Caso Moliné O'Connor Vs. Argentina
Corte Interamericana de Derechos Humanos · Sentencia de 20 de agosto de 2026 (Fondo, Reparaciones y Costas), notificada el 12 de noviembre de 2026 · Serie C No. 599.
De qué trata el fallo
La Corte Interamericana examinó la destitución de Moliné O'Connor, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, decidida por el Senado en el juicio político de 2003. Concluyó que fue removido por el criterio jurídico expresado en decisiones dictadas en el ejercicio de su función jurisdiccional, lo que vulneró la independencia judicial, y que los recursos judiciales que presentó en Argentina no le brindaron una protección efectiva. También declaró violados sus derechos políticos, de propiedad, al trabajo y a la seguridad social, y la afectación de su proyecto de vida. (ver párrafos 1, 126 a 131 y 171 de la sentencia)
La sentencia fue dictada en San José, Costa Rica, el 20 de agosto de 2026 y fue notificada el 12 de noviembre de 2026, cuando la Corte la dio a conocer públicamente. Esta entrada repasa primero el recorrido del caso en Argentina y luego su trámite en el sistema interamericano. (ver párrafos 15 y 308)
Hechos: el juicio político de 2003
El 4 de junio de 2003 el presidente Néstor Kirchner, en un mensaje por cadena nacional, pidió al Congreso separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema, en referencia al grupo de jueces conocido como la "mayoría automática". En ese contexto, el presidente de la Corte, Nazareno, renunció en junio de 2003 y el juez López en octubre de ese año; el juez Vásquez renunció en 2004 y el juez Boggiano fue destituido por el Senado en 2005. (ver párrafos 35 a 38)
El 3 de julio de 2003 la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados declaró admisibles cuatro pedidos de juicio político contra Moliné O'Connor y, el 13 de agosto, la Cámara aprobó formular la acusación ante el Senado. El dictamen le atribuyó "mal desempeño" por su actuación en tres causas resueltas por la Corte Suprema: la causa Meller S.A. (sobre la impugnación de un laudo arbitral en un reclamo contra el Estado), la causa Magariños (relativa a la sanción impuesta por la Corte a un juez) y la causa Macri (referida a un proceso penal por presunto contrabando), con tres cargos por cada una. (ver párrafos 39 a 43)
En el trámite ante el Senado, constituido en tribunal de juicio político, fueron rechazadas las recusaciones que la defensa planteó contra varios senadores, se le negó una prórroga para ejercer su defensa y no se le permitió leerla en sesión plenaria. El 8 de octubre de 2003 el Senado dispuso su suspensión preventiva en el cargo sin goce de haberes. (ver párrafos 46 a 58)
El 3 de diciembre de 2003, tras deliberar en sesión secreta, el Senado votó los nueve cargos. Solo dos, ambos vinculados a la causa Meller S.A. ("haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento" y "haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad"), reunieron 45 votos de 64, más de los dos tercios exigidos por el artículo 59 de la Constitución. Con ese fundamento, el Senado lo declaró destituido del cargo de ministro de la Corte Suprema por la causal de mal desempeño. No alcanzaron los dos tercios los demás cargos ni la declaración de inhabilidad para ocupar otros empleos públicos. (ver párrafos 62 a 65)
El recorrido judicial en Argentina
Moliné O'Connor interpuso recurso extraordinario federal contra la destitución, que el Senado desestimó con el argumento de que sus decisiones no son revisables judicialmente. Acudió entonces en queja ante la Corte Suprema, cuyos jueces se excusaron de intervenir en los asuntos vinculados con el juicio político, por lo que el tribunal debió integrarse con conjueces. (ver párrafos 60 y 67)
El 1 de junio de 2004 la Corte desestimó por mayoría la queja contra la destitución; los conjueces Frondizi, Pérez Petit y Fossati disintieron y votaron por dejar sin efecto la destitución (Fallos: 327:1914). En otro pronunciamiento del mismo día, remitido a esa sentencia y al dictamen de la Procuración General, la Corte volvió a desestimar la queja; allí Frondizi y Pérez Petit votaron por declararla abstracta (Fallos: 327:2048). Sostuvo que el procedimiento de juicio político es susceptible de revisión judicial, pero solo en cuanto al respeto de las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, sin reexaminar la solución de fondo, que permanece en la zona de las cuestiones políticas no justiciables. Aunque reafirmó el principio de que un magistrado no puede ser destituido por el contenido de sus sentencias, consideró que en el caso la destitución reposaba en la configuración de la causal de mal desempeño que el Senado tuvo por acreditada, estimación que no podía ser alcanzada por su poder de revisión. (ver párrafo 67)
