Astorga Bracht, Sergio y otro c/ COMFER - dto. 310/98 s/ amparo ley 16.986
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 14 de octubre de 2004
Cita: Fallos: 327:4185
Introducción
¿Puede el Estado exigir que una persona abandone sus reclamos administrativos y judiciales para participar en un concurso por una licencia de radio? En Astorga Bracht, la Corte Suprema examinó esa condición y la consideró incompatible con la tutela administrativa y judicial efectiva: la posibilidad de pedir protección de los derechos y obtener una decisión fundada. El caso relaciona el acceso a la justicia con la igualdad y la libre concurrencia en los procedimientos de selección pública. (Ver considerandos 6°, 7° y 8°).
Hechos y norma cuestionada
Los actores desarrollaban una actividad de radiodifusión, contaban con instalaciones y habían adquirido el pliego para participar en un concurso de adjudicación de licencias. Al iniciar el amparo manifestaron que tenían equipos aptos para transmisiones en las categorías D y E. (Ver considerandos 9° y 13).
La resolución 16/99 del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) aprobó los pliegos de los procedimientos previstos en el decreto 310/98. Su artículo 3°, inciso a, exigía que los solicitantes acompañaran un escrito por el cual desistían, de manera total e incondicional, de todos los recursos administrativos y judiciales interpuestos contra las disposiciones legales y reglamentarias del servicio y contra cualquier acto del COMFER o de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). (Ver considerandos 4° y 5°).
Recorrido judicial y argumentos del COMFER
Los interesados promovieron un amparo. La primera instancia declaró la inconstitucionalidad del artículo 3° y la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa sentencia. El COMFER interpuso un recurso extraordinario. La Corte lo consideró procedente porque estaba en discusión la validez constitucional de una norma federal y la decisión había sido contraria a ella. (Ver considerandos 1° y 2°).
El organismo alegó, entre otras razones, que los actores se habían sometido voluntariamente al régimen y propuso una analogía con un precedente sobre regularización de obligaciones fiscales. La Corte rechazó el primer planteo porque la propia interposición del amparo mostraba la impugnación del régimen. También descartó la analogía: aquel precedente se apoyaba en razones específicas del sistema de regularización fiscal. (Ver considerandos 11 y 12).
La Corte delimitó el objeto de su decisión al inciso a del artículo 3°. El inciso b contemplaba un supuesto diferente del invocado por los amparistas y estos no habían cuestionado lo decidido por la Cámara sobre ese punto. No corresponde, por eso, presentar la sentencia como una invalidación indiferenciada de toda la resolución 16/99. (Ver considerando 3°).
Dictamen de la Procuración
Becerra propuso declarar inoficioso el pronunciamiento sobre el recurso: entendió que faltaba un agravio subsistente, a partir de la revocación de adjudicaciones y del anuncio de un nuevo procedimiento con otras normas. Esa propuesta no fue la decisión de la Corte ni una disidencia de sus jueces. El dictamen es del 17 de septiembre de 2003. (Ver dictamen, apartados III y IV).
Por qué la Corte entendió que el conflicto subsistía
La Corte no siguió aquella propuesta. Explicó que la resolución 732/00 invocada por el COMFER se refería a licencias de categoría F, no a las categorías para las cuales los actores habían adquirido el pliego. Por eso, tanto la revocación de aquellas adjudicaciones como la previsión de un nuevo concurso para esa categoría no eliminaban el problema planteado. (Ver considerando 13).
Tampoco bastaba que hubiera caducado la instancia de otra causa en la que se impugnaba el artículo 17 del decreto 310/98: este mismo amparo podía constituir un impedimento para concursar. Además, la condición impuesta era una limitación irrazonable y arbitraria del derecho a participar, se hubieran iniciado o no acciones o recursos. El COMFER tampoco había alegado que la regla cuestionada hubiera sido derogada o modificada; podía regir futuros concursos. (Ver considerandos 14 y 15).
Fundamentos constitucionales
La Corte consideró que el artículo 3°, inciso a, vulneraba el artículo 18 de la Constitución Nacional y las normas de derechos humanos de jerarquía constitucional que protegen la tutela administrativa y judicial efectiva. Citó los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana; 8 y 10 de la Declaración Universal; 8 y 25 de la Convención Americana; y 2, inciso 3, apartados a y b, y 14, inciso 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Ver considerando 6°).
La exigencia, por su redacción general, restringía ilegítima y arbitrariamente la posibilidad de impugnar decisiones del COMFER y de la CNC relacionadas con el servicio. La tutela efectiva comprende acudir a los tribunales y a las autoridades administrativas competentes, tramitar un proceso o procedimiento en legal forma y obtener una sentencia o decisión útil y fundada sobre los derechos reclamados. (Ver considerando 7°).
El requisito afectaba también la libre concurrencia y la igualdad en concursos y licitaciones. Esos principios no protegen solamente a quienes participan: resguardan el interés público en elegir debidamente a los adjudicatarios. En el caso, los actores tenían derecho a no quedar excluidos por una condición arbitraria, sino únicamente por causas legítimas. (Ver considerandos 8° y 9°).
La Corte agregó que el organismo no había refutado de manera concreta y razonada la interpretación de la Cámara: el desistimiento general exigido impedía la promoción de impugnaciones administrativas o judiciales de las normas y actos comprendidos en la regla. Sus agravios no justificaban modificar la sentencia apelada. (Ver considerando 10).
Decisión, votos y alcance
La Corte declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada, con costas. Firmaron Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni y Highton de Nolasco. Los siete jueces de la Corte Suprema suscribieron el mismo pronunciamiento; no hay votos separados ni disidencias en el texto de la sentencia. (Ver parte resolutiva y firmas).
El fallo protege la posibilidad de concursar sin una renuncia general a la defensa administrativa y judicial de los derechos. No adjudicó por sí mismo una licencia ni eximió de cumplir las condiciones legítimas del concurso: resolvió la validez constitucional de la restricción del inciso a examinada en el caso. (Ver considerandos 3°, 8° y 9°; parte resolutiva).
Guía de preguntas y respuestas
1. ¿Qué exigía la regla impugnada?
2. ¿Por qué los actores cuestionaron esa condición?
3. ¿Qué parte de la resolución examinó la Corte?
4. ¿Qué propuso la Procuración?
5. ¿Por qué el conflicto no había desaparecido?
6. ¿Qué significa tutela administrativa y judicial efectiva?
7. ¿Qué otros principios protegió el fallo?
8. ¿La Corte otorgó una licencia?

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