Romero Feris vs. Argentina
Antecedentes
El caso "Romero Feris vs. Argentina" ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 15 de octubre de 2019, se centró en las presuntas violaciones de los derechos humanos del señor R. R. Romero Feris por parte de Argentina.
Hechos
El caso surge por la detención del señor Romero Feris en de agosto de 1999, acusado de delitos relacionados con su desempeño en cargos públicos. Se le ordena prisión preventiva por dos años, argumentando riesgo de fuga. A pesar de múltiples recursos de su defensa, en 2001 se prorroga su prisión preventiva por 8 meses. Luego de varios recursos denegados, el caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien lo admite en agosto de 2001. Finalmente, en septiembre de 2002, Romero Feris es liberado.
Artículos Violados
Se señalan violaciones al artículo 7 (derecho a la libertad personal), artículo 8 (derecho a las garantías judiciales) y 1.1 (obligaciones generales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Fondo
Derecho a la libertad personal y presunción de inocencia
Se argumenta que la duración de la prisión preventiva excedió lo permitido por la ley, violando así el derecho a la libertad del demandante. Argentina defiende su aplicación del "2x1" para compensar el exceso, pero la Corte lo considera insuficiente.
Derecho a la protección judicial
Se alega que las decisiones judiciales no atendieron debidamente los recursos presentados por Romero Feris. Argentina sostiene que se ajustaron a la legalidad.
Consideraciones de la Corte
Se analiza el artículo 7 de la CADH, destacando que toda restricción a la libertad debe tener base legal y ser proporcional.
Respecto al artículo 25 de la CADH, se establece que los Estados deben garantizar recursos efectivos para proteger los derechos fundamentales.
La Corte determina que el Estado no justificó adecuadamente la prolongación de la prisión preventiva y que las negativas de recursos no se fundamentaron legalmente.
Conclusiones
Se concluye que Argentina violó los artículos 7 y 8 de la CADH al prolongar la prisión preventiva sin justificación suficiente. Sin embargo, se determina que se respetó el derecho a la protección judicial, ya que los recursos presentados fueron debidamente considerados.
Reparaciones
Se ordena la publicación de la sentencia y se otorgan indemnizaciones por daño material e inmaterial, así como el reembolso de costas y gastos.
Conclusión
Este caso destaca la importancia de respetar los derechos fundamentales y garantizar un proceso judicial justo y equitativo.
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