Risolía de Ocampo, María José c/ Rojas, Julio César y otros s/ ejecución de sentencia (incidente)
Este caso se centra en la constitucionalidad del decreto 260/97, que permitía a las empresas de transporte público y sus aseguradoras pagar en cuotas las indemnizaciones por accidentes, alegando una emergencia económica en el sector. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en su fallo del 2 de agosto de 2000, declaró inconstitucional dicho decreto, ya que no cumplía con los requisitos necesarios para la emisión de decretos de necesidad y urgencia, al no proteger intereses generales sino sectoriales.
Fechas y actores:
- Fecha del fallo: 2 de agosto de 2000.
- Actores: María José Risolía de Ocampo (demandante) contra Julio César Rojas y otros (demandados).
Hechos:
La demandante había obtenido una sentencia firme para recibir una indemnización por un accidente, pero la aplicación del decreto 260/97 posponía el pago en cuotas.
Normativa y fundamentos:
El decreto 260/97 fue impugnado por violar la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, ya que imponía desigualdades al afectar solamente a las víctimas de accidentes de transporte público.
El procurador general sostuvo que no se cumplían las condiciones para un decreto de necesidad y urgencia, ya que no había imposibilidad de tratarlo en el Congreso, ni urgencia que lo justificara.
Opinión de la Corte:
La Corte confirmó la inconstitucionalidad del decreto, ya que no protegía intereses generales y violaba principios constitucionales como la igualdad y el derecho de propiedad.
Citó el caso "Verrocchi" como precedente.
Importancia:
Este fallo reafirma los límites del poder ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia, subrayando la importancia del respeto a la separación de poderes y los derechos constitucionales.
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