Resumen del fallo Barreto: competencia originaria y responsabilidad del Estado provincial

Fallo Barreto

Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallo del 21 de marzo de 2006. Fallos: 329:759.

Introducción

En el fallo Barreto, la Corte Suprema delimitó su competencia originaria, es decir, los casos que comienzan directamente ante ella. Frente a una demanda por daños atribuida a la actuación de la policía bonaerense, resolvió que no correspondía intervenir en esa instancia. El punto central no fue decidir si existía derecho a una indemnización, sino determinar qué jurisdicción debía conocer del reclamo. (ver considerandos 7 a 14 y parte dispositiva)

Hechos y planteo de los actores

Barreto y Galarza promovieron una demanda contra la Provincia de Buenos Aires y el policía Talavera para obtener una indemnización por la muerte de su hija menor de edad. Según su relato, la niña había sido baleada por el agente mientras este perseguía a dos personas sorprendidas cuando intentaban abrir un vehículo, utilizando el arma reglamentaria. También atribuyeron a la provincia una preparación técnica y psicológica defectuosa del policía. Estos fueron los hechos y las imputaciones expuestos por los demandantes, no una declaración de responsabilidad contenida en este fallo. (ver considerando 1)

Los actores denunciaron domicilio real en la Capital Federal y fundaron su pretensión en el artículo 1112 del Código Civil citado en la sentencia. El Procurador Fiscal subrogante señaló inicialmente contradicciones en la información sobre ese domicilio y dictaminó que la causa era ajena a la instancia originaria hasta que se aclararan. Luego se produjo una información sumaria con ese objeto. (ver considerandos 1 y 2)

Cuestión jurídica y normas examinadas

La cuestión era si el reclamo podía considerarse una "causa civil" a los efectos de la competencia originaria de la Corte por la distinta vecindad entre los actores y la provincia demandada. El Tribunal examinó los artículos 116 y 117 de la Constitución y el artículo 24, inciso 1°, del decreto-ley 1285/58. Para este supuesto de competencia por razón de las personas, no bastaba la distinta vecindad: también debía reunirse el requisito de causa civil. (ver considerandos 3 y 7)

El fallo relacionó ese límite con la autonomía provincial y los poderes no delegados a la Nación, contemplados en los artículos 121 y siguientes de la Constitución. Consideró las leyes bonaerenses 12.154 y 12.155 sobre seguridad pública y el Código Contencioso Administrativo provincial, ley 12.008, con la modificación de la ley 13.101 citada en la sentencia. No declaró inconstitucionales esas normas: definió el alcance de su propia competencia frente al derecho público local. (ver considerandos 8, 10, 11 y 13 a 15; parte dispositiva)

El cambio respecto del criterio anterior

Desde el precedente De Gandia de 1992, la Corte había calificado como civiles ciertas demandas indemnizatorias contra provincias por presunta falta de servicio, apoyadas en normas de derecho común. Acreditada la distinta vecindad o la extranjería, ese criterio permitía su intervención originaria. En Barreto, los jueces que suscribieron la decisión consideraron necesario abandonar esa calificación generalizada. (ver considerandos 3 y 4)

El Tribunal recordó que seguir los precedentes favorece la seguridad jurídica, pero esa regla no impide todo cambio. La modificación requiere causas suficientemente graves o razones de justicia. Entre ellas mencionó el reconocimiento de un error, las lecciones de la experiencia y los cambios de circunstancias que justifican revisar el criterio anterior. (ver considerando 4)

En este caso, la Corte señaló que la amplitud del criterio anterior había expandido su competencia originaria a una gran variedad de controversias sobre responsabilidad provincial. Esa expansión comprometía recursos limitados y dificultaba su función de intérprete final de la Constitución. Por eso propuso una interpretación más rigurosa de ese ámbito de competencia, también en resguardo de las autonomías provinciales. (ver considerandos 5 a 7)

Fundamentos de la decisión

La Corte definió como "causa civil", para este supuesto de competencia originaria por distinta vecindad o extranjería, al litigio regido exclusivamente por normas y principios de derecho privado. Esa exigencia comprende la relación jurídica, los presupuestos de la responsabilidad y, en su caso, la determinación y valoración del daño. Quedan fuera los reclamos cuya solución requiere aplicar derecho público provincial o examinar actos de las autoridades locales en ejercicio de sus facultades propias. (ver considerandos 8 y 14)

El reclamo de los actores se vinculaba con una presunta falta de servicio de la policía provincial en tareas de prevención del delito. La Corte lo encuadró en la responsabilidad extracontractual del Estado local por el cumplimiento irregular de funciones propias. Para examinarlo era necesario estudiar el régimen administrativo bonaerense de seguridad pública y las obligaciones del personal policial, materia de derecho público provincial. (ver considerandos 9 a 11)

Invocar el Código Civil no modificaba esa naturaleza. La Corte explicó que los principios de responsabilidad y reparación no pertenecen exclusivamente al derecho privado y deben interpretarse según la relación jurídica de que se trate. Incluso si se aplicaran disposiciones civiles de manera subsidiaria, estas se integrarían al régimen de derecho administrativo pertinente. (ver considerando 12)

