Plenario nº 8 “AGÜERO Irma Delia s/recurso de casación”.

Cuestión tratada: Inadmisibilidad del recurso extraordinario - Efectos.
Acuerdo Nº 1/2002 en Plenario Nº 8, recurso de inaplicabilidad de ley en causa Nº 3171 del registro de la Sala III del Cuerpo, caratulada “AGÜERO Irma Delia s/recurso de casación”.
"En la ciudad de Buenos Aires, a los doce días del mes de junio de dos mil dos, reunidos los señores Jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, en virtud del recurso de inaplicabilidad de ley admitido en la causa N º 3171 del registro de la Sala III del Cuerpo, caratulada “AGÜERO Irma Delia s/recurso de casación”.
El Dr. Mitchell dijo:
En numerosos precedentes de las salas 2ª y 3ª de esta Cámara que he integrado sucesivamente tuve oportunidad de expedirme sobre el interrogante que nos convoca y simultáneamente respecto de una cantidad de supuestos vinculados con esta temática (conf. sala 2ª, causa 1593, "Pereiro Castañares, R. A. s/rec. de casación", rta. el 30/4/1998, reg. 1956; causa 1636, "Griffith, Rubén O. s/rec. de casación", rta. el 13/7/1998, reg. 2084; causa 1631, "Curci Castro, Luis R. s/rec. de casación", rta. el 23/11/1998, reg. 2300 y causa 1986, "Morales, Oscar A. s/rec. de casación" Ver Texto , rta. el 8/6/1999, reg. 2602 y sala 3ª, causa 2520, "Santoro, Miguel s/rec. de casación", rta. el 26/6/2000, reg. 339/2000; causa 2837, "Díaz, Juan A. s/rec. de casación", rta. el 22/12/2000, reg. 818/2000; causa 3300, "Di Lernia, Fernando G. s/rec. de casación", rta. el 5/6/2001, reg. 342/2001 y causa 3082, "Burgos, Jaime A. s/rec. de casación", rta. el 27/8/2002, reg. 510/2001).
Cierto es que hemos convenido en un planteo así acotado en aras de no demorar la respuesta, toda vez que la cuestión (o las cuestiones a debatir) sólo se producen en causas con detenidos a fin de no prolongar innecesariamente el tiempo de encierro de los justiciables.
De todos modos, mi respuesta ceñida al thema decidendum o también a los otros estrechamente vinculados con él me demandará el mismo tiempo dado que las razones que me deciden a la solución que propondré en este caso son las mismas que abonarían los restantes. Ello sin perjuicio de que puedan aparecer en el futuro otras diferencias jurisprudenciales que sí implicarían un estudio y demora mayores.
Declarado mal concedido el recurso de casación por esta Cámara, interpuesto ante ella el extraordinario para provocar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo con lo que vengo sosteniendo hasta ahora la sentencia así impugnada adquirió firmeza el día en que este tribunal rechazó el último.
Para arribar a tal conclusión tuve en cuenta que hasta ese momento asistía al recurrente la posibilidad de que se le abriese un recurso de derecho que podría haberle habilitado la instancia extraordinaria federal.
Pero denegado éste la interposición de una queja no suspende la firmeza del fallo en crisis pues así lo establece claramente el art. 285 Ver Texto CPCCN. (1), que rige la materia.
Cabe citar al respecto la opinión de Néstor P. Sagüés en "Recurso extraordinario" (t. II, 1984, Ed. Depalma, p. 855), quien expresa que el texto del art. 285 Ver Texto CPCCN. es claro y terminante y siguió las pautas que estableció la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual definió claramente que el trámite de la queja no obsta a la ejecución de lo decidido por el a quo.
