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Resumen Fayt, C. S. v. Estado Nacional

Fayt, Carlos Santiago v. Estado Nacional (322:1616)

Hechos del Caso

Carlos Santiago Fayt, uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra dos disposiciones introducidas en la reforma constitucional de 1994.
Fayt argumentaba que estas disposiciones lo afectaban negativamente. Las disposiciones cuestionadas eran:

Artículo 99, inciso 4°, tercer párrafo: Establecía que los jueces federales necesitarían un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado para continuar en su cargo una vez que cumplieran 75 años. Dicho nombramiento sería por cinco años y podría ser repetido indefinidamente.
Cláusula Transitoria Décimo Primera: Indicaba que la caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas en el artículo 99, inciso 4°, entrarían en vigencia a los cinco años de la sanción de la reforma constitucional (24 de agosto de 1999).

Procedimiento Judicial

Primera Instancia

El juez federal de primera instancia acogió la acción de Fayt y declaró nula la cláusula constitucional.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III)

Rechazó la declaración de nulidad pero interpretó que la cláusula solo aplicaba a los jueces designados por el Consejo de la Magistratura, resolviendo así a favor de Fayt sin declarar la nulidad de la reforma.

Decisión de la CSJN

La Corte Suprema, con fecha 19 de agosto de 1999, resolvió con el voto de siete de sus nueve miembros declarar la nulidad del artículo 99, inciso 4, y de la Disposición Transitoria Décimo Primera de la reforma constitucional de 1994.

Este fallo fue histórico y sin precedentes ya que la Corte invalidó una reforma constitucional, algo que no había ocurrido antes.

Los ministros que votaron a favor fueron Nazareno, Moliné O'Connor, Belluscio, Boggiano, López, y Vázquez, con disidencia parcial de Bossert.

Fundamentos de la Decisión

Inamovilidad Judicial: La Corte afirmó que los jueces tienen el derecho a la inamovilidad en sus cargos mientras dure su buena conducta, según el artículo 110 (anteriormente artículo 96) de la Constitución Nacional. Esta inamovilidad incluye la permanencia en la función judicial y está protegida frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Revisión Judicial: La Corte asumió la potestad de revisar judicialmente las facultades del poder constituyente, contradiciendo la postura tradicional de no interferir en cuestiones políticas no justiciables.
Derecho Adquirido: La Corte consideró que una norma sobreviniente (reforma constitucional de 1994), incluso una reforma constitucional, no puede alterar esencialmente un derecho adquirido en el momento de la designación y el acceso al cargo.

Opiniones en Disidencia

El juez Bossert, aunque compartió los lineamientos generales del fallo, redujo aún más el objetivo y se limitó exclusivamente al Dr. Fayt. Argumentó que la cláusula no aplicaba a Fayt, ya que estaba pensada para quienes no habían alcanzado la edad estipulada en el momento de la sanción de la reforma.

Importancia del Fallo

Este fallo es crucial porque:

Precedente Jurídico: Estableció un precedente en cuanto al control judicial sobre reformas constitucionales.

Autonomía del Poder Judicial: Reafirmó la autonomía y el derecho de inamovilidad de los jueces, fortaleciendo la independencia judicial.

Límites del Poder Constituyente: Señaló que incluso el poder constituyente tiene límites que pueden ser revisados judicialmente.

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Texto completo

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Guía de preguntas del Fallo Fayt

El caso Fayt, resuelto por la Corte Suprema de Argentina en 1999, abordó cuestiones cruciales sobre la reforma constitucional de 1994 y la inamovilidad de los jueces. Haz clic en las preguntas para ver las respuestas o usa los botones para navegar:

¿Qué motivó el caso Fayt ante la Corte Suprema?

Schiffrin, L. H. c/ Poder Ejecutivo Nacional

Caso "Schiffrin, Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa", decidido por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2017.

(Fallo 340:257).

Ficha Resumen del Caso

El fallo Schiffrin, identificado como CSJ 159/2012 y resuelto el 28 de marzo de 2017 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, es un caso significativo que aborda la constitucionalidad del tercer párrafo del Artículo 99, inciso 4°, introducido por la reforma constitucional de 1994. Este artículo establece un límite de edad de 75 años para los jueces federales, requiriendo su re designación cada cinco años después de esa edad. A continuación, se presenta un análisis detallado del caso, sus implicaciones y los aspectos legales involucrados, siguiendo un enfoque profesional y exhaustivo.

Hechos

El caso se originó cuando el juez Leopoldo Héctor Schiffrin, un magistrado federal, impugnó la constitucionalidad de dicho límite de edad. Argumentó que la Convención Reformadora de 1994 excedió sus facultades al introducir esta disposición, ya que la ley habilitante, la Ley 24.309, no autorizaba modificar la duración del cargo judicial, protegida por la inamovilidad garantizada en el Artículo 96 (actual Artículo 110) de la Constitución Nacional. Schiffrin buscaba una declaración de nulidad, apoyándose en el precedente del caso "Fayt" (Fallos: 322:1616, 1999), que había declarado inconstitucional una cláusula similar por razones análogas.

