un plan de distribución de la pauta publicitaria que no sea discriminatorio (voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Zaffaroni y Fayt — éste último hizo su propio voto. Los Dres. Petracchi, Maqueda y Argibay votaron en disidencia).

Los Dres. Petracchi y Argibay consideraron que la editorial no había logrado acreditar que la disminución de la publicidad oficial había producido un deterioro en su estructura económico-financiera.El juez Maqueda sostuvo que el artículo 32 de la Constitución Nacional dispone que el Congreso debe abstenerse de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, pero que no establece un derecho explícito o implícito de los medios de prensa a recibir fondos del Estado.

OPINIONES SOBRE FUNCIONARIOS PUBLICOS

Caso "Patitó, J. Á. y otro c/ Diario La Nación y otros" (Resuelto el 24/06/08)

En esta sentencia, la Corte Suprema sostuvo que cuando una noticia sobre funcionarios, figuras públicas o particulares que intervinieran en cuestiones de esa índole, tuviera afirmaciones falsas o inexactas, sólo será reprochable si quien la emitió conocía su falsedad u obró con notoria despreocupación por su veracidad.

Hechos:
Dos integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación demandan al diario La Nación y a un periodista por el daño que sostenían haber sufrido por diversas notas periodísticas y una nota editorial, en las que se cuestionaba su desempeño profesional, todo lo cual había lesionado su derecho a la intimidad y al honor. 

La demanda fue admitida en primera y segunda instancia contra el diario y rechazada contra el periodista, por lo que el fallo se refirió solamente al contenido de la nota editorial.

Decisión de la Corte:
La Corte recordó, como lo había sostenido reiteradamente en fallos anteriores, que la libertad de prensa es una de las que posee mayor entidad dentro de un sistema democrático.

De acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el tribunal a través de los años, las opiniones, críticas, ideas, juicios de valor referidos a cuestiones públicas -de los cuales no podría predicarse verdad o falsedad- pueden estar sujetos a escasas limitaciones, puesto que de otra manera se impediría la existencia de un proceso de discusión indispensable para el mejoramiento de las cuestiones públicas.

En cambio, respecto de las manifestaciones de la prensa referidas a hechos -es decir, informaciones-, ellas pueden resultar lesivas para el honor o la intimidad de una persona. 

Para estos casos se ha desarrollado la doctrina de la real malicia, la cual contempla la existencia de casos en los que se ha afirmado un hecho falso y lesivo para el honor a pesar de lo cual -y contrariando las reglas generales del derecho civil en materia de reparación de daños- no se genera la obligación de reparar. 

De acuerdo con el estándar establecido por esta doctrina entonces, sólo las afirmaciones falsas hechas con conocimiento o con desconsideración temeraria generan el deber de indemnizar, siendo la persona que se considere afectada la que debe probar tales circunstancias.

En este caso, la Corte Suprema llegó a la conclusión de que el editorial publicado por el diario demandado había tenido la finalidad de manifestarse sobre el funcionamiento de un organismo público y que lo había hecho tanto por medio de opiniones como de afirmaciones fácticas.

Consideró el tribunal que, en el marco del debate público sobre temas de interés general, las expresiones que consistan en opiniones no dan lugar a la responsabilidad civil ni penal, ni siquiera cuando son expresadas ardorosamente, pues son necesarias para el debate público en una sociedad democrática. 

Respecto de las aseveraciones fácticas, de acuerdo con su jurisprudencia, es aplicable la regla de la real malicia.

Por ese motivo, la Corte entendió que, la Cámara de Apelaciones, en su fallo, debió limitarse a constatar si los demandantes habían demostrado que el diario supo o debió saber que los hechos afirmados en su editorial podían ser falsos.

Concluyó que al no haber aportado los actores elementos que permitieran acreditar que el diario conocía la falsedad de los hechos afirmados en su editorial, el mismo no generaba responsabilidad. Por eso, entendió que el fallo de Cámara había constituido una indebida restricción a la libertad de expresión, razón por la que decidió revocarla y rechazar la demanda interpuesta por los integrantes del cuerpo médico forense.