El Código Contencioso Administrativo bonaerense reforzaba esa conclusión: atribuía a esa jurisdicción las pretensiones originadas en el ejercicio de funciones administrativas y las controversias sobre responsabilidad patrimonial provincial regidas por el derecho público, aun cuando se invocaran por analogía normas privadas. La Constitución, a su vez, exige respetar las instituciones locales en las materias no delegadas. (ver considerandos 13 y 15)

Decisión y magistrados firmantes

La Corte declaró su incompetencia para entender originariamente en el juicio y ordenó remitir las actuaciones al superior tribunal de la Provincia de Buenos Aires para que decidiera qué tribunal debía intervenir por razón de la materia. No concedió ni rechazó la indemnización reclamada: resolvió únicamente la competencia. (ver parte dispositiva)

La decisión fue suscripta por Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay. El texto oficial de esta sentencia no contiene votos separados ni disidencias. (ver parte dispositiva y firmas)

Alcance e importancia del fallo

La negativa a intervenir originariamente no impedía toda actuación posterior de la Corte. El Tribunal dejó a salvo la posibilidad de conocer sobre cuestiones federales por la vía del recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48, siempre que se cumplieran sus requisitos de admisibilidad. Incluyó entre esas cuestiones una eventual lesión a la garantía de imparcialidad del órgano judicial interviniente. (ver considerando 16)

Barreto permite estudiar la diferencia entre pedir una reparación económica y litigar una causa regida por derecho privado. Su doctrina delimita la competencia originaria en el supuesto examinado y busca conciliar la protección de los particulares con la autonomía provincial y la función constitucional de la Corte. No significa que las provincias queden exentas de responsabilidad ni que toda demanda contra ellas esté excluida de cualquier intervención del Tribunal. (ver considerandos 7, 14 y 16; parte dispositiva)

Cuestionario sobre el fallo Barreto

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Pregunta 1 de 10

¿Qué reclamaban los actores?

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Resumen del fallo Elortondo: expropiación y control de constitucionalidad

Fallo Elortondo

Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. de Elortondo

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fallo del 14 de abril de 1888. Fallos: 33:162.

Introducción

El 14 de abril de 1888, la Corte Suprema resolvió hasta dónde podía llegar una expropiación para abrir la Avenida de Mayo en Buenos Aires. No se discutía la utilidad de construir la avenida, sino si la Municipalidad podía tomar también las partes de los inmuebles que quedarían fuera de ella. La mayoría protegió el derecho de propiedad frente a ese exceso y afirmó el deber judicial de controlar la constitucionalidad de las leyes en los casos concretos. (ver considerandos 2, 25 y 27)

Hechos y recorrido del caso

Una ley del Congreso del 31 de octubre de 1884 autorizó la apertura de una avenida que partiera de la Plaza de Mayo y llegara a la calle Entre Ríos, entre las calles Rivadavia y Victoria. Para realizarla, declaró de utilidad pública la expropiación de las fincas y terrenos afectados. La Municipalidad reclamó la totalidad de una finca de Elortondo ubicada en la calle Perú, aunque sólo una parte sería ocupada por la avenida. (ver vistos y considerando 1)

Elortondo aceptaba desprenderse de la porción necesaria para la obra, pero pretendía conservar el resto. El juez federal admitió la expropiación de toda la finca y la cuestión llegó a la Corte por apelación. El conflicto no consistía en impedir la avenida, sino en determinar la validez de expropiar las fracciones laterales no necesarias para ella. (ver reseña del caso, vistos y considerando 2)

Normativa y problema constitucional

Los artículos 4 y 5 de la ley de 1884 eran el objeto del examen: el primero autorizaba la avenida y el segundo declaraba de utilidad pública los inmuebles afectados. La Corte entendió que la autorización legal comprendía también la totalidad de los inmuebles alcanzados, no sólo la franja de la calle; por eso debía resolver si ese alcance era compatible con la Constitución. (ver vistos y considerandos 1 y 2)

El artículo 17 de la Constitución protege la propiedad y exige que la expropiación por utilidad pública sea calificada por ley y previamente indemnizada. La mayoría relacionó esa garantía con el artículo 28: el Congreso no puede alterar la esencia de los derechos al reglamentarlos. El pago del valor del bien no vuelve constitucional cualquier apropiación estatal. (ver considerandos 3 a 6; para la formulación expresa de la indemnización previa, ver disidencia de Zavalía, página 200 de la colección Fallos)

Argumentos enfrentados

La pretensión municipal encontraba apoyo en la autorización del Congreso para expropiar los inmuebles afectados. Respecto de los sobrantes, la mayoría examinó los antecedentes del proyecto y concluyó que se buscaba que la Municipalidad obtuviera las ganancias de su posterior venta. Elortondo objetaba precisamente que se le quitara lo que no necesitaba la obra para que el municipio lo negociara. (ver considerandos 1, 15 y 16; disidencia de Zavalía, página 198 de la colección Fallos)

Fundamentos de la mayoría

Para la mayoría, la expropiación es una facultad excepcional: permite ocupar la propiedad privada indispensable para un fin público, pero no extenderse a bienes que ese fin no requiere. No puede usarse sólo para obtener una utilidad pecuniaria o aumentar los recursos fiscales mediante la reventa de lo expropiado. En el caso, la ocupación de los sobrantes excedía los límites constitucionales. (ver considerandos 4, 6 a 8 y 14 a 16)