En lo tocante a los demás temas que considero ajenos a los de la convocatoria he sostenido que la sentencia condenatoria adquiere firmeza en las siguientes oportunidades:
a) cuando ha sido expresamente consentida;
b) cuando ha sido tácitamente consentida por haber dejado correr los plazos previstos por ley para su impugnación sin que la misma haya sido propuesta y finalmente.
c) planteada la impugnación:
c.1) cuando la misma es declarada inadmisible por el a quo o bien.
c.2) cuando es pronunciada la sentencia de casación de inadmisibilidad o de rechazo de los recursos extraordinarios posibles (casación, inconstitucionalidad y federal).
Las razones son las siguientes:
a) Que la voluntad de las partes, expresa o tácita, le confiere firmeza desde la fecha del pronunciamiento;
b) que los recursos de derecho prorrogan la efectiva vigencia del fallo hasta su rechazo;
c) que la queja (o recurso de hecho) tiene ese efecto ante esta Cámara por regirse por el Código Procesal Penal de la Nación (2);
d) que no lo tiene la queja puesta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por regirse por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Y en este aspecto como ya dije en diversos precedentes de lege ferenda correspondería que se modifique uno de ambos textos (el art. 285 Ver Texto CPCCN. o el art. 442 Ver Texto CPPN.) y ello para evitar que situaciones idénticas tengan soluciones diferentes tanto más cuanto que desde la sanción de la ley 24390 Ver Texto (3) -hoy derogada en sus arts. 7 Ver Texto y 8 Ver Texto pero de subsistente aplicación en razón de lo dispuesto por el art. 2 Ver Texto CPen.- ello incide en el tiempo de detención que deben sufrir los "procesados-condenados".
El Dr. Tragant dijo:
Que tal como lo hiciera al expedirme sobre la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley señalo la conveniencia de que el temario hubiera abarcado además del motivo concreto de autos todos aquellos otros puntos que han causado controversia entre las salas al momento de interpretar el art. 24 Ver Texto CPen.; de allí entonces que acompaño el acierto del Dr. W. Gustavo Mitchell al haberlo desarrollado.
Hecha esta breve precisión e ingresando al tratamiento de la cuestión motivo de la presente convocatoria, estimo necesario señalar que al momento de decidir en la causa "Cardozo Segovia, Gregorio s/rec. de casación" (reg. 367/1996 del 18/11/1996) así como en numerosos casos posteriores adherí a la doctrina contraria a la propuesta por el distinguido colega que me precede, excluyendo expresamente del tiempo útil computable a los fines de la ley 24390 Ver Texto el que insuma el trámite de un posible recurso extraordinario así como también el lapso que demande la interposición e instrumentación de la impugnación extraordinaria, debiéndose en consecuencia tomar como fecha límite la que puso fin a la apelación con el fallo de la alzada (para los juicios tramitados bajo la ley 2372 Ver Texto [4]); al recurso de casación con el fallo de este tribunal (conforme ley 23984 Ver Texto ), es en ese momento cuando adquiere firmeza la resolución definitiva cualquiera sea su contenido.
Sin embargo, los argumentos expuestos por el Dr. Mitchell sumados a múltiples pronunciamientos de esta Cámara en similar sentido me persuaden de su acierto y de la conveniencia de aunar criterios en beneficio de los justiciables. Se cumple así la finalidad política que posee la casación que se encuentra en su función de unificar la jurisprudencia con el objeto de asegurar la unidad del derecho objetivo (conf. causa 268 "Marazzo, Ariel A. s/recursos de inconstitucionalidad y casación", reg. 28/1995 del 6/3/1995; causa 687, "Campos, Guillermo H. s/recurso de casación", reg. 210/1996, rta. el 16/7/1996; y causa 1310, "Alemany, Luis s/rec. de inconstitucionalidad", reg. 475/1997 del 5/11/1997).
Por estas razones, emito mi voto adhiriendo en el punto tratado y en todos los demás a lo propiciado por el Dr. Mitchell.
