Resumen del fallo Elortondo: expropiación y control de constitucionalidad

Fallo Elortondo

Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. de Elortondo

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallo del 14 de abril de 1888. Fallos: 33:162.

Introducción

El 14 de abril de 1888, la Corte Suprema resolvió hasta dónde podía llegar una expropiación para abrir la Avenida de Mayo en Buenos Aires. No se discutía la utilidad de construir la avenida, sino si la Municipalidad podía tomar también las partes de los inmuebles que quedarían fuera de ella. La mayoría protegió el derecho de propiedad frente a ese exceso y afirmó el deber judicial de controlar la constitucionalidad de las leyes en los casos concretos. (ver considerandos 2, 25 y 27)

Hechos y recorrido del caso

Una ley del Congreso del 31 de octubre de 1884 autorizó la apertura de una avenida que partiera de la Plaza de Mayo y llegara a la calle Entre Ríos, entre las calles Rivadavia y Victoria. Para realizarla, declaró de utilidad pública la expropiación de las fincas y terrenos afectados. La Municipalidad reclamó la totalidad de una finca de Elortondo ubicada en la calle Perú, aunque sólo una parte sería ocupada por la avenida. (ver vistos y considerando 1)

Elortondo aceptaba desprenderse de la porción necesaria para la obra, pero pretendía conservar el resto. El juez federal admitió la expropiación de toda la finca y la cuestión llegó a la Corte por apelación. El conflicto no consistía en impedir la avenida, sino en determinar la validez de expropiar las fracciones laterales no necesarias para ella. (ver reseña del caso, vistos y considerando 2)

Normativa y problema constitucional

Los artículos 4 y 5 de la ley de 1884 eran el objeto del examen: el primero autorizaba la avenida y el segundo declaraba de utilidad pública los inmuebles afectados. La Corte entendió que la autorización legal comprendía también la totalidad de los inmuebles alcanzados, no sólo la franja de la calle; por eso debía resolver si ese alcance era compatible con la Constitución. (ver vistos y considerandos 1 y 2)

El artículo 17 de la Constitución protege la propiedad y exige que la expropiación por utilidad pública sea calificada por ley y previamente indemnizada. La mayoría relacionó esa garantía con el artículo 28: el Congreso no puede alterar la esencia de los derechos al reglamentarlos. El pago del valor del bien no vuelve constitucional cualquier apropiación estatal. (ver considerandos 3 a 6; para la formulación expresa de la indemnización previa, ver disidencia de Zavalía, página 200 de la colección Fallos)

Argumentos enfrentados

La pretensión municipal encontraba apoyo en la autorización del Congreso para expropiar los inmuebles afectados. Respecto de los sobrantes, la mayoría examinó los antecedentes del proyecto y concluyó que se buscaba que la Municipalidad obtuviera las ganancias de su posterior venta. Elortondo objetaba precisamente que se le quitara lo que no necesitaba la obra para que el municipio lo negociara. (ver considerandos 1, 15 y 16; disidencia de Zavalía, página 198 de la colección Fallos)

Fundamentos de la mayoría

Para la mayoría, la expropiación es una facultad excepcional: permite ocupar la propiedad privada indispensable para un fin público, pero no extenderse a bienes que ese fin no requiere. No puede usarse sólo para obtener una utilidad pecuniaria o aumentar los recursos fiscales mediante la reventa de lo expropiado. En el caso, la ocupación de los sobrantes excedía los límites constitucionales. (ver considerandos 4, 6 a 8 y 14 a 16)

El Tribunal distinguió la expropiación de las contribuciones por mejoras. Que una obra aumente el valor de las propiedades vecinas no permite, por ese solo motivo, expropiarlas: la compensación del beneficio recibido tiene una vía distinta, mediante una contribución proporcional y equitativa. Convertir la expropiación en un recurso financiero ordinario desnaturalizaría esa institución. (ver considerandos 8, 10 y 12)

La facultad legislativa de calificar la utilidad pública merecía deferencia, pero no era ilimitada. Cuando el Congreso excede claramente sus atribuciones constitucionales, los jueces deben proteger el derecho afectado: deben comparar la ley con la Constitución y abstenerse de aplicarla si existe contradicción. La Corte aclaró que aquí no negaba la utilidad pública de la avenida; examinaba la extensión de los terrenos que podían tomarse para construirla. (ver considerando 25)

La mayoría también distinguió los precedentes sobre terrenos destinados al Ferrocarril Central Argentino, pues allí se había tenido en cuenta su población y colonización para dar vida a la vía. Añadió una regla de lectura de la jurisprudencia: las expresiones generales de un fallo deben entenderse en relación con las circunstancias que lo motivaron y no trasladarse sin más a otros casos. (ver considerando 26)

Decisión

La mayoría, integrada por Victorica, Frías, Ibarguren y de la Torre, revocó la sentencia apelada. Consideró contraria a la Constitución la ley en cuanto autorizaba la enajenación forzosa de terrenos que no serían ocupados por la vía pública y declaró que sólo procedía expropiar la parte de la finca necesaria para la avenida. No prohibió la obra ni toda expropiación: rechazó el exceso discutido en ese caso. (ver considerando 27 y parte dispositiva)

Disidencia de Zavalía

Zavalía propuso confirmar la sentencia que admitía la expropiación total. Destacó la presunción de constitucionalidad de las leyes y entendió que la calificación de utilidad pública correspondía al Congreso. A su juicio, discutir si se necesitaba toda la finca implicaba sustituir el criterio legislativo por el de los jueces, no demostrar una contradicción con la Constitución. (ver disidencia de Zavalía, páginas 198 a 207 de la colección Fallos)

Agregó razones de financiamiento y equidad: la venta de los sobrantes permitiría recuperar parte del costo de la avenida y evitar que la comunidad financiara una mejora que enriqueciera solamente a algunos propietarios. También tuvo en cuenta la planificación del conjunto urbano. Estos fueron argumentos de la disidencia, no la solución adoptada por la Corte. (ver disidencia de Zavalía, páginas 207 a 211 de la colección Fallos)

Importancia del fallo

El caso permite estudiar dos límites relacionados: la obra pública no elimina la protección constitucional de la propiedad y la existencia de una ley no impide el control judicial en un litigio concreto. La conclusión debe leerse con su alcance preciso: se trató de los sobrantes no necesarios para esa avenida, no de una anulación general del poder estatal de expropiar. (ver considerandos 6, 25 y 27)

Cuestionario sobre el fallo Elortondo

Respondé cada pregunta y después desplegá la respuesta para comprobarla.

Pregunta 1 de 10

¿Qué obra originó el conflicto?

Fuente

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