Resumen del fallo Cerigliano: empleo público contratado y artículo 14 bis

Fallo Cerigliano

Cerigliano, Carlos Fabián c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As. U. Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y Control

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 19 de abril de 2011
Cita: Fallos: 334:398

Introducción

¿Puede un trabajador contratado por el Estado quedar sin protección frente a la ruptura arbitraria del vínculo porque no está incluido en la Ley de Contrato de Trabajo? En Cerigliano, la Corte Suprema examinó el alcance del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y aplicó la doctrina de Ramos al empleo público local. Ordenó revisar los hechos y la prueba: no otorgó directamente una indemnización bajo la ley laboral privada. (Ver considerandos 3°, 4°, 6° y 8°; parte resolutiva).

Hechos, reclamo y normas discutidas

Cerigliano demandó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por indemnizaciones por despido sin causa y otros créditos salariales previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. Sostuvo que durante siete años había suscripto diversos contratos de locación de servicios para realizar tareas de operario que, según su planteo, correspondían materialmente a una relación de dependencia. Expresó que a fines de enero de 2004 se le negó la posibilidad de trabajar. (Ver considerando 1°).

El actor invocó la protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis. También cuestionó la constitucionalidad del artículo 2°, inciso a, de la Ley de Contrato de Trabajo: discutía la exigencia de un acto expreso de la Administración para incluirlo en el régimen laboral privado y afirmaba que la conducta estatal lo había incorporado de hecho a una relación de esa naturaleza. Esas eran sus pretensiones y argumentos, no una conclusión ya probada por la Corte. (Ver considerando 1°).

Recorrido judicial y cuestión federal

La primera instancia admitió la demanda y consideró innecesario pronunciarse sobre la inconstitucionalidad planteada. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó esa decisión: entendió que no estaba constatada la voluntad estatal de incluir al actor en la Ley de Contrato de Trabajo y que ello impedía admitir la pretensión fundada en ese régimen. Cerigliano interpuso el recurso extraordinario, que fue concedido por la cuestión constitucional planteada. (Ver considerando 1°).

La Procuración propuso declarar inadmisible el recurso porque el actor no había mantenido el cuestionamiento de inconstitucionalidad en todas las etapas. La Corte reconoció que no había reiterado esa tacha al contestar los agravios, pero entendió que sí había sostenido inequívocamente el problema constitucional: la forma de contratación lo dejaba sin protección ante la ruptura del vínculo. Por la garantía de defensa en juicio, correspondía tratar sus agravios con amplitud. El dictamen no es un voto judicial ni una disidencia de los jueces. (Ver considerando 2°; dictamen, apartados III y IV).

Para el Tribunal, el punto central consistía en determinar el alcance de la garantía del artículo 14 bis. Al interpretar esa cuestión federal, la Corte no estaba limitada por los argumentos de las partes o de la Cámara. (Ver considerando 3°).

La doctrina de Ramos y el examen de la prueba

La Corte consideró indiscutiblemente aplicable la doctrina de Ramos, sentencia del 6 de abril de 2010, tanto en su voto de mayoría como en los concurrentes. Que fuera evidente la decisión estatal de no incluir al actor en la Ley de Contrato de Trabajo no demostraba que los contratos empleados encuadraran válidamente la relación. (Ver considerando 4°).

El decreto 2138/GCBA/2001 autorizaba, de modo general, contrataciones de locación de servicios u obra vinculadas con el objeto de una unidad ejecutora. La Corte señaló que esa amplitud podía servir para relaciones de distinta índole, pero no parecía adecuada para vínculos como los descriptos por el actor, sin transitoriedad y capaces de generar expectativas razonables de permanencia. Por eso exigió examinar las pruebas testimoniales, documentales e informativas de la causa. No dio por cumplida esa valoración en su reemplazo. (Ver considerando 4°).

Precisó dos fundamentos: la naturaleza jurídica de una relación se define por los elementos que la constituyen, no sólo por el nombre asignado; y contratar por tiempo determinado para encubrir relaciones laborales permanentes constituye una desviación de poder. El rótulo de locación de servicios no bastaba, entonces, para resolver el problema constitucional. (Ver considerando 5°).

