Resumen fallo Guida

Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional

El caso "Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional" es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dictado el 2 de junio de 2000. La cuestión central es determinar si el Poder Ejecutivo Nacional podía válidamente dictar el decreto 290/95, que reducía las remuneraciones del personal de la administración pública, invocando una crisis económica.

Hechos y partes involucradas:

• Actora: Liliana Guida, empleada de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
• Demandado: Poder Ejecutivo Nacional.
• Normativa invocada: Decreto 290/95 y la Constitución Nacional Argentina, especialmente los artículos relacionados con la propiedad y la igualdad (arts. 17 y 16).

Argumentos de las partes:

Actora: Sostiene que el decreto es inconstitucional porque viola la garantía de igualdad y el derecho de propiedad, ya que la reducción salarial no tiene límite temporal ni compensación.

Estado Nacional: Argumenta que el decreto es una medida razonable y transitoria para enfrentar una crisis económica grave, y que no se viola el derecho de propiedad ni la igualdad porque las distinciones son objetivas.

Opinión del Procurador General: Apoya la validez del decreto, considerando que el Poder Ejecutivo tenía facultades para adoptar medidas de emergencia debido a la crisis económica.

Decisión de la Corte:

La Corte revocó el fallo de la Cámara que había declarado la inconstitucionalidad del decreto.

Sostuvo que en situaciones de emergencia, el Estado puede imponer restricciones razonables y temporarias sin que se altere la sustancia del derecho de propiedad.

Consideró que la reducción salarial fue proporcional y no confiscatoria.

La intervención del Congreso al ratificar el decreto mediante la ley 24.624 legitima la medida.

Jurisprudencia mencionada: 

La Corte hace referencia a casos anteriores donde se validaron medidas de emergencia que afectaron derechos patrimoniales, siempre que no alteraran la sustancia de los contratos o sentencias.

Importancia del fallo: 

Reafirma la capacidad del Estado de intervenir en situaciones de emergencia económica, estableciendo límites a las garantías constitucionales de propiedad e igualdad en contextos extraordinarios.