Resumen del fallo Campodónico de Beviacqua
¿De qué trata este fallo?
La Corte Suprema resolvió si el Estado Nacional estaba obligado a garantizar la continuidad del tratamiento médico de un niño con una enfermedad grave, cuando su obra social no le brindaba cobertura efectiva y el organismo estatal que venía suministrándole gratuitamente el medicamento decidió interrumpir la entrega. La respuesta fue afirmativa: el Estado Nacional no puede desentenderse de sus deberes haciendo recaer toda la carga en las obras sociales o en las provincias cuando está en juego la vida y la salud de un menor (ver considerandos 21 y 33).
Los hechos
Un niño nació en 1996 con una enfermedad grave de la médula ósea que disminuye las defensas inmunológicas, conocida como enfermedad de Kostman o neutropenia severa congénita. Su tratamiento dependía de un medicamento especial que el Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, le suministró sin cargo hasta diciembre de 1998, cuando ese organismo comunicó a sus padres que lo entregaba "por última vez" (ver considerando 1°).
Frente al peligro inminente de que se interrumpiera el tratamiento, la madre del niño, con el patrocinio del defensor público oficial, promovió una acción de amparo contra el Ministerio de Salud y Acción Social, la Secretaría de Programas de Salud y el Banco de Drogas Antineoplásicas, para que se ordenara continuar con la prestación. Sostuvo que la suspensión lesionaba los derechos a la vida y a la salud garantizados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos (ver considerando 2°).
La defensa del Estado
El Estado Nacional sostuvo que la enfermedad no era oncológica y que, por lo tanto, el Banco de Drogas Antineoplásicas no estaba obligado a proveer el medicamento; que las entregas anteriores habían obedecido a razones exclusivamente humanitarias; y que la madre debía recurrir a su obra social - que debía cumplir el Programa Médico Obligatorio - o solicitar un subsidio, pues el Estado Nacional solo tenía una responsabilidad subsidiaria (ver considerando 3°). En su recurso, agregó que el fallo trasladaba indebidamente a la Nación una responsabilidad que correspondía a la obra social y a la provincia, lo que a su criterio afectaba el principio de subsidiariedad, las facultades reservadas de las provincias en materia de salud y los recursos destinados a la organización de los planes de salud (ver considerandos 7° y 8°).
Lo resuelto en las instancias anteriores
El juez federal de primera instancia hizo lugar al amparo y ordenó al Ministerio de Salud y Acción Social entregar las dosis necesarias del medicamento, sin perjuicio de las gestiones para que la provisión se regularizara por otros organismos. Fundó su decisión en la gravedad de la enfermedad, la imposibilidad económica de la familia de afrontar el elevado costo del medicamento, el certificado de discapacidad del niño y los diagnósticos que demostraban la urgencia de mantener el tratamiento en forma permanente e ininterrumpida. Consideró que suspender la asistencia era incompatible con las obligaciones del Estado Nacional como garante del sistema de salud (ver considerando 4°).
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la decisión y agregó fundamentos importantes: los derechos a la vida y a la salud imponen deberes correlativos al Estado en la organización del servicio sanitario; la subsidiariedad se articula con la solidaridad social, de modo que el Estado debe intervenir cuando se supera la capacidad de previsión de las personas; y se comprobó que la obra social de la madre no estaba en condiciones de brindar la cobertura, porque sus convenios con las entidades sanitarias locales habían sido suspendidos o rescindidos (ver considerando 6°).
La decisión de la Corte: la mayoría
La mayoría de la Corte - Nazareno, Moline O'Connor, Fayt, Petracchi, Boggiano, López y Vázquez - declaró procedente el recurso extraordinario y confirmó la sentencia. Antes de entrar al fondo, descartó los agravios que cuestionaban la valoración de la prueba, por ser cuestiones ajenas a la instancia extraordinaria, y rechazó el argumento basado en la ley 24.455 - que incorporó al Programa Médico Obligatorio la cobertura de tratamientos vinculados al SIDA y a la drogadicción - porque esa norma nada tenía que ver con la enfermedad del niño (ver considerandos 10, 13 y 14).
