Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora
CSJN, 10 de noviembre de 2015. Fallos: 338:1258.
Introducción
El fallo trata sobre el derecho de acceso a la información pública y su aplicación a YPF. La mayoría reconoció el derecho a obtener una copia del acuerdo de inversión celebrado con Chevron y explicó por qué la forma de sociedad anónima no excluía a YPF del deber de informar. También precisó que las excepciones al acceso requieren una justificación concreta, no una invocación genérica del secreto comercial (ver considerandos 8°, 13, 17 y 25 a 28; parte dispositiva).
Hechos y recorrido judicial
Giustiniani promovió una acción de amparo para que YPF le entregara una copia íntegra del acuerdo de proyecto de inversión firmado con Chevron para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en Neuquén. La jueza de primera instancia rechazó la demanda y la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó ese rechazo por mayoría (ver considerando 1°).
La Cámara entendió que el régimen del decreto 1172/03 no era aplicable a YPF por la exclusión prevista en el artículo 15 de la ley 26.741. Agregó que la difusión del acuerdo podía comprometer secretos industriales, técnicos y científicos y que el proceso había tramitado sin Chevron, cuyo derecho de defensa podía verse afectado. Giustiniani interpuso recurso extraordinario y una queja por la denegación parcial del recurso (ver considerandos 2° y 3°).
Normativa e interpretación discutidas
El debate se centró en el artículo 2° del Anexo VII del decreto 1172/03, que define los sujetos obligados a informar, y en el artículo 15 de la ley 26.741, que mantiene a YPF como sociedad anónima abierta y la excluye de determinada normativa administrativa. También se discutieron las excepciones del artículo 16 de ese Anexo y del artículo 7°, inciso c, de la ley 25.831 sobre información ambiental. La Corte examinó su interpretación y aplicación; no declaró inconstitucionales esas disposiciones (ver considerandos 8°, 18, 20 y 22 a 28; parte dispositiva).
Fundamentos de la mayoría
Lorenzetti, Fayt y Maqueda relacionaron el acceso a la información con la libertad de pensamiento y de expresión. Retomaron el principio de máxima divulgación: la información se presume accesible, sujeta a un sistema restringido de excepciones. No es necesario acreditar un interés directo o una afectación personal para solicitarla, salvo las restricciones legítimas (ver considerandos 6° y 7°).
Para determinar si YPF estaba obligada a informar, la mayoría analizó el control que el Poder Ejecutivo ejercía sobre la sociedad, su participación en las decisiones y el régimen de la ley 26.741. Concluyó que YPF funcionaba bajo jurisdicción del Poder Ejecutivo y quedaba comprendida en el decreto 1172/03. Añadió que aun una entidad privada está obligada a brindar información cuando son públicos los intereses que desarrolla y gestiona (ver considerandos 8° a 14).
La Corte también destacó el interés público de la actividad de YPF, ligado a los objetivos legales de autoabastecimiento y desarrollo. Por ello, la empresa no podía negar información de indudable interés público referida a la transparencia de su gestión (ver considerandos 15 a 17).
La mayoría distinguió los controles administrativos del Estado del control democrático ejercido mediante el acceso a la información. El artículo 15 de la ley 26.741 buscaba dar flexibilidad a la gestión comercial de YPF; no podía interpretarse como una exención del deber de respetar un derecho constitucional y convencional. Para la Corte, no existía el conflicto normativo que había planteado la Cámara (ver considerandos 18 a 21).
El secreto comercial no se presume
El acceso a la información no es absoluto. La normativa contempla excepciones, entre ellas los secretos comerciales o industriales y determinados derechos de terceros. Sin embargo, las restricciones deben ser verdaderamente excepcionales, perseguir objetivos legítimos y ser necesarias para alcanzarlos (ver considerandos 22 a 25).
Quien rechaza un pedido debe exponer, describir y demostrar de manera detallada las razones por las que la entrega puede dañar el fin legítimamente protegido. En el caso, YPF había invocado las excepciones sin aportar precisiones suficientes. Tampoco alcanzaba con afirmar que difundir información confidencial podía afectar los contratos petroleros. La carga de probar los hechos de la excepción recaía sobre quien la invocaba (ver considerandos 26 a 28).
Participación de Chevron y disidencia
La mayoría consideró que la demanda debía dirigirse contra el sujeto obligado a informar, en este caso YPF. No estimó indispensable la participación de Chevron para dictar una sentencia útil sobre el derecho de acceso. Agregó que, al contratar, Chevron conocía o debía conocer el régimen de publicidad aplicable a su contraparte (ver considerando 29).
Highton de Nolasco, en disidencia y por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, declaró la nulidad de las actuaciones tramitadas sin la participación de Chevron y propuso devolver la causa al tribunal de origen para darle el trámite correspondiente. Su voto discrepó sobre esta cuestión procesal; no formuló una negativa general al derecho de acceso a la información (ver considerando único y parte dispositiva de la disidencia).
Decisión y alcance
La mayoría hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, revocó la sentencia apelada y admitió la demanda, con costas a YPF en todas las instancias. El fallo reconoce el acceso solicitado y exige que una negativa basada en excepciones tenga fundamentos concretos. No elimina todas las reservas legales ni habilita a negar información con la sola etiqueta de confidencialidad (ver considerandos 25 a 29 y parte dispositiva).
