Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA - Resol. 169/05 (expte. 105666/86 SUM FIN 708)
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 26 de junio de 2012
Cita: Fallos: 335:1126
Introducción
En Losicer, la Corte Suprema examinó si el Banco Central podía sostener una sanción luego de un procedimiento administrativo excesivamente prolongado. El derecho en juego era la defensa en juicio y la obtención de una decisión dentro de un plazo razonable, protegidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La garantía también rige cuando sanciona la Administración. (Ver considerandos 2°, 5°, 8° y 15°).
Hechos y recorrido judicial
El Banco Central impuso multas a quienes habían actuado como directores o síndicos de Agentra Compañía Financiera S.A., continuadora de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A., por infracciones al régimen financiero. Aplicó el artículo 41, inciso 3°, de la ley 21.526. Losicer y Punte recurrieron la decisión. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó las apelaciones y ambos interpusieron recursos extraordinarios, que fueron concedidos. (Ver considerandos 1°).
Los hechos investigados se extendieron hasta el 24 de abril de 1987. El sumario se abrió el 10 de agosto de 1990; la apertura a prueba se dispuso en octubre de 1993 y esa etapa se cerró en agosto de 1999. La resolución sancionatoria 169/05 se dictó el 29 de julio de 2005. La Corte destacó que habían transcurrido dieciocho años desde los hechos y quince desde la apertura del sumario. (Ver considerandos 13° y 14°).
Prescripción y cuestión constitucional
La regulación de la acción sancionatoria contemplaba un plazo de prescripción de seis años, interrumpido por otra infracción y por actos y diligencias inherentes a la sustanciación del sumario. Según la Corte, que recogió en este punto lo señalado por la Procuradora Fiscal, ese plazo legal no había llegado a cumplirse por las interrupciones producidas durante el trámite. Esta descripción corresponde al régimen examinado en el caso. (Ver considerandos 3° y 4°).
Pero esa conclusión no resolvía el problema constitucional. Los recurrentes pedían extinguir la acción sancionatoria por prescripción como forma de hacer efectiva la garantía de defensa y del plazo razonable. La Corte debía determinar si la duración total del procedimiento había vulnerado esos derechos, aun cuando los sucesivos actos hubieran impedido completar el plazo legal. Consideró que existía una cuestión federal suficiente para tratar los recursos. (Ver considerandos 2°, 5° y 11°).
Las garantías del debido proceso también rigen en la Administración
La Corte recordó que el artículo 8.1 de la Convención Americana garantiza ser oído con las debidas garantías dentro de un plazo razonable y que el artículo 25 asegura protección judicial efectiva. Vinculó esas exigencias con el artículo 18 de la Constitución: la defensa en juicio comprende obtener una decisión sin dilaciones indebidas que ponga fin a la incertidumbre del enjuiciamiento. (Ver considerandos 6° y 7°).
El carácter administrativo del sumario no excluye esas garantías. Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el Tribunal explicó que deben ser respetadas por toda autoridad pública que determine derechos y obligaciones mediante funciones materialmente jurisdiccionales. Toda actuación u omisión estatal dentro de un procedimiento debe respetar el debido proceso. (Ver considerandos 8°).
Tampoco bastaba calificar las sanciones del Banco Central como disciplinarias y no penales para dejar de aplicar esas garantías. La Corte utilizó la doctrina del caso Baena Ricardo y otros: el Estado no puede sustraerse de las exigencias del debido proceso por esa sola clasificación. No convirtió por ello toda sanción administrativa en una condena penal. (Ver considerandos 9°).
Cómo se determina el plazo razonable
El Tribunal sostuvo que la duración razonable no puede expresarse como un número fijo de días, meses o años. Debe evaluarse cada caso según la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y el análisis global del procedimiento. Esas pautas permiten apreciar objetivamente cuánto tiempo podía emplear la Administración en sustanciar el sumario y, en su caso, sancionar. (Ver considerandos 10° y 11°).
La Cámara había advertido que la extensión del trámite contrariaba la celeridad, economía y eficacia administrativas y podía afectar el juicio sin dilaciones indebidas. Incluso el Banco Central había remitido copias a su auditoría para analizar los plazos, ante los prolongados períodos de inactividad. Sin embargo, la Cámara mantuvo la resolución porque centró su examen en la prescripción. (Ver considerandos 12° y 13°).
Aplicación de esas pautas al caso
Para la Corte, los hechos no tenían especial complejidad: se investigaban incorrecciones contables, información distorsionada sobre activos inmovilizados, incumplimientos del efectivo mínimo y deficiencias de los registros. Tampoco observó que los sumariados hubieran obstaculizado el procedimiento. En cambio, identificó los largos lapsos de inactividad atribuibles al Banco Central como el principal motivo de la demora. (Ver considerandos 14°).
La dilación del procedimiento fue, por eso, irrazonable e incompatible con el debido proceso protegido por el artículo 18 de la Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana. La interrupción del plazo legal de prescripción no dispensaba al Estado de respetar el límite constitucional de duración razonable. (Ver considerandos 11°, 14° y 15°).
Decisión y alcance
Oída la Procuradora Fiscal, la Corte hizo lugar a los recursos extraordinarios y revocó la sentencia apelada con el alcance de sus fundamentos, con costas. El pronunciamiento contiene una fundamentación común, sin votos separados ni disidencias. (Ver parte resolutiva y firmas).
Losicer no establece que todo sumario caduque automáticamente a los quince años ni reemplaza la prescripción legal por un plazo fijo. Su enseñanza es que un procedimiento sancionador puede vulnerar la defensa y el debido proceso por su demora total aunque el plazo legal se haya interrumpido. La evaluación exige aplicar las pautas del caso y atribuir correctamente las causas de la demora. (Ver considerandos 10°, 11°, 14° y 15°).
Guía de preguntas y respuestas
1. ¿Qué originó el caso?
2. ¿Qué derecho constitucional estaba en juego?
3. ¿Cuánto duró el trámite examinado?
4. ¿Se había cumplido el plazo legal de prescripción?
5. ¿Por ser administrativo quedaba fuera del debido proceso?
6. ¿Cómo se evalúa el plazo razonable?
7. ¿Qué explicó la demora en Losicer?
8. ¿Qué resolvió la Corte y qué no debe inferirse?