El Dr. Riggi dijo:
1. Que consideramos oportuno recordar cuanto señaláramos respecto a la función político-institucional acordada por la ley 24050 Ver Texto a esta C. Nac. Casación Penal como órgano jurisdiccional responsable de la uniformidad de la jurisprudencia penal (ver causa 3117, "Galván, Oscar O. s/rec. de casación" Ver Texto , reg. 162/2001 del 28/3/2001).
En dicho precedente citando a Piero Calamandrei expresamos que "si en toda definición del Estado encontramos constantemente repetida la idea de un ordenamiento jurídico bajo un supremo poder que constituya por encima de los súbditos una distinta personalidad unitaria se debe concluir que la tendencia a la unificación de las normas de derecho objetivo vigentes en el ámbito estatal tiene su primer origen en el concepto mismo del Estado" ("La casación civil", t. II, 1945, Ed. Bibliográfica Argentina, p. 65). Esa tendencia a la uniformidad del derecho vigente en todo el territorio estatal ha sido materializada en lo sustancial a través de la codificación.
No obstante los primeros intentos unificadores se toparon con la realidad que indicaba que aún ante la vigencia formal de las mismas normas positivas en las distintas regiones las mismas eran interpretadas en forma diferente, verificándose incluso interpretaciones que resultaban inconciliables entre sí. Ello se debía principalmente a que "cuando el Código único se sobrepone a esta multiformidad de derechos locales entra en contacto con las relaciones de la vida práctica en todo el territorio del Estado ocurre que la misma norma despierta en las diversas regiones tradiciones jurídicas profundamente diferentes..." (conf. Calamandrei, "La casación civil" cit., p. 69).
Es así como las ventajas de la unidad del derecho positivo vigente en todo el territorio de Estado -unidad que en nuestro sistema jurídico surge del art. 75 Ver Texto inc. 12 CN. que faculta al Congreso Nacional a "... dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social"- quedan anuladas en virtud de la interpretación que de él hacen los distintos tribunales de justicia, pues los ciudadanos son sometidos -cuando recurren a ellos en pos de resolver sus conflictos- a soluciones disímiles ante casos idénticos. A ello se agrega que los individuos cuando pretendan adecuar sus conductas a la interpretación judicial de las normas a fin de evitar incurrir en desobediencia a los preceptos legales correrán aquel riesgo que intente evitar pues esa interpretación puede no ser la aceptada por otros tribunales o en otras regiones. Más aún, aquellos casos en que la diversidad de interpretaciones sea advertida ya sea por ser pública y notoria o por los especiales conocimientos sobre la jurisprudencia de una persona en particular, la dificultad se acrecentará aún más pues en tal supuesto carecerá el ciudadano de un parámetro válido que le permita conformar su conducta a las expectativas sociales que las leyes reflejan.
Al respecto, útil resulta señalar, siguiendo a Tomás Jofré, que "... causa mayor mal a un país el pronunciamiento de brillantes fallos contradictorios en que los legistas agotan la dialéctica que una mala jurisprudencia que perdura porque a lo menos ésta tiene la ventaja de dar estabilidad a las transacciones y a los negocios humanos" (conf. cita efectuada por Fernando De la Rúa, "El recurso de casación", 1968, Zavalía Editor, p. 522, nota de pie n. 9).
Una situación como la descripta en primer lugar nos podría conducir -eventualmente- a dos peligrosas consecuencias ya señaladas por Calamandrei. La primera es la innegable lesión a la garantía de igualdad ante la ley que afectará a un número reducido de personas pues sólo quedarán comprendidos los individuos sometidos a un proceso judicial que reciban sentencias contradictorias. En este sentido el célebre maestro italiano advierte que "... la injuria al principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley que se verifica como consecuencia inmediata de la diversidad de la interpretación jurisprudencial queda limitada a las partes interesadas en aquellas controversias en ocasión de las cuales se manifiesta la referida diversidad" (conf. Calamandrei, "La casación civil" cit., p. 80).
