RESUMEN FALLO OTTO WALD

WALD, OTTO s/ art. 302 del Código Penal

21/07/1967

Antecedentes

El imputado es sospechoso de haber cometido el delito de emisión de cheques sin fondo. 

En primera instancia, se dicta un sobreseimiento a su favor, lo que implica que no se considera que existan pruebas suficientes para llevarlo a juicio. Esta decisión es confirmada en segunda instancia, donde también se sostiene que no hay elementos para sustentar la acusación.

Sin embargo, la querella decide llevar el caso ante la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario. 

El debate se centra en si el recurso extraordinario debe concederse al querellante con el propósito de obtener una condena, excepto en casos de interés institucional. En este contexto, la cuestión planteada es si el recurso extraordinario debe ser limitado solo a casos de trascendencia institucional.

Resolución de la Corte

La Corte Suprema se pronuncia sobre el caso y considera que debe abordar la cuestión planteada por el Procurador General en relación a la interpretación de la jurisprudencia existente. Esta jurisprudencia establece que el recurso extraordinario no debe concederse al querellante con el objetivo de obtener una condena, a menos que exista un interés institucional en juego.

La Corte, en su actual composición, difiere de las limitaciones establecidas en los pronunciamientos anteriores. 

Argumenta que toda persona que tiene reconocida la capacidad de actuar en juicio para defender sus derechos está protegida por la garantía del debido proceso legal establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto aplica tanto si actúa como acusador o acusado, demandante o demandado. 

La Corte sostiene que existe un interés institucional en reparar cualquier agravio que esté fundamentado en la Constitución, independientemente de la naturaleza del procedimiento.

En ese sentido, la Corte considera que no se puede otorgar un trato diferenciado a quienes acuden a los tribunales buscando el reconocimiento o la declaración de un derecho, incluyendo la imposición de una pena. 

Para la Corte, la Constitución garantiza a todos los litigantes el derecho a obtener una sentencia fundamentada luego de un juicio llevado a cabo de manera legal.

En conclusión, la Corte Suprema resuelve que procede el recurso extraordinario en este caso en particular, basándose en la doctrina de la arbitrariedad. 

Esta doctrina se aplica cuando la decisión que rechaza la querella presentada por infracción de la ley penal se basa únicamente en circunstancias que no están relacionadas con la posible calificación del hecho.

Asimismo, la Corte destaca que la validez de un fallo judicial está condicionada a que sea una conclusión razonada del derecho vigente y no simplemente el producto individual de la voluntad del juez. Con esto, se resalta la importancia de fundamentar las decisiones judiciales en la ley y el derecho aplicable.