Tobar, Leónidas c/ E.N. M° Defensa - Contaduría General del Ejército- Ley 25.453 s/ amparo -Ley 16.986
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, dictado el 22 de agosto de 2002, se centra en la demanda de amparo presentada por Leónidas Tobar contra el Estado Nacional, específicamente el Ministerio de Defensa y la Contaduría General del Ejército, en relación con la aplicación del Decreto 896/01 y el artículo 10 de la Ley 25.453, que establecían reducciones salariales en el sector público.
Hechos
Los hechos del caso se centran en la respuesta del Estado argentino a la crisis económica que enfrentó el país a principios del siglo XXI. En un intento por controlar el déficit fiscal y asegurar la estabilidad económica, el Poder Ejecutivo Nacional implementó la "Ley de Déficit Cero" a través del decreto 896/01 y la ley 25.453. Esta legislación permitió reducir de manera proporcional las remuneraciones, haberes, asignaciones y demás prestaciones de todos los empleados públicos del Sector Público Nacional.
Tobar, un empleado afectado por estas medidas, presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional, específicamente contra el Ministerio de Defensa – Ejército Argentino – Contaduría General del Ejército, alegando que estas disposiciones eran inconstitucionales porque violaban derechos fundamentales al modificar las condiciones esenciales de su contrato de empleo público, en particular, la reducción de su salario sin justificación adecuada. Entre los derechos que considera violados se encuentran:
Derecho de propiedad: Al reducir su salario.
Derecho al trabajo: Invocando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque las medidas, afectaban negativamente su derecho a trabajar en condiciones dignas y equitativas, al alterar sustancialmente la contraprestación laboral acordada.
Principio de razonabilidad: Según el artículo 28 de la Constitución Nacional, las restricciones impuestas por el Estado no deben ser arbitrarias ni desproporcionadas. Las medidas no cumplían con este principio, ya que no estaban adecuadamente justificadas en el contexto de la emergencia económica.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de Tobar, declarando inconstitucionales las medidas. El Estado Nacional, en desacuerdo con la decisión, presentó un recurso extraordinario, argumentando que las medidas eran necesarias para salvaguardar la subsistencia del Estado y mantener la unión nacional durante la crisis, citando el precedente "Peralta" para apoyar su posición.
Opinión del Procurador General de la Nación:
El Procurador cuestionó la validez de las normativas, argumentando que carecían de límites temporales y razonabilidad, y que sometían la relación de empleo a una incertidumbre que afectaba derechos constitucionales.
Decisión de la Corte:
La Corte sostuvo que las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, al reducir las remuneraciones de los empleados públicos, violaban los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en la Constitución Nacional.
En su análisis, la Corte reconoció que, si bien el Estado puede implementar medidas de emergencia en contextos críticos, estas deben ser razonables, temporales y no alterar sustancialmente la esencia de las relaciones jurídicas afectadas. En este caso, las medidas no fijaban límites temporales ni estaban justificadas adecuadamente, ya que se centraban solo en lograr un equilibrio fiscal sin considerar los derechos de los trabajadores garantizados constitucionalmente.
La Corte también destacó la importancia de proteger los derechos laborales y de propiedad de los empleados públicos, incluso en situaciones de emergencia, subrayando que las garantías constitucionales no pueden ser suspendidas simplemente por razones de conveniencia económica.
Finalmente, el fallo reafirmó la necesidad de que las medidas tomadas bajo la "doctrina de la emergencia" sean sometidas al control judicial de constitucionalidad para asegurar que no se vulneren derechos fundamentales.