INMUNIDADES DE LOS LEGISLADORES POR SUS DICHOS EN LA PRENSA

Caso “Cossio, R. J. c/ Viqueira H.” (Resuelto el 17/02/2004)

En el caso "Cossio" la Corte Suprema resolvió que las inmunidades reconocidas a los legisladores en el artículo 68 de la Constitución Nacional se extienden a los dichos emitidos por medio de la prensa

Hechos:
El ex director de la Dirección General Impositiva (DGI) R. J. A. Cossio demandó por daños y perjuicios a H. Viqueira, diputado y miembro de una comisión parlamentaria investigadora de contrataciones entre el Estado e IBM. 

Siendo diputado, Viqueira había acusado a Cossio, a través de diversos medios periodísticos, de manejos irregulares de fondos públicos en la adquisición de sistemas informáticos.

Cossio sostenía que el legislador había excedido el marco de protección funcional acordado por el art. 68 para los legisladores en la expresión de opiniones y discursos fuera del ámbito físico propio del Congreso. 

El ex director de la DGI estimó que, con ello, se había lesionando su honor y su derecho a la intimidad.

Decisión de la Corte:
La inmunidad reconocida a los legisladores por el artículo 68 de la Constitución se extiende a las publicaciones por la prensa (Voto de los jueces Petracchi, Boggiano, Vazquez, Belluscio, Maqueda y Fayt). 

El máximo tribunal consideró que resulta indistinto el medio por el cual se emita la opinión, siempre que ésta se relacione íntimamente con el desempeño de la función de legislador. 

Ello se cumplía en este caso particular, pues las declaraciones de Viqueira se vinculaban directamente con su labor en la Comisión investigadora de aquellos contratos.

INMUNIDADES DE LOS MINISTROS DEL PODER EJECUTIVO


Audio resumen mp3. Fallo Cavallo.


Resumen del fallo Cavallo.

En el caso "Cavallo" la Corte Suprma resolvió que las inmunidades reconocidas a los legisladores en el artículo 68 de la Constitución Nacional, también amparan a los Ministros del Poder Ejecutivo cuando acuden al Congreso

Caso “Cavallo, D. F. s/ recurso de casación” (Resuelto el 19/10/2004)

Hechos:
Los días 23 y 24 de agosto de 1995, el entonces Ministro de Economía, D. F. Cavallo, concurrió a la Cámara de Diputados de la Nación a informar a los legisladores sobre distintos aspectos vinculados al régimen de Correos. 

En aquellas sesiones, denunció la existencia de presuntas mafias vinculadas a las empresas que prestaban el servicio. Por ello, el presidente y vicepresidente del directorio de la empresa OCA promovieron una querella por calumnias e injurias en su contra.

Por primera vez, la Corte debió decidir si la inmunidad de opinión otorgada por la Constitución a los legisladores podía hacerse extensiva, y con qué límites, a los Ministros del Poder Ejecutivo. 

El máximo tribunal consideró que la interpretación de esta garantía debía realizarse a la luz de las relaciones que existen entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en el proceso de formación y sanción de las leyes.

De acuerdo con nuestro sistema constitucional, existen mecanismos de colaboración entre el Poder Legislativo y los ministros. Así, cada una de las cámaras puede convocar a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones o informes sobre determinado tema . Y a la vez, los funcionarios tienen la facultad de concurrir al Congreso y participar en los debates sin derecho de voto . De este modo, el ministro, si bien actúa como funcionario del Poder Ejecutivo, lo hace contribuyendo con una labor específicamente legislativa.

Decisión de la Corte:
La Corte estimó que no correspondía imputarle al ministro ningún delito derivado de sus declaraciones en el ámbito del Congreso, pues estaba amparado por la inmunidad de opinión (Voto de los jueces Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton). 

El máximo tribunal entendió que cuando un ministro del Poder Ejecutivo concurre al recinto del Congreso en alguna de las modalidades mencionadas, lo hace con la protección derivada de una inmunidad implícita, pues resulta inadmisible una interpretación que limite el ejercicio de funciones otorgadas directamente por el texto constitucional.

Comentarios:
Se trata de la primera sentencia en que la Corte Suprema les reconoce a los Ministros del Poder Ejecutivo las inmunidades que la Constitución otorga a los legisladores. 

El alcance de la protección fue claramente limitados a las ocasiones en que los ministros concurren al Congreso a solicitud de las Cámaras o voluntariamente para tomar parte en la sesión.

Entendemos que esta decisión de la Corte es saludable, dado que amplía las posibilidades de discusión abierta y desinhibida entre aquellos que toman parte en el debate previo a la sanción de las leyes. 