En el fondo, la Corte recordó que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, y que el derecho a la preservación de la salud está comprendido dentro de él. Los tratados internacionales con jerarquía constitucional imponen a la autoridad pública la obligación impostergable de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones de las jurisdicciones locales, las obras sociales y la medicina prepaga (ver considerandos 15 y 16).
El fallo destacó que los tratados contienen cláusulas específicas de protección de los niños: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los dos pactos internacionales establecen la asistencia y los cuidados especiales que se les deben asegurar. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud y obliga a los Estados a actuar "hasta el máximo de los recursos" disponibles; y en los Estados federales, el gobierno nacional conserva la responsabilidad legal de garantizar el cumplimiento de esos compromisos (ver considerandos 17 a 20).
La conclusión central fue que el Estado Nacional asumió compromisos internacionales explícitos de promover y facilitar las prestaciones de salud que requiere la minoridad, y no puede desligarse de esos deberes con el pretexto de la inactividad de otras entidades públicas o privadas, máxime cuando todas participan de un mismo sistema sanitario y lo que está en juego es el interés superior del niño, que debe ser tutelado por sobre otras consideraciones (ver considerando 21).
La Corte también examinó el sistema nacional del seguro de salud creado por la ley 23.661, que apunta al pleno goce del derecho a la salud de todos los habitantes sin discriminación. Dentro de ese sistema, el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación que fija las políticas sanitarias y de medicamentos, y la obra social de la madre estaba fiscalizada por la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo de la órbita del propio Ministerio, que debía garantizar la continuidad de las prestaciones (ver considerandos 22 a 25).
Además, el fallo valoró que la interrupción de la entrega dejaba al niño en un estado de desamparo asistencial comprobado, y que aceptar el argumento del Estado habría creado una discriminación inversa: la madre, por tener una obra social que no cumplía, quedaría sin prestaciones del organismo sindical y sin atención pública, lo que colocaría al Estado Nacional en flagrante violación de sus compromisos (ver considerandos 30 y 31). También tuvo en cuenta las leyes de protección integral de las personas con discapacidad, que obligan a asegurar los tratamientos médicos cuando no pueden afrontarlos la familia ni la obra social (ver considerandos 32 y 33).
Por último, la Corte aclaró el alcance de la decisión: la responsabilidad asignada al Estado Nacional era subsidiaria y no liberaba al gobierno provincial ni a la obra social de sus obligaciones legales; y frente a la objeción basada en el artículo 121 de la Constitución, señaló que no se había demostrado que mantener el tratamiento afectara el federalismo, aunque dejó establecida la responsabilidad que también cabe a las jurisdicciones provinciales en esta materia (ver considerandos 34 y 35).
La disidencia de Belluscio
El ministro Belluscio votó en disidencia por una cuestión de admisibilidad: consideró que el recurso extraordinario era inadmisible conforme el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por lo que correspondía desestimar la presentación directa sin entrar a analizar el fondo del caso (ver disidencia).
En síntesis
El fallo Campodónico estableció que el derecho a la salud está comprendido en el derecho a la vida, que los tratados internacionales obligan al Estado a garantizarlo con acciones positivas, y que el Estado Nacional no puede eludir su responsabilidad invocando la obligación de las obras sociales o de las provincias cuando una persona - y con mayor razón un niño con discapacidad - queda sin cobertura efectiva. El esquema de subsidiariedad no habilita al Estado Nacional a omitir la acción positiva e irrenunciable de garantizar la continuidad del tratamiento, y la decisión tampoco libera a la provincia ni a la obra social de sus propios deberes (ver considerandos 16, 21, 31, 34 y 35).
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Guía de estudio del fallo de 2000, no del trámite vigente.
