Dignidad de las Personas con Discapacidad

Respeto a la Dignidad Humana: Un Pilar Esencial para las Personas con Discapacidad

El respeto a la dignidad inherente de la persona es un pilar fundamental que subyace a todo el sistema de protección de los derechos humanos y, de manera particular, a los derechos de las personas con discapacidad. La dignidad y el valor inherentes de todos los miembros de la familia humana son la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo, según proclaman los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina, y con jerarquía constitucional según la ley 27.044 reconoce explícitamente la dignidad inherente como uno de sus principios generales. De hecho, el propósito central de esta Convención es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".

La dignidad de las personas con discapacidad está intrínsecamente ligada a su situación de especial vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad exige una protección reforzada por parte del Estado, la familia, la comunidad y la sociedad en general. El respeto a la dignidad no es una mera abstención por parte del Estado, sino que impone la imperativa adopción de medidas positivas para garantizar el pleno goce de los derechos humanos fundamentales.

La protección de la dignidad se manifiesta en diversos aspectos clave mencionados en los textos:

1. Nivel de Vida Adecuado y Salud: 

Las convenciones internacionales y la legislación nacional (como el Art. 75, inc. 23 de la Constitución Nacional) instan al Estado a implementar políticas públicas para que las personas con discapacidad puedan alcanzar el nivel de vida más alto posible. Esto incluye garantizar el acceso a la salud, la rehabilitación y la integración social. Los fallos judiciales vinculan directamente el respeto a la dignidad con la necesidad de una protección jurídica satisfactoria de la vida y la salud, especialmente para menores con discapacidad y sin recursos.

2. Acceso a la Justicia Efectiva: 

Garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, con los ajustes de procedimiento necesarios, es esencial para que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos y que su dignidad sea respetada en todos los procedimientos judiciales. 

La tutela judicial efectiva y la garantía de defensa se refuerzan al considerar la especial naturaleza de los derechos en juego y la preferente tutela de la persona discapacitada.

3. No Discriminación: 

La discriminación por motivos de discapacidad es una vulneración directa de la dignidad y el valor inherentes del ser humano. El derecho a la igualdad y a la no discriminación está expresamente reconocido en los tratados internacionales y la Constitución Nacional.

4. Autonomía e Independencia: 

Un principio general de la Convención es el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual (incluida la libertad de tomar las propias decisiones) y la independencia de las personas. Esto implica un cambio de paradigma hacia un modelo social de la discapacidad, que promueve a la persona y garantiza el ejercicio de sus derechos con apoyos, en lugar de la sustitución de su voluntad.

5. Protección Social y Seguridad Social: 

La incorporación de los derechos de la seguridad social busca dignificar la vida y proteger en la incapacidad y la vejez. Asegurar un nivel de vida acorde con la dignidad humana es un objetivo clave. La protección social incluye el acceso a programas de reducción de la pobreza y asistencia estatal para cubrir gastos relacionados con la discapacidad.

6. Vivienda Digna: 

El derecho a una vivienda digna también se relaciona con la dignidad de las personas con discapacidad, exigiendo que las políticas públicas tengan en cuenta su condición especial y eviten tratarlos de igual manera que a quienes no tienen discapacidad al aplicar restricciones.

7. Protección en Situaciones de Vulnerabilidad Agravada: 

En casos de múltiple vulnerabilidad (como niños, ancianos o mujeres con discapacidad), la tutela reforzada busca asegurar el goce pleno de derechos y una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad.

En síntesis, el respeto a la dignidad humana no es un concepto abstracto en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, sino un principio rector que demanda acciones concretas por parte del Estado y la sociedad para garantizar que vivan una vida plena, autónoma y en igualdad de condiciones, asegurando su acceso a la salud, la educación, la seguridad social, la justicia y la participación en la comunidad.