El hecho de que no exista amenaza de sanción penal o civil permite a los ministros informar u opinar dentro del recinto con mayor libertad, e incluso -como en el caso analizado- realizar afirmaciones de las que presuntamente no poseen pruebas suficientes para efectuar una denuncia judicial, pero sí elementos para poner los hechos en conocimiento de los representantes del pueblo.

Tiu Tojin - Guatemala - Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso: Tiu Tojin vs. Guatemala

Fallo:  Tiu Tojin vs. Guatemala - Ver sentencia

Resumen Tiu Tojin vs. Guatemala.

Hechos probados
El 29 de agosto de 1990 efectivos del Ejército guatemalteco acompañados por miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil llegaron a Santa Clara, Municipio de Chajul, Departamento del Quiché y capturaron a 86 de sus residentes pertenecientes a la Comunidad de Población en Resistencia conocida como “La Sierra”. Esta comunidad estaba formada por grupos de familias desplazadas que se habían refugiado en las montañas, como resistencia a las estrategias del Ejército guatemalteco utilizadas en contra de la población desplazada durante el conflicto armado interno.


Entre las personas detenidas se encontraban la señora María Tiu Tojín y su hija Josefa, quienes pertenecían a la pueblo Maya. Los 86 detenidos fueron traslados a la base militar en Santa María Nebaj. En este lugar María Tiu Tojín y su hija Josefa fueron vistas por última vez. Las otras 84 personas detenidas fueron trasladadas a un campamento de la Comisión Especial de Atención a Repatriados, Refugiados y Desplazados (en adelante “CEAR”) en Xemamatze. Los oficiales de CEAR recibieron del Ejército una lista de personas entregadas a su custodia y asistencia, que incluía a María Tiu Tojín y a su hija. Sin embargo, ellas nunca llegaron al campamento de CEAR y hasta la fecha se desconoce su destino. Se sospecha que, conforme a la práctica existente durante el conflicto armado (infra párr. 49), la señora Tiu Tojín permaneció en el cuartel militar como “prisionera de guerra”, acusada de ser miembro de la guerrilla. Su destino es desconocido hasta la fecha. En el caso de Josefa Tiu Tojín, existe la posibilidad de que haya sido entregada a terceros o que haya sido igualmente ejecutada “en razón de su edad [e] inocencia”.

Conforme a su certificado de bautismo, María Tiu Tojín tenía 27 años de edad al momento de su desaparición. Josefa, por su parte, tenía aproximadamente un mes de nacida. Al momento de su detención María Tiu Tojín hacía parte de la Comunidad de Población en Resistencia de Santa Clara, conocida como “la Sierra”. También estaba vinculada al Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (en adelante “CERJ”) y al Comité Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA, organizaciones que habrían impulsado la no participación en las Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto armado interno en Guatemala.

El 14 de octubre de 1990 Juan Tum Mejía presentó ante el juez de paz de Santa Cruz del Quiché un recurso de exhibición personal a favor de la señora Tiu Tojín y su hija Josefa. El día siguiente, el CERJ presentó un recurso de exhibición personal ante el Procurador de Derechos Humanos y el presidente de la Corte Suprema de Justicia a favor de las víctimas. El 4 de noviembre de 1990 Victoria Tiu Tojín presentó un recurso de exhibición personal a favor de su hermana María y su sobrina Josefa Tiu Tojín ante el Juzgado de Paz, Santa Cruz del Quiché. El 20 de noviembre de 1990 Victoriana Tiu presentó un escrito al Procurador Auxiliar de Derechos Humanos, en el cual denunció la desaparición de María Tiu Tojín y de Josefa, y las amenazas realizadas por los comisionados militares en su contra.

Los recursos de habeas corpus interpuestos por Juan Tum Mejía y Victoriana Tui Tojín (supra párr. 43) fueron declarados improcedentes el 20 de diciembre de 1990 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Quiché, el cual ordenó “investigar el paradero de las […] ofendidas y el correspondiente encausamiento de los responsables”.