El Tribunal distinguió la expropiación de las contribuciones por mejoras. Que una obra aumente el valor de las propiedades vecinas no permite, por ese solo motivo, expropiarlas: la compensación del beneficio recibido tiene una vía distinta, mediante una contribución proporcional y equitativa. Convertir la expropiación en un recurso financiero ordinario desnaturalizaría esa institución. (ver considerandos 8, 10 y 12)

La facultad legislativa de calificar la utilidad pública merecía deferencia, pero no era ilimitada. Cuando el Congreso excede claramente sus atribuciones constitucionales, los jueces deben proteger el derecho afectado: deben comparar la ley con la Constitución y abstenerse de aplicarla si existe contradicción. La Corte aclaró que aquí no negaba la utilidad pública de la avenida; examinaba la extensión de los terrenos que podían tomarse para construirla. (ver considerando 25)

La mayoría también distinguió los precedentes sobre terrenos destinados al Ferrocarril Central Argentino, pues allí se había tenido en cuenta su población y colonización para dar vida a la vía. Añadió una regla de lectura de la jurisprudencia: las expresiones generales de un fallo deben entenderse en relación con las circunstancias que lo motivaron y no trasladarse sin más a otros casos. (ver considerando 26)

Decisión

La mayoría, integrada por Victorica, Frías, Ibarguren y de la Torre, revocó la sentencia apelada. Consideró contraria a la Constitución la ley en cuanto autorizaba la enajenación forzosa de terrenos que no serían ocupados por la vía pública y declaró que sólo procedía expropiar la parte de la finca necesaria para la avenida. No prohibió la obra ni toda expropiación: rechazó el exceso discutido en ese caso. (ver considerando 27 y parte dispositiva)

Disidencia de Zavalía

Zavalía propuso confirmar la sentencia que admitía la expropiación total. Destacó la presunción de constitucionalidad de las leyes y entendió que la calificación de utilidad pública correspondía al Congreso. A su juicio, discutir si se necesitaba toda la finca implicaba sustituir el criterio legislativo por el de los jueces, no demostrar una contradicción con la Constitución. (ver disidencia de Zavalía, páginas 198 a 207 de la colección Fallos)

Agregó razones de financiamiento y equidad: la venta de los sobrantes permitiría recuperar parte del costo de la avenida y evitar que la comunidad financiara una mejora que enriqueciera solamente a algunos propietarios. También tuvo en cuenta la planificación del conjunto urbano. Estos fueron argumentos de la disidencia, no la solución adoptada por la Corte. (ver disidencia de Zavalía, páginas 207 a 211 de la colección Fallos)

Importancia del fallo

El caso permite estudiar dos límites relacionados: la obra pública no elimina la protección constitucional de la propiedad y la existencia de una ley no impide el control judicial en un litigio concreto. La conclusión debe leerse con su alcance preciso: se trató de los sobrantes no necesarios para esa avenida, no de una anulación general del poder estatal de expropiar. (ver considerandos 6, 25 y 27)

Cuestionario sobre el fallo Elortondo

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Pregunta 1 de 10

¿Qué obra originó el conflicto?

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Caso Moliné O'Connor Vs. Argentina - Destitución de un juez de la Corte Suprema e independencia judicial

Fallo Moliné O'Connor

Caso Moliné O'Connor Vs. Argentina

Corte Interamericana de Derechos Humanos · Sentencia de 20 de agosto de 2026 (Fondo, Reparaciones y Costas), notificada el 12 de noviembre de 2026 · Serie C No. 599.

De qué trata el fallo

La Corte Interamericana examinó la destitución de Moliné O'Connor, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, decidida por el Senado en el juicio político de 2003. Concluyó que fue removido por el criterio jurídico expresado en decisiones dictadas en el ejercicio de su función jurisdiccional, lo que vulneró la independencia judicial, y que los recursos judiciales que presentó en Argentina no le brindaron una protección efectiva. También declaró violados sus derechos políticos, de propiedad, al trabajo y a la seguridad social, y la afectación de su proyecto de vida. (ver párrafos 1, 126 a 131 y 171 de la sentencia)

La sentencia fue dictada en San José, Costa Rica, el 20 de agosto de 2026 y fue notificada el 12 de noviembre de 2026, cuando la Corte la dio a conocer públicamente. Esta entrada repasa primero el recorrido del caso en Argentina y luego su trámite en el sistema interamericano. (ver párrafos 15 y 308)

Hechos: el juicio político de 2003

El 4 de junio de 2003 el presidente Néstor Kirchner, en un mensaje por cadena nacional, pidió al Congreso separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema, en referencia al grupo de jueces conocido como la "mayoría automática". En ese contexto, el presidente de la Corte, Nazareno, renunció en junio de 2003 y el juez López en octubre de ese año; el juez Vásquez renunció en 2004 y el juez Boggiano fue destituido por el Senado en 2005. (ver párrafos 35 a 38)

El 3 de julio de 2003 la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados declaró admisibles cuatro pedidos de juicio político contra Moliné O'Connor y, el 13 de agosto, la Cámara aprobó formular la acusación ante el Senado. El dictamen le atribuyó "mal desempeño" por su actuación en tres causas resueltas por la Corte Suprema: la causa Meller S.A. (sobre la impugnación de un laudo arbitral en un reclamo contra el Estado), la causa Magariños (relativa a la sanción impuesta por la Corte a un juez) y la causa Macri (referida a un proceso penal por presunto contrabando), con tres cargos por cada una. (ver párrafos 39 a 43)