Por otro lado se verificará también una vulneración al principio de legalidad, consagrado en los arts. 18 Ver Texto y 19 Ver Texto CN. (5), pues el mandato legal contenido en las normas vigentes no será ya adecuado para regular las conductas de los habitantes habida cuenta de que una misma situación podría resultar simultáneamente permitida y prohibida, dependiendo de qué tribunal intervenga en su juzgamiento. Esta situación fue también contemplada por Calamandrei, quien además del daño actual que importa la violación al principio de igualdad ante la ley se refirió al daño eventual que "... se contiene en la diversidad de la jurisprudencia el cual amenaza afectar a todos los otros coasociados aun a aquellos que no hayan sido parte en la causa de las controversias concretas. Se ha observado ya en efecto que así como toda opinión jurídica expresada en la motivación de una sentencia produce una corriente de consentimiento en el pensamiento de los coasociados puede ocurrir que enunciación simultánea hecha por jueces diversos de varias interpretaciones de una misma norma jurídica produzca en la práctica del derecho una complicada coexistencia de tendencias divergentes que en último análisis se convierta en una falta general de certeza en cuanto al modo de entender e derecho positivo" (conf. Calamandrei, "La casación civil" cit., p. 81).
En efecto, el "buen ciudadano" no podrá ante semejante coyuntura adecuar ya sus acciones al imperio de la ley, pues en todo caso correría el riesgo de ser sometido a la sanción legal. En este supuesto, la extensión del gravamen constitucional abarcaría a todos los componentes sociales sin exclusión de ninguna naturaleza, quedando claramente desvirtuado el precepto del art. 19 Ver Texto de la Ley Suprema en cuanto establece que "... Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que manda la ley ni privado de lo que ella prohíbe".
Es del caso recordar que Joaquín V. González, refiriéndose a las disposiciones del mentado art. 19 Ver Texto , señaló que "... pocas constituciones han comprendido con tanto acierto la libertad personal como la nuestra, cuyo artículo 19 contiene todos los aspectos del principio" (conf. "Manual de la Constitución Argentina", 1983, Ed. Estrada, p. 116), concepto que como se ha visto peligra ante la posibilidad de que no sea ya un único e inequívoco cuerpo normativo el que limite la libertad de los individuos sino tantos como jueces impongan un arbitrio en la interpretación de las normas. Y es que el principio de legalidad importa la concurrencia simultánea de tres condiciones necesarias: la existencia de ley previa, que dicha ley sea escrita y que de la misma se derive un mandato de certeza, que no es otra cosa que la clara determinación de cuál es la conducta proscripta por la ley.
Ante la gravedad de tales posibilidades es que surgió la necesidad de unificar el derecho vigente, ya no desde la perspectiva de la unidad de las normas jurídicas sino también en lo atinente a que todas y cada una de las normas reciban -sin que esto importe soslayar las particularidades de cada caso, cuya evaluación queda reservada, como no puede ser de otra manera, al juez de la causa- una interpretación uniforme.
Varias fueron las soluciones que plasmadas en diferentes ordenamientos jurídicos o formuladas en forma teórica se esbozaron para arribar a este fin cuya enunciación excede al marco del thema decidendum, por lo que nos centraremos únicamente en la que aquí nos atañe, cual es la creación de un tribunal de casación constituido -precisamente- con la finalidad de unificar la jurisprudencia existente sobre una determinada materia.
Entiende Fernando de la Rúa que "... la Constitución Nacional establece el principio de igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Nación (art. 16 Ver Texto ). Supone, como lo ha declarado la Corte Suprema Nacional, `el trato igual de los iguales en igualdad de circunstancias'. El recurso de casación encuentra en aquel precepto su fuente constitucional. La uniformidad de la jurisprudencia en la justicia nacional o dentro de un Estado provincial asegura un tratamiento similar frente a la ley penal por parte de los jueces, favoreciendo así la vigencia del principio de igualdad ante la ley" (conf. "La casación penal", 1994, Ed. Depalma, p. 20 Ver Texto ).