El 30 de enero de 1991 el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del Quiché se inhibió de continuar conociendo el recurso de exhibición personal promovido por el CERJ y remitió las actuaciones a la justicia militar. Seguidamente, el 6 de febrero de 1991, la Auditoría de Guerra de la Zona Militar No. 20 del Departamento del Quiché inició el sumario por la investigación de los hechos denunciados, caratulado “Sobre averiguar el plagio o secuestro de María Tiu Tojín y Josefa Tiu Tojín”. En éste, se sindicó a un teniente de la reserva en el área de infantería, quien fue liberado el 15 de mayo de 1991, por no existir motivos suficientes para dictar auto de prisión. El 24 de mayo de 1991 el Ministerio Público solicitó que se oficiara al CEAR, para que remitiera a la Auditoría de Guerra copia de la nómina de personas desplazadas recibidas en el campamento de dicha institución el 9 de septiembre de 1990 y que se evacuara audiencia testimonial a todas ellas. Dichas personas no fueron citadas, el Ministerio Público no subsanó la omisión y el proceso no continuó.

El proceso penal iniciado ante la Auditoría de Guerra se mantuvo por más de 16 años en fase sumaria. Durante ese período la investigación no tuvo avances significativos y los hechos no fueron debidamente investigados por la justicia guatemalteca.

El 10 de junio de 2008, una vez celebrada la audiencia pública del presente caso, el Tribunal Militar de la Cuarta Brigada de Infantería General “Justino Rufino Barrios”, Municipio de Cuyotenango, Departamento de Suchitepéquez emitió una resolución relacionada con las diligencias de investigación sobre el paradero de María y Josefa Tiu Tojín (supra párr. 20), atendiendo una solicitud de la Fiscalía de la Sección de Derechos Humanos de Ciudad de Guatemala en la que solicitó la declinatoria de competencia del tribunal militar en relación con el proceso de investigación en el presente caso. En dicha resolución el tribunal militar declinó su competencia para continuar las diligencias de averiguación sobre el “plagio o secuestro” de María y de Josefa Tiu Tojín. Igualmente, ordenó remitir las diligencias correspondientes al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcotividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento del Quiché. El 17 de junio de 2008 el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcotividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento del Quiché, Santa Cruz del Quiché, resolvió que en virtud de que los hechos denunciados fueron cometidos en el municipio de Santa María Nebaj, el juez competente para ejercer jurisdicción es el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcotividad y Delitos contra el Ambiente de Santa María Nebaj. Posteriormente este juzgado recibió el expediente mediante resolución de 7 de julio de 2008 y lo remitió al Ministerio Púbico para su investigación.

Derechos demandados
Artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada”), en perjuicio de María y Josefa Tiu Tojín;

Artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana, en relación con la obligación general contenida en el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de la niña Josefa Tiu Tojín;

Artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas.

Fundamentos Artículos
4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) Y 25.1 (Protección Judicial), en relación con el Articulo 1.1 (Obligación de respetar los Derechos) de la Convención Americana, y del Articulo I De La Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada

La detención y posterior desaparición forzada de María Tiu Tojín y de su hija no fueron hechos aislados. En Guatemala, entre los años 1962 y 1996 tuvo lugar un conflicto armado interno que significó grandes costos humanos, materiales, institucionales y morales. Durante este período se ha estimado que “más de doscientas mil personas” fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias y desaparición forzada, como consecuencia de la violencia política. En términos étnicos “el 83.3% de las víctimas de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia registrados por la [Comisión para el Esclarecimiento Histórico (en adelante la “CEH”)] pertenecían a alguna etnia maya, el 16.5% pertenecían al grupo ladino y el 0.2% a otros grupos”.

Desde su primera sentencia en el caso Velásquez Rodríguez, la Corte ha reiterado que la desaparición forzada de personas constituye un hecho ilícito de naturaleza continua o permanente y de carácter pluriofensivo, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida de la persona detenida. El carácter permanente y pluriofensivo de la desaparición forzada de personas se ve reflejado en los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, (…)

El Tribunal ha establecido que ante la naturaleza de los derechos lesionados, la desaparición forzada constituye una violación grave a derechos humanos que tienen carácter inderogable, en craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano. En el presente caso, además, la desaparición forzada de María y Josefa Tiu Tojín hizo parte de un patrón de violaciones de derechos humanos masivas y sistemáticas cometidas durante el conflicto armado interno en perjuicio de algunos grupos o sectores de la población en Guatemala (supra párrs. 48 y 49). Como tal, la desaparición forzada de María y Josefa Tiu Tojín trae consecuencias particulares respecto a la obligación a cargo del Estado de garantizar los derechos humanos protegidos por la Convención Americana (infra párrs. 91).

