Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ incidente de recurso extraordinario.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se centra en rechazar un recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. La defensa apelaba la confirmación de su condena por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en relación con licitaciones de obra pública. La Corte considera que el recurso no cumple con los requisitos formales de fundamentación autónoma, ya que la defensa no rebate adecuadamente los argumentos de las instancias inferiores. Se analizan y desestiman diversos agravios presentados por la defensa, incluyendo supuestas violaciones a la independencia e imparcialidad judicial, el principio acusatorio, el principio de congruencia, el derecho de defensa y la cosa juzgada, encontrando deficiencias en la argumentación y falta de demostración de perjuicios concretos. Finalmente, se concluye que la sentencia recurrida es una derivación razonada del derecho vigente basada en la prueba producida.
Fecha del Fallo: 10 de junio de 2025
Hechos:
La causa se origina en la condena de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en relación con cincuenta y una licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz otorgadas a sociedades controladas por Lázaro Báez.
La condena inicial fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2.
Esta condena fue confirmada unánimemente por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal al rechazar un recurso de la defensa.
Ante la denegatoria de un recurso extraordinario por la Cámara de Casación, la defensa interpuso un recurso de hecho ante la Corte Suprema.
Normativa invocada por las partes y fundamentos
La defensa, al interponer el recurso extraordinario, invocó la violación de diversas garantías y principios constitucionales y legales:
1. Violación de independencia, imparcialidad judicial y deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal:
Se sostuvieron vínculos entre jueces y fiscales con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, y se citaron los "Principios de Bangalore sobre la conducta judicial".
2. Vulneración del principio acusatorio:
Se alegó que el tribunal de juicio incorporó consideraciones de cargo no planteadas por la parte actora en su fallo.
3. Transgresión del principio de congruencia:
Se argumentó la introducción sorpresiva de un hecho ("plan limpiar todo") no descrito en la indagatoria, procesamiento o requerimientos de elevación a juicio.
4. Vulneración del derecho de defensa:
Por denegatoria de prueba de descargo ofrecida oportunamente y por incorporación de prueba de cargo por lectura (mensajes de texto de José López). Se invocó el principio de "igualdad de armas" en relación con la prueba por lectura.
5. Violación de la cosa juzgada y el principio non bis in idem:
Se afirmó que la justicia provincial de Santa Cruz ya había evaluado la ilicitud de la mayoría de las obras investigadas y la había descartado.
6. Vulneración de los principios de legalidad, culpabilidad e inocencia:
Se cuestionó la tipicidad de la conducta, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo (dolo).
7. Gravedad institucional:
Se invocó como último argumento.
Se citaron, además, los artículos 18 y 33 de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema, al fundamentar su decisión de desestimar la queja (recurso de hecho), se basó en:
Incumplimiento de requisitos formales y sustanciales del recurso extraordinario y de hecho (art. 14 y 15 de la ley 48):
Principalmente, la falta de fundamentación autónoma, que exige un relato prolijo de los hechos, la vinculación con las cuestiones federales mediante crítica concreta y razonada de los argumentos de la sentencia impugnada, y la refutación de todos los argumentos del juzgador. No basta con sostener un criterio interpretativo distinto o remitirse a escritos anteriores. Las deficiencias en el recurso extraordinario no pueden subsanarse en el recurso de hecho. La queja debe ser desestimada si el recurso extraordinario no cumple la fundamentación autónoma.
Falta de demostración de perjuicio concreto o relevancia decisiva:
Para que un agravio proceda, especialmente si se vincula con la doctrina de la arbitrariedad o la nulidad procesal, es necesario demostrar que la cuestión fue sometida al tribunal inferior, que era conducente (apta para alterar el resultado del pleito), y que generó un perjuicio concreto o indefensión real. La nulidad por la nulidad misma no es admisible.