Para alcanzar esta finalidad "... la casación aprovecha y utiliza la estructura de nuestro ordenamiento judicial en el cual los órganos juzgadores están dispuestos como en una gran pirámide ideal en tanto estratificaciones superpuestas que desde la estratificación inferior que comprende un número mayor de órganos distribuidos en varias circunscripciones territoriales restringidas, culminan a través de jerarquías que comprenden un número de órganos cada vez menor, distribuidos en circunscripciones territoriales cada vez más amplias en un vértice único que resume y domina todo el organismo que depende de él" (conf. Calamandrei, "La casación civil" cit., p. 92). La posibilidad que ofrece esta estructura judicial, radica en hacer converger en un único órgano jurisdiccional todas las controversias que se inician en primer grado ante jueces territorialmente diversos y de llevar por grados hacia la unidad interpretativa la diversidad inicial. El instituto de la casación se sirve pues de esta particularidad para canalizar y para recoger en el examen del órgano supremo -excepción hecha en nuestro sistema judicial de la Corte Federal- todas las interpretaciones jurisprudenciales a las cuales puedan haber dado lugar las controversias iniciadas a través de los distintos grados. De este modo, la diversidad de las opiniones se va simplificando a medida que la jurisdicción se reduce a un número de órganos cada vez menor y se elimina cuando el tribunal de casación resuelve las discordancias evidenciadas al unificarlas y acordar a la ley una interpretación inequívoca.De esta forma, el tribunal de casación, "... colocándose como vértice y centro del ordenamiento judicial para resolver con su jurisprudencia los desacuerdos de la jurisprudencia inferior, trata de alcanzar la finalidad de la unificación jurisprudencial con medios absolutamente diversos de los que, para alcanzar la misma finalidad, hemos visto empleados hasta ahora en la práctica o se han concebido en teoría (...), no destruye la interpretación jurisprudencial como la destruiría la prohibición de la motivación (...) o la rigurosa prohibición hecha a los jueces de interpretar las leyes (...), no la desnaturaliza como el sistema de los precedents que transforma al juez en legislador (...) no interviene sólo en los desacuerdos de excepcional gravedad para resolver con fuerza obligatoria para el porvenir puntos jurídicos singularmente controvertidos como hace la interpretación auténtica (...): sino que, de un modo continuo y normal sin suprimir o limitar la libertad de opinión jurídica ni la independencia de los órganos judiciales sin provocar la intervención de funcionarios extraños a la jurisdicción domina con la misma interpretación jurisprudencial las diferencias de la interpretación jurisprudencial; de modo que en el sistema de la casación la jurisprudencia encuentra en sí misma el remedio de sus males, el límite a sus desviaciones" (Calamandrei, "La casación civil" cit., p. 92).
2. Fijado lo precedente con el ánimo de cumplir acabadamente con los elevados propósitos puestos de manifiesto, luego de un nuevo y detenido análisis hemos considerado nuestra tradicional postura con relación al tema que convoca la presente reunión plenaria (conf. causa 359, "Castro, Pablo E. s/recurso de casación", reg. 192/1995; causa 369, "Valdez Ponce, Jorge A. s/recurso de casación", reg. 201/1995, ambas resueltas al 19/9/1995; causa 872, "Cardozo Segovia, Gregorio s/recurso de casación", reg. 367/1996, rta. el 18/11/1996; y causa 1793, "Guiñez, Nelson E. s/recurso de casación", reg. 69/1999 del 10/3/1999; todas de la sala 3ª de esta Cámara), y por los fundamentos que desarrolla nuestro distinguido colega el Dr. Gustavo W. Mitchell que, aunados a los expuestos en los múltiples fallos de esta Cámara que se han pronunciado en el mismo sentido y que nos persuaden sobre su acierto, concluimos en la conveniencia de acompañar su propuesta.
Por todo ello, adherimos al voto que lidera la presente convocatoria.
