Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa - A.R.A.) s/ indemnización por despido
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 6 de abril de 2010. Fallos: 333:311.
Introducción
El fallo Ramos examina la protección constitucional de una persona que trabajó durante más de veinte años para la Armada Argentina mediante contratos sucesivos. La Corte reconoció que el uso ilegítimo de una contratación temporaria podía generar responsabilidad e indemnización, sin convertir automáticamente al trabajador en empleado de planta permanente. La distinción entre reparación del daño, estabilidad y reincorporación es el punto central del caso. (ver considerandos 4 a 9 del voto de la mayoría)
Contexto: contratación temporaria y empleo público permanente
El régimen para el personal de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas permitía contratar personal para proyectos científicos y tecnológicos. Preveía contratos sin estabilidad ni indemnización por rescisión, pero limitaba sus renovaciones a un máximo de cinco años. Por eso, no bastaba con leer el nombre del contrato: era necesario comparar aquella excepción con las condiciones concretas de la relación. (ver considerandos 2 y 4 del voto de la mayoría; 5 y 9 del voto concurrente)
La Corte distinguió dos preguntas. Una era si la conducta del Estado había causado un perjuicio que debía reparar. Otra, diferente, era si el trabajador había adquirido estabilidad en el cargo. La protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis no autorizaba a omitir las reglas de ingreso a la carrera administrativa ni las previsiones presupuestarias aplicables. (ver considerandos 6 y 8 del voto de la mayoría)
Hechos del caso
Ramos ingresó como técnico a la Armada Argentina en 1976. Inicialmente fue contratado mediante una locación de obra. Desde 1981, la relación se encuadró en el régimen del decreto 4381/73. Los contratos se renovaron sucesivamente y el vínculo se extendió por más de veinte años, superando ampliamente el límite previsto para aquella modalidad. (ver considerando 4 del voto de la mayoría; 5 y 6 del voto concurrente)
El legajo mostraba que las tareas no tenían la transitoriedad propia de aquel régimen excepcional. Ramos era calificado y evaluado anualmente, se le reconocía la antigüedad y contaba con servicios sociales de su empleador. Esos datos fueron relevantes junto con la duración y las renovaciones: la decisión no se apoyó solamente en el paso del tiempo. (ver considerando 4 del voto de la mayoría; 7 del voto concurrente)
En abril de 1998, la Armada dispuso terminar la relación mediante la disposición DIAP 71/98, con fundamento en las restricciones presupuestarias de la ley 24.938. Ramos reclamó una indemnización al Estado Nacional por la ruptura del vínculo. (ver considerandos 1 y 4 del voto de la mayoría; 1 y 6 del voto concurrente)
Pretensión y recorrido judicial
El trabajador cuestionó que la prolongación de la contratación y la ruptura sin reparación lo dejaran al margen de los principios del artículo 14 bis. Sostuvo que se habían excedido los límites del régimen y que debía tenerse en cuenta la relación laboral efectivamente desarrollada. (ver considerando 3 del voto concurrente)
La demanda fue rechazada en primera instancia. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el rechazo: entendió que las renovaciones no transformaban el vínculo temporario en permanente y que el régimen no daba derecho a una indemnización por rescisión. Ramos recurrió esa decisión para que interviniera la Corte Suprema. (ver considerandos 1 y 2 del voto de la mayoría; 1 a 3 del voto concurrente)
Normas y cuestión constitucional
El debate involucró el decreto 4381/73 y su reglamentación, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la protección contra el despido arbitrario. Para la solución reparadora también se consideró la ley 25.164, de regulación del empleo público nacional. En relación con la estabilidad, la mayoría examinó las condiciones de ingreso y las reglas presupuestarias, entre ellas el artículo 75, inciso 8, de la Constitución y el artículo 29 de la ley 24.156. (ver considerandos 3, 4, 8 y 9 del voto de la mayoría)
La pregunta no se reducía a si Ramos era o no empleado de planta permanente. Había que decidir si el Estado podía ampararse en un régimen excepcional, utilizado más allá de sus límites, para terminar una relación sin reparar los perjuicios que su propia conducta ilegítima había causado. (ver considerandos 5 a 8 del voto de la mayoría)
Fundamentos de la mayoría
Integraron el voto de la mayoría Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi y Carmen M. Argibay.