El 9 de junio de 2004, en otro fallo, la Corte hizo lugar parcialmente a la queja contra la suspensión preventiva (Fallos: 327:2205): mantuvo la posibilidad de suspender al enjuiciado, pero revocó la resolución del Senado en cuanto dispuso que la suspensión fuera sin goce de haberes, por considerarla innecesaria y excesiva. (ver párrafo 61)
La destitución tuvo además un efecto previsional. En 1998 se le había otorgado a Moliné O'Connor una pensión vitalicia conforme a la Ley Nº 24.018 y, el 19 de octubre de 2004, el Ministerio de Desarrollo Social se la revocó aplicando su artículo 29, por haber sido destituido por juicio político. En 2006 promovió una demanda contencioso-administrativa. En 2014 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad de ese artículo y le dio la razón, pero el 30 de octubre de 2024 la Corte Suprema revocó esa sentencia y rechazó la demanda (Fallos: 347:1673), remitiendo a sus precedentes "Marquevich" y "Boggiano". Moliné O'Connor había fallecido el 20 de agosto de 2014, durante ese largo litigio. (ver párrafos 68 a 72 y 245 a 247)
Sobre el fallo argentino de 2004 ya existe una entrada en este blog: Control judicial de las decisiones del Senado de la Nación.
El camino en el sistema interamericano
El 17 de noviembre de 2003, mientras estaba suspendido y antes de la destitución, el propio Moliné O'Connor presentó la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 16 de marzo de 2023 la Comisión aprobó por unanimidad el Informe de Admisibilidad y Fondo Nº 30/23, en el que concluyó que el Estado argentino era responsable por la violación, entre otros, del principio de independencia judicial, del derecho a una autoridad imparcial, a resoluciones adecuadamente motivadas, a la participación política y a la protección judicial. (ver párrafos 2 y 3)
Como el Estado no informó sobre el cumplimiento de las recomendaciones, el 20 de agosto de 2024 la Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana, "ante la necesidad de justicia y reparación integral" y teniendo en cuenta la voluntad de los familiares. La representación de la víctima quedó a cargo de su esposa y de sus hijos. La audiencia pública se realizó el 25 de septiembre de 2025 en Asunción, Paraguay, y la Corte deliberó la sentencia en varias sesiones virtuales entre mayo y agosto de 2026. La jueza Verónica Gómez, de nacionalidad argentina, no participó en la tramitación ni en la deliberación del caso, conforme al Reglamento. (ver párrafos 4 a 15)
Normas y derechos en discusión
La Comisión pidió que se declarara la violación de los artículos 8.1 (garantías judiciales, que incluyen la independencia judicial), 9 (principio de legalidad), 23.1.c (derechos políticos: permanencia en el cargo público en condiciones de igualdad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2. Los representantes agregaron alegatos sobre los derechos a ser oído, a la defensa, a la propiedad privada (artículo 21) y a la seguridad social (artículo 26). En el plano interno, estaban en juego los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, que regulan el juicio político; el artículo 110, que garantiza a los jueces la permanencia en el cargo mientras dure su buena conducta y la intangibilidad de su compensación; y el artículo 29 de la Ley Nº 24.018, que excluye el beneficio previsional de quien fue removido por mal desempeño. (ver párrafos 5, 7, 73 a 75 y 157)
Fundamentos de la Corte Interamericana
Independencia judicial. La Corte constató que los nueve cargos se fundaron en el cuestionamiento de resoluciones específicas dictadas por la Corte Suprema, y que los dos cargos que sustentaron la destitución se centraban en el criterio jurídico con el que la mayoría del tribunal, incluido Moliné O'Connor, había decidido no conocer las impugnaciones del Estado contra un laudo arbitral. La imputación de "mal desempeño" no se basó en conductas ilícitas determinadas ni en negligencia inexcusable, sino en la discrepancia del Congreso con ese criterio jurisdiccional. Remover a un juez por el contenido de sus decisiones constituyó un serio menoscabo a la independencia judicial, en violación del artículo 8.1 de la Convención. (ver párrafos 123 a 131)
