Resumen fallo Levy

Levy, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía y Superintendencia de Seguros de la Nación)

El caso "Levy, Horacio Alberto y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía y Superintendencia de Seguros de la Nación)" trata sobre la demanda presentada por agentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, quienes solicitan la inconstitucionalidad del Decreto 2192/86 y el pago de montos adeudados del "Fondo de Estímulo" conforme a la Ley 20.091. Este fondo se financia a través de una tasa uniforme que las entidades aseguradoras deben retener de las primas de seguros.

Los demandantes argumentan que el decreto viola la jerarquía normativa establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional, ya que un decreto no puede derogar una ley de mayor jerarquía, además de considerar que los fondos eliminados no son públicos, sino que provienen de aportes de asegurados.

El Estado Nacional defiende el decreto alegando que es necesario para una política salarial justa y que, aunque el Congreso no lo haya ratificado, su no rechazo implica una aprobación tácita. La Superintendencia de Seguros suma argumentos en esta línea.

El juez de primera instancia falló a favor de los demandantes, declarando la inconstitucionalidad del decreto, pero la Cámara Nacional de Apelaciones revocó esta decisión, considerando que los fondos sí tienen carácter público y que el decreto es un reglamento de necesidad y urgencia válido.

 la Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió en última instancia sobre dos cuestiones principales: la naturaleza de los fondos en cuestión y la validez del Decreto 2192/86 como un reglamento de necesidad y urgencia.

Naturaleza de los Fondos: La Corte concluyó que los fondos provenientes de la tasa uniforme prevista en el artículo 81 de la Ley 20.091 tienen carácter de "fondos públicos". A pesar de su afectación específica para el pago de un "Fondo de Estímulo" al personal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, estos fondos son considerados públicos porque son recaudados por un ente estatal y destinados al cumplimiento de funciones estatales. La autarquía administrativa del organismo no implica independencia financiera respecto del Tesoro Nacional.

Validez del Decreto 2192/86: La Corte sostuvo que el decreto, al ser un reglamento de necesidad y urgencia, tiene el mismo rango que una ley formal, especialmente en contextos de emergencia que justifican su emisión. Además, la falta de rechazo explícito por parte del Congreso se interpreta como una aprobación tácita, conforme a la doctrina establecida en casos anteriores, como "Peralta, Luis Arcenio y otros c/ Estado Nacional". Así, el decreto fue considerado válido y en vigencia.