El Dr. David dijo:
Que propicio tal como lo he suscripto en distintos precedentes que la sentencia de condena pase en autoridad de cosa juzgada cuando se hayan rechazado los recursos extraordinarios posibles (casación, inconstitucionalidad y federal del art. 14 Ver Texto ley 48 [6]) o cuando se haya dejado transcurrir diez días hábiles desde la notificación del fallo plazo en el cual deberían haberse interpuesto alguna de esas impugnaciones (conf., sala 2ª, in re, "Pereiro Castañares, R. A. s/recurso de casación", causa 1593, reg. 1956, rta. el 30/4/1998; "Viveros, Isabel A. s/recurso de casación"; causa 1831, reg. 2231, rta. el 20/10/1998; "Boquete, Haydee E. s/recurso de casación", causa 1789, reg. 2334, rta. el 15/12/1998, entre otros; en el mismo sentido, sala 1ª, in re "Abet, José O. s/recurso de casación" Ver Texto , causa 216, reg. 311, rta. el 7/10/1994 y "Trapanesi, Fernando D. s/recurso de casación", causa 2484, reg. 2922, rta. el 2/8/1999, entre otros).
Asimismo, la fecha de notificación del rechazo del remedio federal no es relevante a los efectos de la firmeza de la condena, ya que se ha dicho que "las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación referentes a la procedencia y trámite del recurso extraordinario federal y de la queja por su denegación integran un régimen específico que por ello no puede ser alterado por la norma general del art. 442 Ver Texto CPPN. pues razonablemente cabe entender que la alusión al recurso extraordinario ahí efectuada lo es respecto a los de casación e inconstitucionalidad y que ello es así dado que si se reputase la sentencia no puede ser ejecutada y se computase la detención posterior al rechazo del remedio federal como cautelar la eventual desestimación de la queja no podría operar su característico efecto retroactivo y se habría contabilizado como prisión preventiva la que en realidad había sido ejecutada. En caso contrario, de prosperar la queja y el recurso extraordinario pendientes, ello provocaría el dictado de una sentencia que a su vez aparejaría la práctica de otro cómputo con arreglo a la distinta circunstancia, por lo que no mediaría tampoco un agravio definitivo para el recurrente" (conf. sala 1ª, in re "Álvarez, Hugo R. s/recurso de casación", causa 1067, reg. 1364, rta. el 7/2/1997).
Además vale decir que estas consideraciones concordantes en un todo con la doctrina que emana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -de la cual hicieran eco los precedentes de esta sala 2ª, citados ut supra- por lo cual mera interposición del recurso de queja por recurso extraordinario denegado no suspende el proceso y ello sólo ocurre cuando el supremo tribunal declara procedente la referida impugnación (conf. Fallos 193:138; 286:148 Ver Texto [7]; 259:351; 265:336).
Por último, con respecto a la interposición del recurso de queja y no habiendo tenido ocasión de pronunciarme hasta ahora específicamente sobre ese tema, cabe afirmar que, por las diferencias arriba señaladas entre los regímenes establecidos por el art. 285 Ver Texto CPCCN. y el art. 442 Ver Texto CPPN., el recurso de queja tiene efectos diferentes -no suspensivo y suspensivo respectivamente- según haya sido interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante esta Cámara, con las consecuencias que se desprenden en función del cómputo.
Tal es mi voto.
El Dr. Fégoli dijo:
Coincido plenamente con el criterio esbozado por el distinguido colega preopinante Dr. Mitchell pues conforme lo sostuve en ocasión de pronunciarme en los precedentes de la sala 2ª que integro: "Pereiro Castañares, R. A. s/recurso de casación", reg. 1956 del 30/4/1998; "Viveros, Isabel A. s/recurso de casación", reg. 2231 del 20/10/1998; "Boquete, Haydee E. s/recurso de casación", reg. 2334 del 15/12/1998; "Molina, Flavia s/recurso de casación", reg. 2363 del 8/2/1999, entre otros, la sentencia condenatoria adquiere firmeza cuando ha sido consentida en forma expresa o bien tácitamente por haberse dejado transcurrir los diez días hábiles desde su notificación sin interponer ninguno de los recursos posibles.
