Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallo del 21 de marzo de 2006. Fallos: 329:759.
Introducción
En el fallo Barreto, la Corte Suprema delimitó su competencia originaria, es decir, los casos que comienzan directamente ante ella. Frente a una demanda por daños atribuida a la actuación de la policía bonaerense, resolvió que no correspondía intervenir en esa instancia. El punto central no fue decidir si existía derecho a una indemnización, sino determinar qué jurisdicción debía conocer del reclamo. (ver considerandos 7 a 14 y parte dispositiva)
Hechos y planteo de los actores
Barreto y Galarza promovieron una demanda contra la Provincia de Buenos Aires y el policía Talavera para obtener una indemnización por la muerte de su hija menor de edad. Según su relato, la niña había sido baleada por el agente mientras este perseguía a dos personas sorprendidas cuando intentaban abrir un vehículo, utilizando el arma reglamentaria. También atribuyeron a la provincia una preparación técnica y psicológica defectuosa del policía. Estos fueron los hechos y las imputaciones expuestos por los demandantes, no una declaración de responsabilidad contenida en este fallo. (ver considerando 1)
Los actores denunciaron domicilio real en la Capital Federal y fundaron su pretensión en el artículo 1112 del Código Civil citado en la sentencia. El Procurador Fiscal subrogante señaló inicialmente contradicciones en la información sobre ese domicilio y dictaminó que la causa era ajena a la instancia originaria hasta que se aclararan. Luego se produjo una información sumaria con ese objeto. (ver considerandos 1 y 2)
Cuestión jurídica y normas examinadas
La cuestión era si el reclamo podía considerarse una "causa civil" a los efectos de la competencia originaria de la Corte por la distinta vecindad entre los actores y la provincia demandada. El Tribunal examinó los artículos 116 y 117 de la Constitución y el artículo 24, inciso 1°, del decreto-ley 1285/58. Para este supuesto de competencia por razón de las personas, no bastaba la distinta vecindad: también debía reunirse el requisito de causa civil. (ver considerandos 3 y 7)
El fallo relacionó ese límite con la autonomía provincial y los poderes no delegados a la Nación, contemplados en los artículos 121 y siguientes de la Constitución. Consideró las leyes bonaerenses 12.154 y 12.155 sobre seguridad pública y el Código Contencioso Administrativo provincial, ley 12.008, con la modificación de la ley 13.101 citada en la sentencia. No declaró inconstitucionales esas normas: definió el alcance de su propia competencia frente al derecho público local. (ver considerandos 8, 10, 11 y 13 a 15; parte dispositiva)
El cambio respecto del criterio anterior
Desde el precedente De Gandia de 1992, la Corte había calificado como civiles ciertas demandas indemnizatorias contra provincias por presunta falta de servicio, apoyadas en normas de derecho común. Acreditada la distinta vecindad o la extranjería, ese criterio permitía su intervención originaria. En Barreto, los jueces que suscribieron la decisión consideraron necesario abandonar esa calificación generalizada. (ver considerandos 3 y 4)
El Tribunal recordó que seguir los precedentes favorece la seguridad jurídica, pero esa regla no impide todo cambio. La modificación requiere causas suficientemente graves o razones de justicia. Entre ellas mencionó el reconocimiento de un error, las lecciones de la experiencia y los cambios de circunstancias que justifican revisar el criterio anterior. (ver considerando 4)
En este caso, la Corte señaló que la amplitud del criterio anterior había expandido su competencia originaria a una gran variedad de controversias sobre responsabilidad provincial. Esa expansión comprometía recursos limitados y dificultaba su función de intérprete final de la Constitución. Por eso propuso una interpretación más rigurosa de ese ámbito de competencia, también en resguardo de las autonomías provinciales. (ver considerandos 5 a 7)
Fundamentos de la decisión
La Corte definió como "causa civil", para este supuesto de competencia originaria por distinta vecindad o extranjería, al litigio regido exclusivamente por normas y principios de derecho privado. Esa exigencia comprende la relación jurídica, los presupuestos de la responsabilidad y, en su caso, la determinación y valoración del daño. Quedan fuera los reclamos cuya solución requiere aplicar derecho público provincial o examinar actos de las autoridades locales en ejercicio de sus facultades propias. (ver considerandos 8 y 14)
El reclamo de los actores se vinculaba con una presunta falta de servicio de la policía provincial en tareas de prevención del delito. La Corte lo encuadró en la responsabilidad extracontractual del Estado local por el cumplimiento irregular de funciones propias. Para examinarlo era necesario estudiar el régimen administrativo bonaerense de seguridad pública y las obligaciones del personal policial, materia de derecho público provincial. (ver considerandos 9 a 11)
Invocar el Código Civil no modificaba esa naturaleza. La Corte explicó que los principios de responsabilidad y reparación no pertenecen exclusivamente al derecho privado y deben interpretarse según la relación jurídica de que se trate. Incluso si se aplicaran disposiciones civiles de manera subsidiaria, estas se integrarían al régimen de derecho administrativo pertinente. (ver considerando 12)
El Código Contencioso Administrativo bonaerense reforzaba esa conclusión: atribuía a esa jurisdicción las pretensiones originadas en el ejercicio de funciones administrativas y las controversias sobre responsabilidad patrimonial provincial regidas por el derecho público, aun cuando se invocaran por analogía normas privadas. La Constitución, a su vez, exige respetar las instituciones locales en las materias no delegadas. (ver considerandos 13 y 15)
Decisión y magistrados firmantes
La Corte declaró su incompetencia para entender originariamente en el juicio y ordenó remitir las actuaciones al superior tribunal de la Provincia de Buenos Aires para que decidiera qué tribunal debía intervenir por razón de la materia. No concedió ni rechazó la indemnización reclamada: resolvió únicamente la competencia. (ver parte dispositiva)
La decisión fue suscripta por Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay. El texto oficial de esta sentencia no contiene votos separados ni disidencias. (ver parte dispositiva y firmas)
Alcance e importancia del fallo
La negativa a intervenir originariamente no impedía toda actuación posterior de la Corte. El Tribunal dejó a salvo la posibilidad de conocer sobre cuestiones federales por la vía del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48, siempre que se cumplieran sus requisitos de admisibilidad. Incluyó entre esas cuestiones una eventual lesión a la garantía de imparcialidad del órgano judicial interviniente. (ver considerando 16)
Barreto permite estudiar la diferencia entre pedir una reparación económica y litigar una causa regida por derecho privado. Su doctrina delimita la competencia originaria en el supuesto examinado y busca conciliar la protección de los particulares con la autonomía provincial y la función constitucional de la Corte. No significa que las provincias queden exentas de responsabilidad ni que toda demanda contra ellas esté excluida de cualquier intervención del Tribunal. (ver considerandos 7, 14 y 16; parte dispositiva)
Cuestionario sobre el fallo Barreto
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