A., L. P. c/ Consejo General de Educación de Entre Ríos s/ acción de amparo
Corte Suprema de Justicia de la Nación · 12 de noviembre de 2026 · CSJ 3313/2025/RH1.
De qué trata el fallo
Una madre de Rosario del Tala (Entre Ríos) reclamó por su hija adolescente, titular de un certificado de discapacidad, que había quedado sin escolarización efectiva: pidió que se ordenara al Consejo General de Educación provincial implementar un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que le garantizara una trayectoria educativa completa. La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado el amparo sin resolver el pedido, con el solo fundamento de que existía un trámite administrativo previo sobre la misma cuestión. El caso plantea el alcance del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad y los límites a los formalismos que cierran el acceso a la justicia. (ver considerandos 1° y 8° del voto de la mayoría)
Hechos y recorrido judicial
La adolescente cursó la primaria y comenzó la secundaria en escuelas comunes de Rosario del Tala, pero en mayo de 2025 dejó de concurrir. En el trámite administrativo abierto ante el Consejo General de Educación, las autoridades le propusieron a la familia un cambio hacia la modalidad de escuela integral, luego cursar solo cuatro espacios curriculares (Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología) y, por último, una propuesta en una escuela de educación especial. La madre rechazó esos ofrecimientos por considerar que no aseguraban una inclusión real, y por carta documento del 4 de agosto de 2025 intimó al Consejo a presentar una propuesta acorde a las necesidades de su hija. (ver considerandos 2° y 7° del voto de la mayoría)
El juez de primera instancia hizo lugar al amparo y ordenó al Consejo General de Educación elaborar, en el plazo de veinte días corridos, un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente, conforme la resolución 3750/2021 del propio Consejo (modificada por la resolución 2940/2023). Entendió que la vía era admisible aun con el trámite administrativo en curso, por la relevancia del derecho en juego y porque la menor no estaba escolarizada. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y rechazó la acción: aplicó el artículo 3°, inciso b, de la ley provincial 8369, que declara inadmisible el amparo cuando el interesado promovió otra acción o recurso sobre el mismo hecho o tiene uno pendiente, al considerar que el procedimiento administrativo era una vía “claramente idónea” y que el amparo tiene naturaleza excepcional. (ver considerandos 2° y 3° del voto de la mayoría)
La cuestión ante la Corte
Contra ese rechazo, la actora llegó a la Corte por un recurso de queja. Sostuvo que la sentencia provincial era arbitraria por incurrir en un exceso ritual manifiesto: privilegió formalismos sobre derechos de jerarquía constitucional como la tutela judicial efectiva, el interés superior del niño y el derecho a una educación inclusiva, mientras la joven llevaba más de cinco meses sin escolarización efectiva. La Corte admitió tratar el caso porque, aunque en principio el rechazo de un amparo no es una sentencia definitiva, se le equipara cuando causa un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior, situación que se verificaba en una menor que no se encuentra escolarizada. (ver considerandos 4° y 5° del voto de la mayoría)
El voto de la mayoría: los jueces Rosatti y Rosenkrantz
Los jueces Rosatti y Rosenkrantz, en un voto conjunto, recordaron la doctrina de la Corte según la cual la admisibilidad del amparo no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, porque la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, y la existencia de otras vías que obstan a su procedencia no puede afirmarse en abstracto sino que depende de la situación concreta (Fallos: 330:4647). (ver considerando 6° del voto de la mayoría)
Aplicada esa pauta, concluyeron que el Superior Tribunal no había dado razones para sostener que el procedimiento administrativo fuera una vía idónea y efectiva: las propias autoridades provinciales habían dejado asentado que ya se habían realizado “todas las intervenciones” con las distintas propuestas que el sistema educativo ofrecía en la zona, lo que mostraba que ese trámite estaba concluido o, cuanto menos, no era un canal idóneo para resolver el conflicto. Frente a ello, los jueces provinciales tenían el deber de actuar con premura y dar una respuesta jurisdiccional que no se detuviera en formalismos. Por eso la sentencia incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró la tutela judicial efectiva, tanto más cuanto que el artículo 43 de la Constitución Nacional solo excluye el amparo cuando existe otro medio judicial más idóneo. (ver considerandos 7° y 8° del voto de la mayoría)
El voto del juez Lorenzetti
El juez Lorenzetti coincidió en el resultado con fundamentos propios. Sostuvo que el amparo es la vía idónea para la tutela de los derechos fundamentales: el criterio de excepcionalidad frente a otras vías no es admisible cuando lo que está en juego es la defensa urgente de esos derechos, de modo que el amparo es “presuntivamente” el proceso más idóneo para esa tutela. (ver considerando 5° de su voto)
Además, desarrolló que todas las personas tienen un derecho fundamental de acceso a la educación (artículo 14 de la Constitución Nacional), reforzado por tratados con jerarquía constitucional: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 28 y 29) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24), además de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la normativa de Entre Ríos. Ese derecho no puede quedar en una mera declaración: es operativo y confiere una pretensión de implementación efectiva, y quien pretende restringirlo tiene la carga de justificarlo. (ver considerandos 6° y 7° de su voto)
En el caso, remarcó que el procedimiento administrativo no había sido iniciado por la actora, no tenía carácter contencioso y estaba concluido, por lo que no se advertía qué resolución útil podía esperarse de él. Agregó que el ofrecimiento de cursar solo cuatro espacios curriculares, que excluía los principales ejes educativos, no cumplía el estándar mínimo de la propia regulación provincial. Por eso el rechazo del amparo ocasionaba un agravio de imposible reparación ulterior y el tribunal provincial vulneró el derecho de la joven, al margen de los criterios consolidados de la Corte en materia de amparo, educación y discapacidad. (ver considerandos 8° a 10° de su voto)
Lo que decidió la Corte
Los tres jueces de la Corte Suprema coincidieron en el resultado: hicieron lugar a la queja, declararon formalmente admisible el recurso extraordinario y dejaron sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con costas. La causa vuelve al tribunal provincial para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a esta sentencia; el voto del juez Lorenzetti subrayó que debía hacerlo con la premura que la cuestión amerita. La Corte no resolvió el fondo del reclamo: no diseñó ni ordenó directamente el Proyecto Pedagógico Individual, cuya discusión quedó en manos de la justicia provincial. (ver parte dispositiva del fallo)
Cuestionario del fallo A., L. P.
Repasá el caso. Mostrá cada respuesta y avanzá a la siguiente pregunta.
Pregunta 1 de 8: ¿Qué le pedía la madre a la justicia entrerriana?