En el trámite ante el Senado, constituido en tribunal de juicio político, fueron rechazadas las recusaciones que la defensa planteó contra varios senadores, se le negó una prórroga para ejercer su defensa y no se le permitió leerla en sesión plenaria. El 8 de octubre de 2003 el Senado dispuso su suspensión preventiva en el cargo sin goce de haberes. (ver párrafos 46 a 58)

El 3 de diciembre de 2003, tras deliberar en sesión secreta, el Senado votó los nueve cargos. Solo dos, ambos vinculados a la causa Meller S.A. ("haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento" y "haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad"), reunieron 45 votos de 64, más de los dos tercios exigidos por el artículo 59 de la Constitución. Con ese fundamento, el Senado lo declaró destituido del cargo de ministro de la Corte Suprema por la causal de mal desempeño. No alcanzaron los dos tercios los demás cargos ni la declaración de inhabilidad para ocupar otros empleos públicos. (ver párrafos 62 a 65)

El recorrido judicial en Argentina

Moliné O'Connor interpuso recurso extraordinario federal contra la destitución, que el Senado desestimó con el argumento de que sus decisiones no son revisables judicialmente. Acudió entonces en queja ante la Corte Suprema, cuyos jueces se excusaron de intervenir en los asuntos vinculados con el juicio político, por lo que el tribunal debió integrarse con conjueces. (ver párrafos 60 y 67)

El 1 de junio de 2004 la Corte desestimó por mayoría la queja contra la destitución; los conjueces Frondizi, Pérez Petit y Fossati disintieron y votaron por dejar sin efecto la destitución (Fallos: 327:1914). En otro pronunciamiento del mismo día, remitido a esa sentencia y al dictamen de la Procuración General, la Corte volvió a desestimar la queja; allí Frondizi y Pérez Petit votaron por declararla abstracta (Fallos: 327:2048). Sostuvo que el procedimiento de juicio político es susceptible de revisión judicial, pero solo en cuanto al respeto de las garantías de defensa en juicio y del debido proceso, sin reexaminar la solución de fondo, que permanece en la zona de las cuestiones políticas no justiciables. Aunque reafirmó el principio de que un magistrado no puede ser destituido por el contenido de sus sentencias, consideró que en el caso la destitución reposaba en la configuración de la causal de mal desempeño que el Senado tuvo por acreditada, estimación que no podía ser alcanzada por su poder de revisión. (ver párrafo 67)

El 9 de junio de 2004, en otro fallo, la Corte hizo lugar parcialmente a la queja contra la suspensión preventiva (Fallos: 327:2205): mantuvo la posibilidad de suspender al enjuiciado, pero revocó la resolución del Senado en cuanto dispuso que la suspensión fuera sin goce de haberes, por considerarla innecesaria y excesiva. (ver párrafo 61)

La destitución tuvo además un efecto previsional. En 1998 se le había otorgado a Moliné O'Connor una pensión vitalicia conforme a la Ley Nº 24.018 y, el 19 de octubre de 2004, el Ministerio de Desarrollo Social se la revocó aplicando su artículo 29, por haber sido destituido por juicio político. En 2006 promovió una demanda contencioso-administrativa. En 2014 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad de ese artículo y le dio la razón, pero el 30 de octubre de 2024 la Corte Suprema revocó esa sentencia y rechazó la demanda (Fallos: 347:1673), remitiendo a sus precedentes "Marquevich" y "Boggiano". Moliné O'Connor había fallecido el 20 de agosto de 2014, durante ese largo litigio. (ver párrafos 68 a 72 y 245 a 247)

Sobre el fallo argentino de 2004 ya existe una entrada en este blog: Control judicial de las decisiones del Senado de la Nación.

El camino en el sistema interamericano

El 17 de noviembre de 2003, mientras estaba suspendido y antes de la destitución, el propio Moliné O'Connor presentó la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 16 de marzo de 2023 la Comisión aprobó por unanimidad el Informe de Admisibilidad y Fondo Nº 30/23, en el que concluyó que el Estado argentino era responsable por la violación, entre otros, del principio de independencia judicial, del derecho a una autoridad imparcial, a resoluciones adecuadamente motivadas, a la participación política y a la protección judicial. (ver párrafos 2 y 3)

Como el Estado no informó sobre el cumplimiento de las recomendaciones, el 20 de agosto de 2024 la Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana, "ante la necesidad de justicia y reparación integral" y teniendo en cuenta la voluntad de los familiares. La representación de la víctima quedó a cargo de su esposa y de sus hijos. La audiencia pública se realizó el 25 de septiembre de 2025 en Asunción, Paraguay, y la Corte deliberó la sentencia en varias sesiones virtuales entre mayo y agosto de 2026. La jueza Verónica Gómez, de nacionalidad argentina, no participó en la tramitación ni en la deliberación del caso, conforme al Reglamento. (ver párrafos 4 a 15)

