Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia
Autonomía de CABA y superior tribunal de la causa
¿Qué tribunal debe intervenir antes de que una causa de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos Aires llegue a la Corte Suprema? En este fallo, la mayoría reconoció al Tribunal Superior de Justicia porteño como superior tribunal de la causa a los fines del artículo 14 de la ley 48. La decisión se apoyó en la autonomía jurisdiccional de la Ciudad y en el prolongado retraso del traspaso de competencias. La disidencia sostuvo que esa modificación del sistema de recursos requería una decisión legislativa y no podía ser dispuesta judicialmente.
El conflicto nació en una acción de restitución de bienes y, subsidiariamente, de rendición de cuentas y daños y perjuicios. La Corte no resolvió aquí el fondo de esa controversia patrimonial: decidió quién podía revisar la sentencia de la Cámara Civil.
Los hechos y el recorrido procesal
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n.° 75 condenó a Levinas a rendir cuentas documentadas de la gestión realizada en virtud de un mandato del Sr. Ferrari para exhibir y vender obras de arte. La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esa decisión. Tras la rendición y la liquidación presentada por los actores, se aprobó una condena de dinero más intereses, confirmada en lo sustancial por la Cámara.
El demandado interpuso un recurso de inconstitucionalidad para que interviniera el TSJ de CABA, con fundamento en el artículo 113 de la Constitución local y en la ley porteña 402. Paralelamente dedujo un recurso extraordinario federal. Este último fue denegado por versar sobre cuestiones de hecho y derecho común, lo que originó una queja ante la Corte.
La Cámara rechazó la vía recursiva local porque no estaba prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El TSJ, ante la queja de Levinas, dejó sin efecto esa denegación y afirmó su condición de superior tribunal de la causa. La Cámara desconoció su potestad revisora; el TSJ mantuvo su posición y elevó el conflicto a la Corte Suprema.
La normativa discutida y las posiciones enfrentadas
La discusión no consistía en la impugnación de una única norma. Se trataba de cómo armonizar el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce a CABA facultades propias de legislación y jurisdicción, con las normas que mantenían a la justicia nacional ordinaria en el Poder Judicial de la Nación y regulaban sus recursos.
- El artículo 14 de la ley 48 exige que el recurso extraordinario federal se dirija contra una sentencia definitiva del superior tribunal de la causa.
- El artículo 6 de la ley 4055 y el régimen procesal nacional sustentaban el criterio tradicional de que las cámaras nacionales eran ese superior tribunal.
- Los artículos 6 y 8 de la ley 24.588 regulaban el mecanismo de transferencia y la continuidad de la jurisdicción y competencia de la justicia nacional ordinaria.
- El artículo 113 de la Constitución porteña y los artículos 27 y siguientes de la ley 402 regulan el recurso de inconstitucionalidad local.
- El artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 habilitó a la Corte a resolver este conflicto entre tribunales sin superior jerárquico común.
El demandado procuraba la revisión por el TSJ. Este tribunal sostuvo que la autonomía porteña y la doctrina de los precedentes sobre federalismo permitían reconocerle una función equivalente a la de los superiores tribunales provinciales. La Cámara Civil, en cambio, afirmó que sus sentencias solo podían ser recurridas ante la Corte por la vía federal y que la creación de una revisión local desconocía la legislación vigente. Estas posiciones se exponen como antecedentes del conflicto jurisdiccional, sin atribuir a los actores argumentos que el fallo no desarrolla.
El dictamen del Procurador General interino
Casal dictaminó el 28 de junio de 2021 que el TSJ no tenía competencia para revisar la sentencia de la Cámara Civil. Consideró que no existía base legal para esa intervención: el recurso local no estaba previsto contra sentencias de cámaras nacionales y su admisión alteraría la estructura judicial definida por normas nacionales cuya constitucionalidad no había sido invalidada.
Distinguió el caso de "Bazán", referido a la resolución de conflictos de competencia, no a la creación de una instancia recursiva. Agregó que la transferencia debía instrumentarse por los órganos políticos mediante los mecanismos legales previstos. Para el dictamen, realizarla por vía judicial invadiría atribuciones del Congreso.