De otra parte y para el caso de deducirse alguna impugnación cuando ésta sea declarada inadmisible por el a quo o bien cuando se pronuncie la sentencia de esta Cámara resolviendo la inadmisibilidad o el rechazo de los recursos extraordinarios viables (casación, inconstitucionalidad y federal). Tal es mi voto.
Adhiero así al voto que lidera este acuerdo.
El Dr. Rodríguez Basavilbaso dijo:
Es cuanto menos opinable la invocada afirmación de Carlos E. Fenochietto ("Queja por recurso de casación denegado y efecto suspensivo", t. II, 1986, Doctrina Judicial, ps. 129/30) en el sentido de que la queja "no constituye propiamente un recurso ni es un medio de impugnación de los actos jurisdiccionales". En contradicción con ese criterio, también expuesto por Vázquez Irurzubieta-Castro ("Procedimiento penal mixto", t. III, p. 285), advierte Lino E. Palacio que "aunque alguna doctrina sostiene que el instituto analizado sólo configura un pedido de jurisdicción a raíz de la denegatoria de ésta y más allá de que esa tesis entraña una ostensible confusión con la queja por denegación de justicia no es dudoso que la presentación constituye un genuino recurso (...) y se halla encaminada a lograr la sustitución de una resolución judicial por otra cuyo contenido satisfaga el interés del recurrente" (autor citado, "Los recursos en el procedimiento penal", 1998, Ed. Abeledo-Perrot, ps. 171/72 ).
De todas maneras creo que lo importante no es el nombre que se otorgue a la presentación directa sino su efectiva incidencia sobre la firmeza del fallo al que esté referido. Y en esa inteligencia sostener que una resolución sujeta a tales reclamos se encuentra firme es tanto como decir que su posible modificación -eventualmente habilitada la inspección extraordinaria- habría de avanzar sobre la cosa juzgada; si ello no es así -porque sabemos que sólo la acción de revisión confiere al tribunal ad quem esa excepcional facultad- es precisamente porque el pronunciamiento no ha adquirido aquella autoridad. Así lo ha entendido el alto tribunal en cuanto dejó sin efecto la decisión que consideró firme un fallo anterior fundada en que frente al rechazo del recurso extraordinario interpuesto la parte había consentido la decisión al no recurrir de hecho siendo que había presentado ese recurso ante la Corte (Fallos 311:1245 Ver Texto , entre otros).
Debo decir también que la circunstancia de que la queja tenga o no efecto suspensivo "extremo al que acude el precedente "Pereyra" y de cuya distinta regulación por los arts. 442 Ver Texto CPPN. y art. 285 Ver Texto CPCCN. advierte asimismo el fallo "Molina" (causa 2001, del registro del la sala 2ª) no ocurre en mi opinión a la resolución del caso. Se trata, en cambio, de consultar la existencia cierta de recursos -ya otorgados o posibles- y no a los alcances con que éstos deban ser concedidos: repárese por ejemplo en las sentencias absolutorias en los autos de procesamiento y de falta de mérito en los que conceden la exención de prisión o la excarcelación o el sobreseimiento, los que resuelven los incidentes de ejecución y los que decretan el embargo o la inhibición; su impugnabilidad -prevista en los arts. 311 Ver Texto , 332 Ver Texto , 337 Ver Texto , párr. 2º, 491 Ver Texto , párr. 2º, y 518 Ver Texto CPPN.- apareja obviamente su falta de firmeza, y por cierto que a ello no obsta el carácter no suspensivo de los recursos de los que son pasibles.