Normas y derechos en discusión

La Comisión pidió que se declarara la violación de los artículos 8.1 (garantías judiciales, que incluyen la independencia judicial), 9 (principio de legalidad), 23.1.c (derechos políticos: permanencia en el cargo público en condiciones de igualdad) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2. Los representantes agregaron alegatos sobre los derechos a ser oído, a la defensa, a la propiedad privada (artículo 21) y a la seguridad social (artículo 26). En el plano interno, estaban en juego los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional, que regulan el juicio político; el artículo 110, que garantiza a los jueces la permanencia en el cargo mientras dure su buena conducta y la intangibilidad de su compensación; y el artículo 29 de la Ley Nº 24.018, que excluye el beneficio previsional de quien fue removido por mal desempeño. (ver párrafos 5, 7, 73 a 75 y 157)

Fundamentos de la Corte Interamericana

Independencia judicial. La Corte constató que los nueve cargos se fundaron en el cuestionamiento de resoluciones específicas dictadas por la Corte Suprema, y que los dos cargos que sustentaron la destitución se centraban en el criterio jurídico con el que la mayoría del tribunal, incluido Moliné O'Connor, había decidido no conocer las impugnaciones del Estado contra un laudo arbitral. La imputación de "mal desempeño" no se basó en conductas ilícitas determinadas ni en negligencia inexcusable, sino en la discrepancia del Congreso con ese criterio jurisdiccional. Remover a un juez por el contenido de sus decisiones constituyó un serio menoscabo a la independencia judicial, en violación del artículo 8.1 de la Convención. (ver párrafos 123 a 131)

Debido proceso. La Corte también encontró falta de motivación en la decisión que dispuso la suspensión preventiva sin goce de haberes: una medida tan restrictiva exigía un análisis de proporcionalidad que el Senado no realizó. (ver párrafos 145 y 146)

Protección judicial. La Corte Interamericana consideró que el control judicial de una destitución como esta debía comprender el examen de los fundamentos en que se sustentó, para verificar su compatibilidad con la independencia judicial, sin que ello implicara sustituir las valoraciones políticas propias del juicio político. La revisión acotada que hizo la Corte Suprema argentina en 2004 no brindó una respuesta adecuada a los agravios denunciados, en violación de los artículos 8.1 y 25.1. (ver párrafos 208 a 210)

Derechos políticos, trabajo y proyecto de vida. El cese arbitrario afectó las garantías de inamovilidad y estabilidad en el cargo (artículo 23.1.c) y, por aplicación del principio iura novit curia, el derecho al trabajo (artículo 26). La remoción interrumpió abruptamente una carrera de más de trece años en el máximo tribunal y truncó sus expectativas de realización profesional, lo que configuró una afectación a su proyecto de vida. (ver párrafos 157 a 170)

Pensión, propiedad y plazo razonable. La revocación de la pensión vitalicia derivó de la destitución arbitraria, por lo que vulneró los derechos a la seguridad social (artículo 26) y a la propiedad privada (artículo 21). Además, el proceso judicial interno sobre la pensión se prolongó injustificadamente por más de una década, en violación de la garantía del plazo razonable (artículo 8.1). En cambio, la Corte no encontró una violación de la protección judicial en el fallo de 2024 de la Corte Suprema, que analizó en su integridad la cuestión de constitucionalidad planteada. (ver párrafos 220 a 249)

Votos y disidencias parciales

La sentencia fue dictada por seis jueces. Lo central se declaró por unanimidad: las violaciones de las garantías judiciales, los derechos políticos y la protección judicial (artículos 8.1, 23.1.c y 25.1), así como el derecho de propiedad (artículo 21) y el plazo razonable. La afectación al proyecto de vida se declaró con tres votos a favor y tres parcialmente en contra (disidencias parciales de los jueces Pérez Manrique, Borea Odría y Mudrovitsch), y la violación del artículo 26 (trabajo y seguridad social) con cuatro votos a favor y dos en contra (disidencias de la jueza Pérez Goldberg y el juez Borea Odría). Varios jueces formularon votos concurrentes. (ver puntos resolutivos 1 a 5)

Qué decidió la Corte

La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino y dispuso, como medidas de reparación: que la sentencia constituye por sí misma una forma de reparación; que el Estado regularice el régimen de la pensión que correspondía a Moliné O'Connor conforme a la Ley Nº 24.018, incluidos los eventuales derechos de sus beneficiarios y con efectos desde su fallecimiento, en el plazo de un año; que publique el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial y en un medio de amplia circulación nacional, y la sentencia íntegra en los sitios web del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, la ANSES y el Congreso, además de difundirla en las redes sociales oficiales del Congreso y de la Corte Suprema; y que pague determinadas cantidades de dinero por concepto de daños materiales e inmateriales y de costas y gastos, que deberán hacerse efectivas a su esposa y a sus hijos. (ver párrafos 258, 262, 263, 288, 294 y 300)

Además, la Corte señaló que corresponde a las autoridades internas interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución argentina con respeto a los derechos al debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos, conforme a la Convención Americana y a los estándares de su jurisprudencia. El Estado deberá rendir un informe sobre el cumplimiento dentro del plazo de un año, y la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia. (ver párrafos 269 y 308)

La enseñanza central del caso es que ningún juez puede ser removido por el criterio jurídico expresado en sus decisiones, que incluso un juicio político debe respetar las garantías del debido proceso, y que el control judicial de una destitución debe verificar la compatibilidad de sus motivos con la Convención Americana. (ver párrafos 130 y 208 a 210)

Cuestionario del caso Moliné O'Connor

Repasá el caso. Mostrá cada respuesta y avanzá a la siguiente pregunta.