Puntos Resolutivos
1. Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 12 a 23 de esta Sentencia y manifiesta que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4.1; 5.1 y 5.2; 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 y 7.6; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado y el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de María Tiu Tojín; en los términos de los párrafos 53 y 54 de la presente Sentencia.

2. Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 12 a 23 de esta Sentencia y manifiesta que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4.1; 5.1 y 5.2; 7.1 y 7.2; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 19 del mismo tratado y el artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de la niña Josefa Tiu Tojín; en los términos de los párrafos 53 y 54 de la presente Sentencia.

3. Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 12 a 23 de esta Sentencia y manifiesta que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Victoriana Tiu Tojín, en los términos del párrafo 54 de la presente Sentencia.

4. Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 12 a 23 de esta Sentencia y manifiesta que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio Josefa Tiu Imul, Rosa Tiu Tojín, Pedro Tiu Tojín, Manuel Tiu Tojín, y Juana Tiu Tojín, en los términos del párrafo 54 de la presente Sentencia.

Reparaciones
1. El Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, en los términos de los párrafos 68 a 100 de la presente Sentencia.

2. El Estado debe proceder de inmediato a la búsqueda y localización de María y Josefa Tiu Tojín, en los términos de los párrafos 101 a 105 de la presente Sentencia.

3. El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los capítulos I, IV, y VI y los párrafos 67 a 120 del capítulo VII de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y los puntos resolutivos de la misma, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Fallo, en los términos del párrafo 106 del mismo.

4. El Estado debe difundir mediante emisión radial, en idioma K'iche' y español, y por una sola vez, los capítulos I, IV, y VI y los párrafos 67 a 120 del capítulo VII de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y los puntos resolutivos de la misma, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos del párrafo 108 del mismo.

5. El Estado debe efectuar el pago por concepto de reintegro de costas y gastos, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 129 de la misma.

CONTROL JUDICIAL DE LA PENA

Audio resumen mp3. fallo Romero Cacharane.



Resumen del fallo Romero Cacharane.
En el caso "Romero Cacharane" la Corte afirmó por primera vez que los presos tienen el derecho constitucional a exigir que los jueces controlen toda la etapa de ejecución de la pena y a apelar las decisiones que implican una alteración en su modo de ejecución.

Caso “Romero Cacharane, H. A. s/ ejecución penal”(Resuelto el 9/03/2004)

Hechos:
Hugo Alberto Cacharane se encontraba detenido en una cárcel mendocina. Tal como señaláramos anteriormente, las cárceles de esta provincia ofrecen condiciones de detención infrahumanas que son, en parte, consecuencia de los abusos y negligencias del servicio penitenciario, lo que motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Mientras Romero Cacharane se encontraba cumpliendo su pena, fue sancionado por el servicio penitenciario a cumplir quince días de aislamiento en el pabellón de máxima seguridad. 

La defensa oficial de Cacharane apeló esa sanción ante el juez de ejecución penal alegando que se había violado la garantía de defensa en juicio porque fue impuesta en ausencia de un proceso en el que pudiera defenderse del cargo por el que fuera castigado.

El juez de ejecución rechazó ese recurso con el argumento de que como la autoridad penitenciaria provincial no había implementado la ley de ejecución penal, no era aplicable el procedimiento de revisión judicial que allí se establecía. 

La defensa de Cacharane recurrió esa decisión ante la Cámara Nacional de Casación Penal que declaró inadmisible el recurso con el fundamento de que estas cuestiones eran ajenas al recurso de casación por no ser jurídicas sino meramente reglamentarias.

En consecuencia, la defensa llevó el caso ante la Corte Suprema argumentando que la sentencia de Casación era arbitraria, en tanto dicho órgano no asumió la intervención que le asigna la normativa vigente, violando con ello el derecho constitucional a la protección judicial y a la doble instancia que entendió aplicable a la etapa de ejecución de la pena.

Decisión de la Corte:
La Corte Suprema hizo lugar al planteo (Voto de los jueces Zaffaroni, Maqueda, Petracchi, Fayt, Boggiano y Vázquez). Según el Máximo Tribunal, las decisiones del Servicio Penitenciario que afectan la modalidad de la ejecución de una pena están sometidas al control del juez de ejecución y de la Cámara Nacional de Casación Penal -y eventualmente, de la propia Corte-. 