Hasta aquí con pequeñas modificaciones mi voto disidente de la causa 3591, "Romero, J. A. y otros s/recurso de queja" del registro de la sala que integro. Podría agregar a mayor abundamiento que el mencionado art. 285 Ver Texto del CPCCN. modificado por la ley 22434 Ver Texto (8) no se aplica tampoco a rajatabla; circunstancias excepcionales y razones de interés público o institucional habrán de autorizar el carácter suspensivo de la presentación ante la Corte más allá del texto incorporado (para mayor detalle de la doctrina y jurisprudencia sobre el punto conf. Palacio, Lino E., "El recurso extraordinario federal", Ed. Abeledo-Perrot, p. 351, notas 60 y 61).
Parece claro entonces que la mera posibilidad de que existan soluciones ambivalentes sobre el curso de los procedimientos no se compadece con el grado de certeza que habría de conferirse a una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Pienso en suma que no hay sentencia firme hasta que la Corte Suprema no rechace el recurso extraordinario federal si fuere otorgado o deniegue la queja si por la denegación de aquél se hubiere interpuesto.
El Dr. Hornos dijo:
Adhiero al voto del Dr. Mitchell en lo relativo a la específica cuestión que ha sido sometida al presente plenario -conf. fs. 1833/1834 de la causa 3171 del registro de la sala 3ª de esta Cámara- coincidente con la postura de esta sala 4ª (causa 668, "Aducca, Reinaldo s/recurso de casación", reg. 946, rta. el 29/9/1997; causa 2253 "Bustos, José H. s/recurso de casación", reg. 3014, rta. el 23/11/2000; y causa 3126 "Barraza, José E. s/recurso de casación", reg. 4011, rta. el 29/4/2001; entre varias otras) por lo que sostengo que debe considerarse firme la sentencia el día en que este tribunal de casación dicta la resolución por la que declara inadmisible el recurso extraordinario federal dirigido contra un pronunciamiento de la sala que había declarado mal concedido el recurso de casación.
La Dra. Berraz de Vidal dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Hornos y en los límites de la cuestión a decidir a la ponencia del Dr. Mitchell.
La Dra. Catucci dijo:
Que adhiere al voto y conclusión del distinguido vocal preopinante.
El Dr. Madueño dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Mitchell con los límites señalados por los Dres. Hornos y Berraz de Vidal y se expide en idéntico sentido.
El Dr. Bisordi dijo:
Que adhería al voto del Dr. Mitchell coincidente con el criterio que ha expresado al votar como juez de la sala 1ª de esta Cámara (causas 1114, reg. 1450, "Pereyra, Juan C. s/recurso de casación", rta. el 25/3/1997; causa 3591, reg. 4397, "Romero, Juan A. y otro s/recurso de queja", rta. el 13/6/2001; y causa 4032, reg. 5044, "Lupi, Juan C. s/recurso de casación", rta. el 17/5/2002).
La Dra. Capolupo de Duroña y Vedia dijo:
Que de conformidad con los votos que emitiera al fallar en los precedentes "Guattini, Julio C. s/recurso de casación" (causa 554 del registro de la sala 4ª del tribunal, rta. el 29/5/1997, por sentencia registrada bajo el n. 841) y "Aducca, Reinaldo s/recurso de casación (misma sala, causa 668, rta. 29/9/1997, reg. 946), entre muchos otros a los que breviatis causae me remito, propicio que la decisión a adoptar en este plenario sea la propuesta por el colega que lidera el acuerdo.
Tal es mi voto.
Por el mérito que ofrece la votación que antecede el tribunal por mayoría resuelve:
a) establecer como doctrina plenaria que en el supuesto de un recurso de casación declarado mal concedido por esta Cámara y recurrido por vía extraordinaria se considera firme la sentencia cuando este tribunal declara inadmisible al recurso extraordinario federal.
b) Anular parcialmente la resolución de fs. 1806/1809 vta. (art. 11 Ver Texto ley 24050 [9]).

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