La mayoría relacionó la duración, las características de las tareas, las evaluaciones, la antigüedad y los servicios sociales con la violación del máximo de cinco años. Concluyó que el Estado había utilizado figuras autorizadas para casos excepcionales con una evidente desviación de poder, encubriendo una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado. (ver considerandos 4 y 5 del voto de la mayoría)
Ese comportamiento había generado en Ramos una legítima expectativa de permanencia laboral, merecedora de la protección contra el despido arbitrario. La conducta ilegítima del Estado daba lugar a responsabilidad y justificaba la procedencia del reclamo indemnizatorio. (ver considerando 6 del voto de la mayoría)
La Corte no consideró decisivo que Ramos se hubiera sometido voluntariamente al régimen contractual. La procedencia de la demanda no se fundaba primordialmente en impugnar ese régimen, sino en el incumplimiento estatal de sus límites temporales y en la obligación de responder por ello. Así distinguió el caso del precedente Gil. (ver considerando 7 del voto de la mayoría)
Por qué no reconoció planta permanente ni reincorporación
La mayoría aclaró que el mero transcurso del tiempo no modificaba la situación de revista del trabajador. Reconocerle una reparación no equivalía a atribuirle estabilidad ni a ordenar su reincorporación. Hacerlo sin cumplir los requisitos y medios de selección para ingresar a la carrera administrativa alteraría tanto el régimen legal como las autorizaciones presupuestarias para personal contratado y permanente. (ver considerando 8 del voto de la mayoría)
En ese punto distinguió Ramos de Madorrán. En aquel precedente, la persona había sido designada en la planta permanente y tenía estabilidad en el cargo. Ramos, en cambio, reclamaba en el marco de una contratación utilizada irregularmente. La diferencia impedía trasladar automáticamente la consecuencia de la reincorporación. (ver considerando 8 del voto de la mayoría)
La reparación y la aplicación por analogía
Para fijar las pautas de reparación, la mayoría acudió al derecho público y administrativo. Consideró que las características del vínculo y las figuras utilizadas no mostraban una intención de someter la relación al derecho privado. Ante la falta de una previsión específica, tomó por analogía la indemnización del artículo 11 de la ley 25.164 como una solución equitativa para el caso. No dispuso la aplicación directa del régimen indemnizatorio de la Ley de Contrato de Trabajo. (ver considerando 9 del voto de la mayoría)
La analogía consiste aquí en utilizar una respuesta prevista para una situación semejante ante la ausencia de una regla específica para reparar este daño. No significó incorporar a Ramos a la carrera administrativa ni reconocerle todos los derechos correspondientes a un agente de planta permanente. (ver considerandos 8 y 9 del voto de la mayoría; 10 del voto concurrente)
Voto concurrente
Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni coincidieron en revocar la sentencia, con fundamentos propios. No hubo una disidencia que propusiera mantener el rechazo de la reparación.
El voto concurrente destacó que el artículo 14 bis protege el trabajo en sus diversas formas, tanto público como privado, y relacionó esa protección con instrumentos internacionales de derechos humanos. Sostuvo que la naturaleza de una relación debía definirse por sus elementos reales y no solamente por el nombre que le asignaran las partes. (ver considerando 8 del voto concurrente)
También aclaró que el Estado puede celebrar contrataciones para necesidades verdaderamente transitorias o eventuales, bajo condiciones objetivas y razonables. Lo inadmisible era negar una relación de empleo cuando su ejecución material mostraba sus elementos constitutivos. El carácter excepcional de la contratación sin permanencia debía examinarse con criterio restrictivo. (ver considerando 9 del voto concurrente)
Para la reparación, los tres jueces acudieron a las pautas del artículo 11 de la ley 25.164. Además, contemplaron una suma vinculada con el período del tercer párrafo de esa norma, por el carácter intempestivo de la ruptura. Ese añadido pertenece al voto concurrente y no debe confundirse con la formulación del voto de la mayoría. (ver considerando 10 del voto concurrente)
Decisión y alcance
La Corte hizo lugar al recurso extraordinario, revocó la sentencia apelada y devolvió la causa para un nuevo pronunciamiento conforme a sus pautas. Impuso las costas por su orden en todas las instancias, por la ausencia de un criterio claramente uniforme en sus precedentes. No estableció allí una suma definitiva ni ordenó reincorporar a Ramos. (ver considerando 10 y parte dispositiva del voto de la mayoría; 11 y parte dispositiva del voto concurrente)
La enseñanza del caso es que la falta de estabilidad no equivale a falta de protección constitucional. El Estado debe responder cuando utiliza de modo ilegítimo una contratación excepcional y lesiona la protección del artículo 14 bis. La reparación de ese perjuicio y el ingreso a la planta permanente son cuestiones distintas. (ver considerandos 5 a 9 del voto de la mayoría)
Guía de preguntas y respuestas
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¿Quién reclamó y contra quién?