El fundamento es que los reclusos tienen el derecho constitucional a exigir que los jueces controlen toda la etapa de ejecución de la pena y a apelar las decisiones que implican una alteración en su modo de ejecución. 

Este derecho a la protección judicial es necesario para asegurar que se respeten durante la detención todos los demás derechos fundamentales.

De este modo, la Corte resolvió que el derecho a la revisión judicial no comprende solamente la condena sino también todas aquellas resoluciones que sean importantes. 

La Corte considera que una alteración en el modo ejecución de la pena -como es el cumplimiento de parte de la condena en una celda de aislamiento- constituye una modificación cuantitativa o cualitativa de la pena que se le impuso al condenado que justifica la revisión judicial para controlar su legalidad y proporcionalidad. 

De esta manera, se evita que la pena impuesta al condenado en un proceso rodeado de todas las garantías pueda ser alterada por decisión de las autoridades penitenciarias. 

La Corte sostiene que esto es inadmisible porque el derecho de defensa en juicio -de la que se deriva el derecho a la revisión judicial- asiste al condenado hasta que se agote su pena.

DEBER DE INDEMNIZAR LA MUERTE DE UN PRESO

Caso “Gothelf” resuelto el 10/04/2003 Pregunta que resolvió la Corte: ¿La provincia debe indemnizar la muerte de un preso?

Respuesta: 

Hechos del caso:
J. J. Vaquero se encontraba detenido en la cárcel provincial de Santa Fe. Fue invitado por otro interno a tomar mate en su celda, donde se encontraban otros cinco internos. Al ingresar fue apuñalado entre todos y murió. Su cuerpo fue bajado del primer piso a la planta baja y arrojado en una celda vacía.

M. Gothelf, la mujer de Vaquero por sí y en representación de sus tres hijos, demandó a la provincia de Santa Fe. Sostuvo que el servicio penitenciario provincial no había cumplido con el deber constitucional de custodiar y de asegurar la vida de los presos.


Decisión de la Corte Suprema:
La Corte hizo responsable a la Provincia de Santa Fe por la muerte.

Myrna Mack Chang - Guatemala - Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso: Myrna Mack Chang vs. Guatemala

Ver sentencia

Fallo: Myrna Mack Chang vs. Guatemala

Resumen Myrna Mack Chang vs. Guatemala.

Hechos probados
Myrna Mack Chang, antropóloga estudiosa de los desplazamientos internos de comunidades indígenas guatemaltecas en relación al programa de contrainsurgencia del Ejército, fue vigilada y ejecutada extrajudicialmente en una operación de inteligencia militar elaborada por el alto mando del Estado Mayor Presidencial. En efecto, fue ataca el 11 de setiembre de 1990. La víctima murió en el lugar de los hechos como consecuencia de diversas heridas.Existió una falta de diligencia en la tramitación del proceso penal y las obstrucciones de que éste ha sido objeto; es evidente que los tribunales de justicia no han demostrado voluntad para esclarecer todos los hechos relacionados con la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang y juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y demás responsables de la privación de la vida de la víctima, y del encubrimiento de la ejecución extrajudicial y de los otros hechos del presente caso. Así, se comprobó la falta de cooperación por parte de los órganos judiciales, del Ministerio de Defensa Nacional y del Estado Mayor Presidencial. De igual manera, se prueba el asesinato de un policía investigador de los hechos; amenazas y exilio de testigos, policías, jueces, fiscales y otros operadores del sistema de administración de justicia. Además, deben considerarse amenazas a familiares de la víctima así como se su fundación, entre otras personas.


Derechos demandadosArtículo 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), así como los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana.


Fundamentos
Artículo 4 (Derecho a la Vida)
La Corte encontró responsable al Estado por la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, producto de una operación encubierta de inteligencia militar llevada a cabo por el Estado Mayor Presidencial y tolerada por diversas instituciones y autoridades. Establece que en Guatemala existía un patrón de ejecuciones extrajudiciales selectivas impulsadas por el estado dirigida a quienes eran considerados ´enemigos internos´.