La decisión de la mayoría
Rosatti, Maqueda y Lorenzetti declararon que el TSJ es el superior tribunal de la causa para los procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria de CABA. En consecuencia, lo consideraron competente para revisar la sentencia de la Sala A.
La mayoría partió de "Strada" y "Di Mascio": antes de acudir a la Corte, las cuestiones federales deben pasar por la máxima instancia judicial local. Esa exigencia reconoce a los jueces locales como custodios de la Constitución y reserva a la Corte su función de intérprete y salvaguardia final, sin excluir instancias útiles.
Luego relacionó esa doctrina con la autonomía de la Ciudad reconocida en 1994 y con la evolución de los precedentes "Corrales", "Nisman", "José Mármol", "Bazán" y "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Señaló que la permanencia de los tribunales ordinarios en la estructura nacional es transitoria y que, después de treinta años, el retraso en completar el traspaso no justificaba mantener una autonomía jurisdiccional limitada.
Para la mayoría, el recurso extraordinario también ordena el federalismo: unifica la interpretación constitucional y federal, pero limita la intervención de la Corte en cuestiones de derecho local o común. Negar al TSJ la posibilidad de revisar las decisiones de los tribunales que aplican derecho común en la Ciudad desconocía esa finalidad.
El Tribunal aclaró que su decisión se circunscribía a un recaudo procesal: no transfería materialmente los tribunales nacionales ni terminaba con su continuidad transitoria dentro del Poder Judicial de la Nación. Exhortó a las autoridades competentes a adecuar la estructura institucional y normativa al mandato constitucional.
La disidencia de Rosenkrantz
Rosenkrantz coincidió en que correspondía a la Corte dirimir el conflicto, pero concluyó que el TSJ carecía de competencia para revisar la sentencia de la Cámara Civil.
Reconoció la autonomía de CABA y el carácter transitorio de la justicia nacional ordinaria. Sin embargo, sostuvo que ello no autorizaba a modificar judicialmente el sistema recursivo vigente. Los tribunales nacionales habían sido creados por leyes del Congreso, sus jueces eran designados por órganos nacionales y su competencia se regía por normas de ese orden.
Convertir a un tribunal local en alzada de esos órganos suponía, a su juicio, un rediseño institucional de gran alcance. La creación de instancias de revisión corresponde al Congreso, no a la Corte. Además, implicaba modificar el artículo 6 de la ley 4055, cuya constitucionalidad no había sido cuestionada.
El juez destacó que la ley 24.588 exige convenios de transferencia. Aunque el proceso fuera innecesariamente lento, esa demora no permitía sustituir el diálogo institucional, los acuerdos políticos y las adecuaciones de personal, recursos y competencias que requiere el traspaso. Su objeción central fue de separación de poderes, no de desconocimiento de la autonomía porteña.
Alcance temporal y límites de lo resuelto
La mayoría dispuso aplicar el nuevo criterio a los casos pendientes en los que ya se hubiera planteado un conflicto análogo y a las apelaciones contra sentencias de cámaras nacionales con competencia ordinaria notificadas después del fallo.
Esta sentencia no convierte a la Corte en una tercera instancia general, no resuelve la rendición de cuentas ni dispone por sí sola el traspaso integral de la justicia nacional. Su objeto es la determinación del superior tribunal de la causa en el ámbito indicado.
Por qué importa esta decisión
El fallo enfrenta dos modos de responder a una autonomía constitucional incompleta. La mayoría entiende que el sistema de recursos debe adecuarse al mandato de autonomía y al federalismo, aun ante la demora de los poderes políticos. La disidencia considera que esa adecuación no puede alterar por decisión judicial una organización establecida por el legislador.
La diferencia repercute en el acceso a la instancia extraordinaria y en la distribución de funciones entre Nación y Ciudad. Este resumen explica la sentencia del 27 de diciembre de 2024; no reemplaza la revisión de las normas y decisiones posteriores para determinar la vía aplicable en un expediente actual.
Guía de preguntas del fallo Levinas
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Guía de estudio del fallo de 2024, no del trámite vigente.