Pregunta 1 de 10: ¿Por qué fue destituido Moliné O'Connor, según la Corte Interamericana?

Fuente

Resumen del fallo A., L. P. (educación inclusiva)

Fallo A., L. P.

A., L. P. c/ Consejo General de Educación de Entre Ríos s/ acción de amparo

Corte Suprema de Justicia de la Nación · 12 de noviembre de 2026 · CSJ 3313/2025/RH1.

De qué trata el fallo

Una madre de Rosario del Tala (Entre Ríos) reclamó por su hija adolescente, titular de un certificado de discapacidad, que había quedado sin escolarización efectiva: pidió que se ordenara al Consejo General de Educación provincial implementar un Proyecto Pedagógico Individual (PPI) que le garantizara una trayectoria educativa completa. La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado el amparo sin resolver el pedido, con el solo fundamento de que existía un trámite administrativo previo sobre la misma cuestión. El caso plantea el alcance del derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad y los límites a los formalismos que cierran el acceso a la justicia. (ver considerandos 1° y 8° del voto de la mayoría)

Hechos y recorrido judicial

La adolescente cursó la primaria y comenzó la secundaria en escuelas comunes de Rosario del Tala, pero en mayo de 2025 dejó de concurrir. En el trámite administrativo abierto ante el Consejo General de Educación, las autoridades le propusieron a la familia un cambio hacia la modalidad de escuela integral, luego cursar solo cuatro espacios curriculares (Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología) y, por último, una propuesta en una escuela de educación especial. La madre rechazó esos ofrecimientos por considerar que no aseguraban una inclusión real, y por carta documento del 4 de agosto de 2025 intimó al Consejo a presentar una propuesta acorde a las necesidades de su hija. (ver considerandos 2° y 7° del voto de la mayoría)

El juez de primera instancia hizo lugar al amparo y ordenó al Consejo General de Educación elaborar, en el plazo de veinte días corridos, un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente, conforme la resolución 3750/2021 del propio Consejo (modificada por la resolución 2940/2023). Entendió que la vía era admisible aun con el trámite administrativo en curso, por la relevancia del derecho en juego y porque la menor no estaba escolarizada. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó esa decisión y rechazó la acción: aplicó el artículo 3°, inciso b, de la ley provincial 8369, que declara inadmisible el amparo cuando el interesado promovió otra acción o recurso sobre el mismo hecho o tiene uno pendiente, al considerar que el procedimiento administrativo era una vía “claramente idónea” y que el amparo tiene naturaleza excepcional. (ver considerandos 2° y 3° del voto de la mayoría)

La cuestión ante la Corte

Contra ese rechazo, la actora llegó a la Corte por un recurso de queja. Sostuvo que la sentencia provincial era arbitraria por incurrir en un exceso ritual manifiesto: privilegió formalismos sobre derechos de jerarquía constitucional como la tutela judicial efectiva, el interés superior del niño y el derecho a una educación inclusiva, mientras la joven llevaba más de cinco meses sin escolarización efectiva. La Corte admitió tratar el caso porque, aunque en principio el rechazo de un amparo no es una sentencia definitiva, se le equipara cuando causa un agravio de imposible o dificultosa reparación ulterior, situación que se verificaba en una menor que no se encuentra escolarizada. (ver considerandos 4° y 5° del voto de la mayoría)

El voto de la mayoría: los jueces Rosatti y Rosenkrantz

Los jueces Rosatti y Rosenkrantz, en un voto conjunto, recordaron la doctrina de la Corte según la cual la admisibilidad del amparo no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, porque la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, y la existencia de otras vías que obstan a su procedencia no puede afirmarse en abstracto sino que depende de la situación concreta (Fallos: 330:4647). (ver considerando 6° del voto de la mayoría)

Aplicada esa pauta, concluyeron que el Superior Tribunal no había dado razones para sostener que el procedimiento administrativo fuera una vía idónea y efectiva: las propias autoridades provinciales habían dejado asentado que ya se habían realizado “todas las intervenciones” con las distintas propuestas que el sistema educativo ofrecía en la zona, lo que mostraba que ese trámite estaba concluido o, cuanto menos, no era un canal idóneo para resolver el conflicto. Frente a ello, los jueces provinciales tenían el deber de actuar con premura y dar una respuesta jurisdiccional que no se detuviera en formalismos. Por eso la sentencia incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró la tutela judicial efectiva, tanto más cuanto que el artículo 43 de la Constitución Nacional solo excluye el amparo cuando existe otro medio judicial más idóneo. (ver considerandos 7° y 8° del voto de la mayoría)

El voto del juez Lorenzetti

El juez Lorenzetti coincidió en el resultado con fundamentos propios. Sostuvo que el amparo es la vía idónea para la tutela de los derechos fundamentales: el criterio de excepcionalidad frente a otras vías no es admisible cuando lo que está en juego es la defensa urgente de esos derechos, de modo que el amparo es “presuntivamente” el proceso más idóneo para esa tutela. (ver considerando 5° de su voto)