Así, estimó que el Estado de Guatemala incurrió en reiterada y sistemáticamente en violaciones del derecho a la vida, gravadas por numerosos actos de impiedad, por ejemplo por señales de tortura, mutiliaciones múltiples, entre otros. El Tribunal estableció que el derecho a la vida tiene un papel fundamental en la Convención Americana por ser la condición previa a la realización de los demás derechos, y que por tanto el Estado tiene la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de dicho derecho. Pero más aún, este derecho no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente sino que además requiere las medidas apropiadas para proteger y preservar dicho derecho.

Además, establece que la salvaguarda del derecho a la vida requiere que se realice una investigación oficial efectiva cuando hay personas que pierden la vida como resultado del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, puesto que de otra manera la prohibición que tienen los agentes estatales de abstenerse de privar de la vida a un individuo arbitrariamente sería inefectiva.

Así, considera que el Estado ha violado los derechos antes mencionados siendo que hasta hoy no ha habido mecanismos judiciales efectivos ni para investigar las violaciones de los derechos humanos ni para sancionar a los culpables, lo cual resulta en una responsabilidad internacional agravada, al crear un clima de impunidad respecto a las violaciones de los derechos humanos.

Artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial)Una vez hallado el cadáver la policía se abstuvo de proteger apropiadamente la escena del crimen, no registró las pruebas, llegando, inclusive, a deshacerse de algunas de ellas. La Corte estima que las pesquisas cuya realización se omitió son elementos fundamentales para el buen curso de la investigación judicial, especialmente cuando se relaciona a la vida de un ser humano.

Asimismo, se considera que se estuvo tratando de encubrir a los responsables de la ejecución extrajudicial lo cual constituye una obstrucción a la administración de justicia y un aliciente para que los responsables del hecho permanecieran en la impunidad. Además el Estado se ha negado a proporcionar algunos documentos, o inclusive aportando información vaga que no respondía a los requerimiento de las autoridades judiciales.

Al respecto, la Corte estima que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información o en razones de interés público, seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativa encargadas del proceso.

Así, la negativa de aportar los documentos, constituye una obstrucción a la justicia. De igual manera, existe una obstrucción en la justicia, siendo que se ha concluido el asesinato de un policía, así como recurrentes hostigamientos y amenazas a testigos, jueces, y colaboradores de la justicia, con el propósito de atemorizarlos para que desistieran de colaborar con la búsqueda de la verdad.

Además, que la función de los órganos jurisdiccionales no se agota en posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en un tiempo razonables el derecho de la víctima o de sus familiares a saber la verdad de los sucedido y a que se sanciones a los eventuales responsables. La Corte ha establecido que en el proceso seguido por los familiares se ha rebasado los límites del plazo razonable y que ha existido una falta de diligencia y voluntad de los tribunales de justicia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer los hechos.

Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal)Se considera demostrada una violación de la integridad personal de los familiares inmediatos de la víctima como consecuencia directa de las amenazas y hostigamientos sufridos por estos desde el inicio de la investigación de los hechos. Dicha situación, además, fue agravada por el patrón de obstrucciones de las investigaciones reseñadas, lo cual los forzó a exiliarse. Más aún, por el largo tiempo transcurrido sin que haya habido un esclarecimiento de los hechos, lo cual ha provocado en los familiares de la victima constante angustia y sentimientos de frustración y miedo, además de verse expuestos ante la violencia del Estado.

Puntos Resolutivos
Se decide admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, y se confirma la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial.

Reparaciones
1. El Estado debe investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y demás responsables de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack Chang, y de su encubrimiento. Los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados.

2. El Estado deberá remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso, ofreciendo las garantías de seguridad suficientes para los operadores de justicia, testigos y familiares de la víctima.

3. El Estado deberá publicar, al menos por una vez, en el Diario oficial y otro de circulación nacional los hechos probados y los puntos resolutivos de la Sentencia.


4. El Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad de los hechos en este caso.


5. El Estado debe honrar públicamente la memoria de José Mérida Escobar, investigador policial asesinado.


6. El Estado debe incluir dentro de los cursos de formación de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía y de organismos de seguridad, capacitación en materia de derechos humanos.

7. El Estado deberá establecer une beca de estudios con el nombre de la víctima.

8. El Estado deberá darle el nombre de la víctima a una calle o plaza reconocida en la Ciudad de Guatemala y colocar en el lugar donde falleció, o en sus inmediaciones, una placa destacada en su memoria.

9. El Estado debe pagar un monto de dinero por concepto de indemnizaciones por daño material e inmaterial, así como costos y costas del proceso.