Debido proceso. La Corte también encontró falta de motivación en la decisión que dispuso la suspensión preventiva sin goce de haberes: una medida tan restrictiva exigía un análisis de proporcionalidad que el Senado no realizó. (ver párrafos 145 y 146)
Protección judicial. La Corte Interamericana consideró que el control judicial de una destitución como esta debía comprender el examen de los fundamentos en que se sustentó, para verificar su compatibilidad con la independencia judicial, sin que ello implicara sustituir las valoraciones políticas propias del juicio político. La revisión acotada que hizo la Corte Suprema argentina en 2004 no brindó una respuesta adecuada a los agravios denunciados, en violación de los artículos 8.1 y 25.1. (ver párrafos 208 a 210)
Derechos políticos, trabajo y proyecto de vida. El cese arbitrario afectó las garantías de inamovilidad y estabilidad en el cargo (artículo 23.1.c) y, por aplicación del principio iura novit curia, el derecho al trabajo (artículo 26). La remoción interrumpió abruptamente una carrera de más de trece años en el máximo tribunal y truncó sus expectativas de realización profesional, lo que configuró una afectación a su proyecto de vida. (ver párrafos 157 a 170)
Pensión, propiedad y plazo razonable. La revocación de la pensión vitalicia derivó de la destitución arbitraria, por lo que vulneró los derechos a la seguridad social (artículo 26) y a la propiedad privada (artículo 21). Además, el proceso judicial interno sobre la pensión se prolongó injustificadamente por más de una década, en violación de la garantía del plazo razonable (artículo 8.1). En cambio, la Corte no encontró una violación de la protección judicial en el fallo de 2024 de la Corte Suprema, que analizó en su integridad la cuestión de constitucionalidad planteada. (ver párrafos 220 a 249)
Votos y disidencias parciales
La sentencia fue dictada por seis jueces. Lo central se declaró por unanimidad: las violaciones de las garantías judiciales, los derechos políticos y la protección judicial (artículos 8.1, 23.1.c y 25.1), así como el derecho de propiedad (artículo 21) y el plazo razonable. La afectación al proyecto de vida se declaró con tres votos a favor y tres parcialmente en contra (disidencias parciales de los jueces Pérez Manrique, Borea Odría y Mudrovitsch), y la violación del artículo 26 (trabajo y seguridad social) con cuatro votos a favor y dos en contra (disidencias de la jueza Pérez Goldberg y el juez Borea Odría). Varios jueces formularon votos concurrentes. (ver puntos resolutivos 1 a 5)
Qué decidió la Corte
La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino y dispuso, como medidas de reparación: que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación; que el Estado regularice el régimen de la pensión que correspondía a Moliné O'Connor conforme a la Ley Nº 24.018, incluidos los eventuales derechos de sus beneficiarios y con efectos desde su fallecimiento, en el plazo de un año; que publique el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en un medio de amplia circulación nacional, y la sentencia íntegra en los sitios web del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, la ANSES y el Congreso, además de difundirla en las redes sociales oficiales del Congreso y de la Corte Suprema; y que pague determinadas cantidades de dinero por concepto de daños materiales e inmateriales y de costas y gastos, que deberán hacerse efectivas a su esposa y a sus hijos. (ver párrafos 258, 262, 263, 288, 294 y 300)
Además, la Corte señaló que corresponde a las autoridades internas interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución argentina con respeto a los derechos al debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos, conforme a la Convención Americana y a los estándares de su jurisprudencia. El Estado deberá rendir un informe sobre el cumplimiento dentro del plazo de un año, y la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia. (ver párrafos 269 y 308)
La enseñanza central del caso es que ningún juez puede ser removido por el criterio jurídico expresado en sus decisiones, que incluso un juicio político debe respetar las garantías del debido proceso, y que el control judicial de una destitución debe verificar la compatibilidad de sus motivos con la Convención Americana. (ver párrafos 130 y 208 a 210)
Cuestionario del caso Moliné O'Connor
Repasá el caso. Mostrá cada respuesta y avanzá a la siguiente pregunta.
Pregunta 1 de 10: ¿Por qué fue destituido Moliné O'Connor, según la Corte Interamericana?