La acción fue inicialmente considerada por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que en una decisión previa había declarado nulo e inaplicable el párrafo cuestionado, siguiendo el razonamiento de "Fayt". Esta decisión se basó en que la Convención Reformadora excedió los límites establecidos por la Ley 24.309, que declaraba la necesidad de reforma constitucional pero no permitía alterar la inamovilidad de los jueces.

El Estado Nacional apeló mediante un recurso extraordinario federal, argumentando que la Cámara Federal violó el principio de separación de poderes y la supremacía constitucional al anular una norma establecida por la Convención Constituyente. Sostuvieron que la Ley 24.309 explícitamente autorizaba modificaciones al Artículo 86 (ahora Artículo 99) relacionado con la designación de jueces, y que el límite de edad no alteraba la inamovilidad, sino que regulaba la duración del cargo, lo cual era competencia de la Convención.

Actores

Demandante: L. H. Schiffrin
Demandado: Poder Ejecutivo Nacional

Normativa Invocada

Constitución Nacional Argentina: Artículo 99, inciso 4°, y artículo 110.
Ley 24.309: Declarativa de la necesidad de la reforma constitucional.

Fundamentos del Demandante

Schiffrin argumentó que la norma introducida por la reforma de 1994 violaba el principio de inamovilidad de los jueces federales, establecido en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que garantiza la permanencia en el cargo mientras dure su buena conducta.

Fundamentos del Demandado

El Estado Nacional sostuvo que:

La Cámara violó el principio de división de poderes y de supremacía al declarar la nulidad de una norma dictada por la Convención Reformadora.
La ley 24.309 habilitó específicamente la modificación del artículo 86, inciso 5° de la Constitución Nacional.
La reforma de 1994 no modificó la garantía de inamovilidad, sino que solo alteró la duración del mandato judicial.
La limitación por edad no equivale a una remoción, sino que es un límite objetivo e impersonal aplicable a todos los jueces por igual.

Resolución de la Corte

La Corte Suprema, en una decisión dividida, resolvió el 28 de marzo de 2017. La mayoría, compuesta por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, revocó la decisión de la Cámara Federal y rechazó la demanda de Schiffrin, confirmando la constitucionalidad del límite de edad. En cambio, el juez Carlos Rosenkrantz emitió una opinión disidente, alineándose con el precedente "Fayt".

Análisis de la Mayoría

La mayoría argumentó que la Ley 24.309 habilitó a la Convención Reformadora a actualizar los poderes del Congreso y el Ejecutivo, específicamente mencionando el Artículo 86 (ahora Artículo 99), que regula la designación de jueces federales. Consideraron que el establecimiento del límite de edad de 75 años y la necesidad de re designación cada cinco años eran parte de este proceso de designación, y por lo tanto, dentro de las facultades conferidas. Rechazaron la idea de que esto violara la inamovilidad judicial, aclarando que la inamovilidad, garantizada por el Artículo 110, protege a los jueces contra la remoción arbitraria mientras mantengan buena conducta, pero no implica un derecho a la permanencia indefinida sin condiciones.

Además, la mayoría revocó el precedente "Fayt", argumentando que este aplicó una interpretación demasiado restrictiva de las facultades de la Convención. Adoptaron un enfoque deferente, reconociendo la alta legitimidad democrática de la Convención como expresión de la soberanía popular, y sostuvieron que el límite de edad era una medida objetiva y no discriminatoria para asegurar la eficiencia judicial.

Opinión Disidente

El juez Rosenkrantz, en disidencia, sostuvo que la Convención Reformadora sí excedió sus facultades. Argumentó que la Ley 24.309 solo autorizaba cambios al Artículo 86, inciso 5°, relacionado con el proceso de designación, pero no al Artículo 96 (ahora 110), que regula la duración del cargo, establecida como vitalicia bajo la Constitución previa. Consideró que el límite de edad afecta directamente la duración del mandato, lo cual no estaba dentro del alcance de la reforma autorizada, y abogó por mantener el precedente "Fayt", que protegía la inamovilidad como un pilar de la independencia judicial.

Implicaciones y Consecuencias

Este fallo tiene implicaciones significativas para el poder judicial argentino. Establece un nuevo estándar para interpretar las facultades de las convenciones constituyentes, inclinándose hacia una mayor deferencia judicial frente a sus decisiones. Esto podría facilitar futuras reformas constitucionales al ampliar el margen de acción de las convenciones, pero también plantea riesgos para la estabilidad y la independencia del poder judicial, especialmente si se interpretan ampliamente los límites de la ley habilitante.

Además, el fallo marca un cambio en la jurisprudencia al revocar "Fayt", lo que podría influir en cómo se revisan otras reformas constitucionales en el futuro. Para los jueces afectados, como Schiffrin, implica la aceptación del límite de edad, con la posibilidad de re designación, aunque esto podría ser visto como una amenaza a la seguridad en el cargo.

Conclusión

El fallo Schiffrin representa un punto de inflexión en la jurisprudencia constitucional argentina, equilibrando la soberanía popular expresada en la Convención Reformadora con los principios de independencia judicial. Sin embargo, la división en la Corte refleja un debate profundo sobre los límites del poder reformador y el rol del Poder Judicial como guardián de la Constitución.