Además, desarrolló que todas las personas tienen un derecho fundamental de acceso a la educación (artículo 14 de la Constitución Nacional), reforzado por tratados con jerarquía constitucional: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 28 y 29) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24), además de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la normativa de Entre Ríos. Ese derecho no puede quedar en una mera declaración: es operativo y confiere una pretensión de implementación efectiva, y quien pretende restringirlo tiene la carga de justificarlo. (ver considerandos 6° y 7° de su voto)

En el caso, remarcó que el procedimiento administrativo no había sido iniciado por la actora, no tenía carácter contencioso y estaba concluido, por lo que no se advertía qué resolución útil podía esperarse de él. Agregó que el ofrecimiento de cursar solo cuatro espacios curriculares, que excluía los principales ejes educativos, no cumplía el estándar mínimo de la propia regulación provincial. Por eso el rechazo del amparo ocasionaba un agravio de imposible reparación ulterior y el tribunal provincial vulneró el derecho de la joven, al margen de los criterios consolidados de la Corte en materia de amparo, educación y discapacidad. (ver considerandos 8° a 10° de su voto)

Lo que decidió la Corte

Los tres jueces de la Corte Suprema coincidieron en el resultado: hicieron lugar a la queja, declararon formalmente admisible el recurso extraordinario y dejaron sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con costas. La causa vuelve al tribunal provincial para que dicte un nuevo pronunciamiento conforme a esta sentencia; el voto del juez Lorenzetti subrayó que debía hacerlo con la premura que la cuestión amerita. La Corte no resolvió el fondo del reclamo: no diseñó ni ordenó directamente el Proyecto Pedagógico Individual, cuya discusión quedó en manos de la justicia provincial. (ver parte dispositiva del fallo)

Cuestionario del fallo A., L. P.

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Pregunta 1 de 8: ¿Qué le pedía la madre a la justicia entrerriana?

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Resumen del fallo Papel Prensa - federalismo ambiental y control de efluentes

Fallo Papel Prensa

Papel Prensa S.A. c/ Estado Nacional (Buenos Aires, Provincia de, citada 3°) s/ acción meramente declarativa

Corte Suprema de Justicia de la Nación · 3 de noviembre de 2015 · Fallos: 338:1183.

De qué trata el fallo

Una empresa papelera con planta en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, le pidió a la Corte que declarara qué autoridad podía controlar el vuelco de sus efluentes industriales: la Nación o la provincia. La Corte hizo lugar a la demanda y resolvió que el control correspondía a la Provincia de Buenos Aires, porque el Estado Nacional no había probado que la contaminación que denunciaba se extendiera más allá del territorio provincial. (ver considerandos 3°, 17° y parte dispositiva)

Hechos y recorrido judicial

En agosto de 2007, funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se presentaron en la planta de Papel Prensa S.A. en San Pedro, la intimaron a exhibir el permiso provincial de vuelco de efluentes y le requirieron la toma de muestras del líquido industrial. La empresa se negó a la inspección: entendía que el control ambiental de su actividad correspondía a la provincia, donde estaba la planta y que le había otorgado el permiso para verter en el río Baradero. Así quedó asentado en las actas labradas los días 29 y 30 de agosto de 2007. (ver antecedente I del fallo)

Papel Prensa S.A. promovió entonces una acción meramente declarativa de certeza contra el Estado Nacional, prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para salir del estado de incertidumbre y lograr que se declarara que la jurisdicción de control era exclusivamente provincial. La causa comenzó ante el juzgado federal de San Nicolás, cuyo juez se declaró incompetente; la Corte asumió el caso por su competencia originaria, corrió traslado de la demanda al Estado Nacional, citó como tercero a la Provincia de Buenos Aires y rechazó la medida cautelar pedida por la empresa. (ver antecedentes I a III del fallo)

Las posiciones de cada parte

El Estado Nacional defendió la fiscalización. Invocó el artículo 41 de la Constitución Nacional y las leyes 24.051 de residuos peligrosos, 25.688 de gestión de aguas y 25.675 general del ambiente. Sostuvo que el artículo 1° de la ley 24.051 lo habilitaba a actuar cuando los residuos pudieran afectar a las personas o al ambiente más allá de la provincia, y que sus informes mostraban valores de demanda bioquímica y química de oxígeno (DBO y DQO) por encima de los límites y residuos con entidad ecotóxica. En ese marco, afirmó que no podía descartarse la contaminación del río Paraná de las Palmas, una vía fluvial interjurisdiccional en la que desemboca el Baradero. (ver antecedente IV del fallo)

La Provincia de Buenos Aires, citada como tercero, explicó que el río Baradero es un curso de agua provincial, que venía ejerciendo el poder de policía ambiental sobre la actividad de la empresa y que los residuos se trataban dentro de su territorio. Reconoció que la ley nacional puede aplicarse a empresas radicadas en la provincia en determinados supuestos, pero sostuvo que la concurrencia de facultades nacionales solo podía admitirse si la demandada demostraba los supuestos de excepción previstos en la ley 24.051. (ver antecedente V del fallo)

La Procuradora General Gils Carbó dictaminó el 22 de octubre de 2013 que el Estado Nacional sí contaba con facultades para controlar la planta y que correspondía rechazar la demanda. La Corte resolvió después en sentido contrario. (ver antecedente VII, dictamen y parte dispositiva del fallo)