Protección constitucional del trabajo público

Quienes no están comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, pero desempeñan tareas materialmente subordinadas y permanentes para la Administración nacional o local, gozan de la protección del artículo 14 bis. Quedar fuera de aquella ley no equivale a quedar fuera de la Constitución. (Ver considerando 6°).

El mandato de proteger el trabajo en sus diversas formas comprende tanto el ámbito privado como el público. El derecho a trabajar incluye no ser privado arbitrariamente del empleo. Esa protección obliga primordialmente al legislador, pero también a los demás poderes públicos, cada uno dentro de sus competencias. (Ver considerando 7°).

Reparación y tribunal que debía continuar

La doctrina de Ramos alcanza a vínculos como el allí considerado con la Administración nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces debían examinar los hechos y, si correspondía reparar perjuicios, buscar la respuesta en el derecho público y administrativo. Una eventual indemnización debía ajustarse a pautas razonables que garantizaran su suficiencia. No se dispuso aplicar automáticamente la indemnización de la Ley de Contrato de Trabajo. (Ver considerando 8°).

Aunque el encuadre jurídico indicaba que casos de esta clase corresponderían al fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad, la Corte dispuso que este proceso continuara y finalizara ante la Justicia Nacional del Trabajo. Tuvo en cuenta su contenido alimentario y el avanzado estado del trámite. La excepción procesal del caso no debe confundirse con una regla general de competencia laboral. (Ver considerando 9°).

Decisión, firmas y alcance

La Corte hizo lugar al recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia y devolvió la causa al tribunal de origen para que dictara una nueva. Impuso las costas por su orden en todas las instancias. Firmaron Lorenzetti, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, en un mismo pronunciamiento, sin votos separados ni disidencias en el texto de esta sentencia. (Ver parte resolutiva y firmas).

El resultado fue la apertura de un nuevo examen bajo la protección del artículo 14 bis y la doctrina de Ramos. La Corte no fijó una indemnización concreta, no ordenó reincorporar al actor ni lo incorporó a la planta permanente: dejó sin efecto la decisión que había rechazado su reclamo y estableció las pautas para resolverlo nuevamente. (Ver considerandos 4°, 8° y 9°; parte resolutiva).

Guía de preguntas y respuestas

1. ¿Qué reclamó Cerigliano?

Indemnizaciones por despido y créditos salariales de la Ley de Contrato de Trabajo. Alegó siete años de tareas de operario mediante contratos de locación de servicios y la posterior negativa a permitirle trabajar. (Ver considerando 1°).

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2. ¿Qué derecho constitucional estaba en juego?

La protección del trabajo y frente a la privación arbitraria del empleo, fundada en el artículo 14 bis, también para quienes trabajan en el ámbito público. (Ver considerandos 3°, 6° y 7°).

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3. ¿Por qué la Cámara había rechazado la pretensión?

Porque no se había constatado la voluntad estatal de incluir al actor en la Ley de Contrato de Trabajo, régimen en que se fundaba su reclamo. (Ver considerando 1°).

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4. ¿La Corte siguió la propuesta procesal de la Procuración?

No. Aunque no se reiteró la tacha de inconstitucionalidad en una etapa, entendió que se había mantenido inequívocamente el problema de la falta de protección y atendió los agravios con amplitud. (Ver considerando 2°; dictamen, apartados III y IV).

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5. ¿Basta el nombre de locación de servicios?

No. Deben examinarse los elementos reales del vínculo. Contratar temporalmente para encubrir relaciones permanentes constituye una desviación de poder. (Ver considerando 5°).

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6. ¿Qué ordenó examinar la Corte?

Los hechos y las pruebas a la luz de Ramos, incluidos los elementos sobre las tareas y la permanencia. No sustituyó ese examen por una condena indemnizatoria directa. (Ver considerandos 4° y 8°).

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7. ¿Qué régimen debía orientar una eventual reparación?

El derecho público y administrativo, con pautas razonables que aseguraran suficiencia. No se ordenó una indemnización automática bajo la Ley de Contrato de Trabajo. (Ver considerando 8°).

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8. ¿Cómo terminó esta intervención de la Corte?

Dejó sin efecto la sentencia y ordenó otra. Este proceso debía continuar en la Justicia Nacional del Trabajo por su contenido alimentario y avance, con costas por su orden. No hubo incorporación a planta ni reincorporación ordenada. (Ver considerando 9° y parte resolutiva).

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