Sobre los agravios específicos:
Independencia/Imparcialidad:
La garantía de imparcialidad se extiende a los jueces, no al Ministerio Público Fiscal, que tiene deber de objetividad. Los planteos de la defensa fueron consideradas "meras conjeturas" sin indicar "ni una sola circunstancia concreta que permita inferir razonablemente que se ha comprometido la imparcialidad". El precedente "Llerena" es distinto por tratarse de un temor de parcialidad fundado en una participación previa objetiva de la jueza en la instrucción de la misma causa, a diferencia de las circunstancias alegadas en autos. Un fallo adverso no demuestra parcialidad. La alegación de conspiración es inverosímil ante el "gran caudal de prueba acumulada" y la intervención de más de 20 funcionarios de diversas instancias y administraciones.
Principio Acusatorio/Congruencia:
La base fáctica de la imputación (administración fraudulenta en las licitaciones de obra pública) no fue modificada. Las referencias al "plan limpiar todo" fueron para contextualizar los hechos y demostrar la participación, no para constituir un nuevo delito o hecho típico, lo que hubiera requerido ampliación de la acusación. Los jueces de casación explicaron que el dinamismo del juicio oral permite introducir consideraciones accesorias develadas por la prueba sin alterar el "sustrato fáctico" si no se modifica la esencia de la imputación. La defensa tuvo oportunidad de conocer la acusación y ejercer su defensa.
Derecho de Defensa/Prueba:
La defensa no explicó cómo la denegatoria o sustitución de prueba la privó de rebatir la acusación, ni demostró la relevancia de la prueba denegada. La Corte validó la justificación de los tribunales inferiores para el método de muestreo en el peritaje, basado en principios de economía procesal e idoneidad de la prueba. El peritaje y la demás prueba acreditaron numerosas irregularidades y sobreprecios que no fueron desvirtuados por la defensa.
Igualdad de Armas (Prueba por lectura):
La defensa no demostró el perjuicio concreto por la incorporación de los mensajes. La Cámara de Casación detalló que las partes fueron notificadas y convocadas a compulsar la prueba seis meses antes de su incorporación, asegurando el contralor.
Cosa Juzgada/Non bis in idem:
La Corte ratificó su doctrina sobre la necesidad de la triple identidad (persona, objeto, causa) para que opere la cosa juzgada y el non bis in idem. En este caso, la defensa no demostró haber sido parte de los procesos provinciales en Santa Cruz, ni tampoco logró poner en evidencia la identidad de objeto procesal con la causa federal, que investiga defraudación a la administración pública nacional y actuación de funcionarios federales. Un precedente anterior de la misma Corte en esta causa (Fallos: 345:440) ya había desestimado argumentos similares por estos déficits. Respecto al argumento del delito continuado, la Corte citó el precedente "Luzzi" (CSJ 1600/2005) para sostener que la administración fraudulenta implica actos distinguibles, y la desestimación de algunos en un foro no arrastra necesariamente a todos los demás.
Tipicidad/Arbitrariedad:
La defensa no refutó eficazmente los argumentos de los tribunales inferiores sobre los elementos objetivos y subjetivos del delito. La Corte destacó que la decisión se basó en pruebas que acreditaron las relaciones personales y comerciales con Báez, las implicancias del decreto 54/2009 (que modificó la asignación de fondos del fideicomiso), y que la recurrente se representó y quiso el resultado delictivo y tuvo ánimo de lucro. La doctrina de la arbitrariedad es excepcional y no habilita a la Corte a revisar cuestiones de hecho y prueba ni a corregir fallos errados.
Gravedad Institucional:
La defensa no fundamentó adecuadamente este supuesto, que también fue desestimado por la Cámara de Casación con argumentos que la defensa no refutó.
Detalles de la resolución de la Corte
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestima la queja.
Esto implica que el recurso de hecho interpuesto por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner es rechazado por improcedente debido a las diversas falencias formales y sustanciales identificadas por la Corte en el recurso extraordinario subyacente y en la propia presentación ante la Corte.
Como consecuencia, la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena queda firme (aunque el fallo no lo dice explícitamente, es la consecuencia lógica del rechazo del recurso extraordinario y de hecho).
Además, la Corte íntima a la recurrente a efectuar un depósito dentro del quinto día de notificada, según lo dispone el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, bajo apercibimiento de ejecución.
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