Normas en discusión

En el centro del caso estuvieron el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y reparte competencias: a la Nación le cabe dictar los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las normas complementarias, sin que las facultades nacionales puedan alterar las jurisdicciones locales. También los artículos 43, 75 (incisos 17, 18, 19 y 30) y 125, que configuran competencias concurrentes. (ver considerando 5°)

En el plano legal, la ley 24.051 de residuos peligrosos y su decreto reglamentario 831/93, la ley 25.675 general del ambiente con su principio precautorio, el régimen provincial integrado por las leyes 5965, 7229, 11.459, 11.720 y 11.723, y, en el plano internacional, el Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, aprobado por la ley 23.922. (ver considerandos 7°, 8° y 10°)

Federalismo ambiental: la regla es la jurisdicción compartida

La Corte recordó que, por la estructura federal de la Constitución, la regla y no la excepción es la existencia de jurisdicciones compartidas entre la Nación y las provincias, cuyas autoridades deben desenvolverse armoniosamente, evitando interferencias que acrecienten los poderes de una en desmedro de la otra: deben actuar para ayudarse y no para destruirse. (ver considerando 4°)

El ejercicio de las competencias concurrentes no implica enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita de gobierno, sino interrelación y cooperación en una materia común como la protección del medioambiente, sin perjuicio del poder de policía que, en primer término, está en cabeza de las provincias. Ambos poderes de policía, para ser válidos, deben respetar un principio de razonabilidad que relacione los medios elegidos con los fines perseguidos. (ver considerandos 5° y 6°)

Además, no había colisión entre las normas: la Provincia de Buenos Aires cuenta con un régimen propio y amplio sobre residuos especiales, afín a la ley nacional, cuya forma de ejercicio debe ser respetada salvo que se demuestre una repugnancia efectiva con la norma nacional, extremo que no se verificaba en el caso. (ver considerandos 10° y 11°)

La clave: el alcance del artículo 1° de la ley 24.051

Como en el caso no había transporte de residuos fuera de la provincia, todo se concentró en otra habilitación del artículo 1°: la que permite aplicar la ley nacional cuando, "a criterio de la autoridad de aplicación", los residuos "pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado". Aunque esa redacción parecía darle a la autoridad nacional una facultad discrecional, la Corte la interpretó junto con el debate parlamentario previo a la sanción y con el decreto 831/93. (ver considerandos 12° a 14°)

De esa lectura armónica concluyó que, sin transporte interestadual, la aplicación directa de la ley por la autoridad nacional solo operaba si se verificaba un supuesto de afectación de recursos interjurisdiccionales. El carácter interjurisdiccional era, entonces, la condición que definía cuál de las dos jurisdicciones gobernaba la conducta ambiental de la planta. (ver considerando 15°)

Lo que la prueba no mostró

La Corte revisó el expediente y concluyó que el Estado Nacional no había acreditado el presupuesto ineludible de su intervención. El informe del Instituto Nacional del Agua y las demás muestras solo cubrieron la boca de vuelco y puntos ubicados a 200 metros río arriba y a 100 metros río abajo, en un río provincial de 40 kilómetros de longitud: extremos absolutamente insuficientes para tener por configurada la interjurisdiccionalidad invocada. (ver considerandos 17° y 18°)

Que los informes oficiales dijeran que no podía "descartarse de plano" una afectación interjurisdiccional no equivalía a afirmar que existiera. Y aunque la autoridad nacional encuadró las muestras como residuos peligrosos por su entidad ecotóxica, no probó la afectación más allá de la frontera provincial que exigía la ley. Los propios controles posteriores mostraron parámetros por debajo de los niveles guía en el tramo provincial del río. (ver considerandos 19° y 20°)

El principio precautorio no alcanzaba para justificar la intervención federal

La Corte reconoció que el principio precautorio, previsto en la ley 25.675, impone al funcionario público una obligación de previsión extendida y anticipatoria: no se cumple la ley otorgando autorizaciones sin conocer sus efectos. Pero sostuvo que ese principio no autorizaba la intervención del Estado Nacional sin prueba del presupuesto legal, y que su aplicación recaía en primer lugar en la Provincia de Buenos Aires, que contaba con instrumentos legales propios para fiscalizar y actuar —incluso incorporó por resolución los estándares del decreto 831/93—, sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse entre jurisdicciones. (ver considerandos 21° y 22°)

Decisión y alcance

Por unanimidad —Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt y Maqueda—, la Corte hizo lugar a la demanda y declaró que el control de efluentes al que está sometida la empresa corresponde a la Provincia de Buenos Aires, en tanto no se demostró la afectación directa o indirecta más allá del territorio provincial, con costas al Estado Nacional. (ver parte dispositiva)

La enseñanza central: el alegado incumplimiento de normas ambientales no autoriza por sí solo la intervención de la autoridad federal. Aunque el principio precautorio podía dar una justificación inicial, ella no puede reconocerse cuando a lo largo de todo el proceso no existen pruebas que permitan afirmar que el volcado denunciado alcanza a más de un territorio. (ver considerando 23°)

Video del fallo Papel Prensa

Cuestionario del fallo Papel Prensa

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